Según México, el diálogo va en buena dirección. Hay casi cien directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) investigados por varias tramas de corrupción. Intento de Maduro de trasladar las discusiones a Miraflores sin presencia de testigos internacionales ha sido rechazado por Julio Borges.
Por Jaime Granda
El número de venezolanos que creen en los voceros del Gobierno se reduce a cada momento, en cada cola para comprar alimentos, combustibles, medicinas, o para pagar algún servicio público.
Casi todos entienden que las medidas contra la corrupción no son iniciativa de la cúpula gobernante. Pocos entienden que es iniciativa de Rusia, la principal potencia extranjera que ha invertido en la industria petrolera venezolana y tiene grandes esperanzas en el bolsón de crudo y gas ubicado por la empresa norteamericana Exxon Mobil en el territorio en reclamo con Guyana.
Al Gobierno no le quedó otra que comenzar a detener y acusar a parte de los que aprovecharon los recursos nacionales para inflar sus cuentas personales en paraísos fiscales, pero no tuvo tiempo para cubrir todas las fisuras y éstas amenazan con romper el mínimo equilibrio de los que monopolizan la administración pública desde hace casi dos décadas.
Oficialmente hay casi cien directivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) investigados por varias tramas de corrupción, entre ellos los detenidos Eulogio del Pino y Nelson Martínez, dirigentes chavistas que se alternaron en el ministerio de Petróleo y la presidencia de la casa matriz. También apresaron a directivos de Citgo, la filial de PDVSA que maneja estaciones de servicio en Estados Unidos.
El martes pasado, la Fiscalía General de la República anunció que en la trama con la banca de Andorra hay más de 40 involucrados, incluyendo exfuncionarios de PDVSA y empresas filiales, así como del ministerio de Energía y Petróleo. Entre los detenidos figuran Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo.
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La banda utilizó 40 empresas fantasmas para manejar y blanquear fondos provenientes de la corrupción, ocultando la identidad de los beneficiarios. El dinero provenía de comisiones pagadas por empresas internacionales donde Diego Salazar Carreño aparecía como intermediario estrella.
Durante la investigación se descubrió que entre los años 2011 y 2012 Salazar Carreño blanqueó dinero por un monto de 1.348 millones de euros.
Ahí es donde aparecen las complicaciones del Gobierno. Salazar Carreño está vinculado con Nervis Villalobos, exfuncionario de PDVSA y exviceministro de Energía Eléctrica, apresado en España, a quien señalan como segundo cabecilla de la banda. Lo asocian con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros, y destaca en la investigación un millonario cobro de comisión por la compra del Grupo Lácteos Los Andes que hizo PDVSA en marzo de 2008.
Diego Salazar Carreño es primo de Rafael Ramírez Carreño, quien hasta esta semana fue Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presidió PDVSA de 2004 hasta 2014.
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El médico Fidel Ramírez Carreño, hermano de Rafael Ramírez, también es investigado en Estados Unidos por figurar entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a suelo norteamericano con soporte en facturas falsas vinculadas a PDVSA y «empresas fantasmas».
Cuando ya tenía siete años al frente de PDVSA, Rafael Ramírez nombró a su hermano Fidel Ramírez como director general de Servicios de Salud y Asistencia de la empresa en 2012, en la que ya estaban su primo Diego Salazar y su cuñado Baldo Sansó.
Por todo eso, la renuncia esta semana de Rafael Ramírez como Embajador ante la ONU era inevitable y su reclamo al presidente Maduro fue parte de un show para minimizar su responsabilidad en la destrucción y saqueo de la industria petrolera nacional. En su lugar colocaron a Samuel Moncada.
En PDVSA colocaron como presidente al general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, y para compensar su desconocimiento colocaron como presidente honorífico a Alí Rodríguez Araque, presidente de PDVSA durante la crisis de 2002, a quien Eddie Ramírez, uno de los voceros del movimiento Gente del Petróleo, envió carta pública en la que lo acusa de ser «el responsable del deterioro de la industria petrolera, al despedir ilegalmente a casi 23.000 trabajadores, de los cuales 762 eran ejecutivos, 12.371 profesionales y técnicos y 5.659 obreros especializados, además de 2.500 profesionales de la empresa mixta Intesa y un número no determinado que nunca fue oficialmente despedido, pero a los cuales no se les permitió ingresar a la empresa. Entre los despedidos se encontraban trabajadores en reposo médico, permiso pre o post natal y de vacaciones. En mi caso, usted tuvo el descaro de despedirme con fecha de abril de 2003, a pesar de que yo había entregado mi cargo el 30 de octubre de 2002 por tener aprobada la jubilación, la cual me fue retirada».
Las complicaciones del Gobierno incluyen que, como ha denunciado el diputado Julio Montoya, «la historia de PDVSA en los últimos 15 años es corrupción, negligencia e impericia. El presidente ni su Gobierno son sinceros».
Montoya considera «imposible» que los exdirectivos de Citgo ahora detenidos, hayan firmado a espaldas del presidente Nicolás Maduro acuerdos que pusieron en riesgo dicha empresa.
El diputado opositor recordó que cuando Maduro era presidente del Parlamento en 2005 «prohibió la comparecencia de directivos de PDVSA» y cuando fue canciller en 2011 también fue directivo de la empresa petrolera.
El diputado Montoya también recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió el año pasado investigar a Ramírez y acusó a la Justicia y al régimen de estar omitiendo otros nombres de exfuncionarios señalados por delitos que implican cientos de millones de dólares en desfalco a la principal industria del país.
A todo eso hay que agregar lo que aparece en el expediente de los sobrinos de la pareja presidencial detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y homicidio. En ese expediente está demostrado el uso de cuentas de PDVSA para lavar el dinero de los alijos de drogas, con la complicidad de familiares muy cercanos de la primera dama del país.
El diálogo
Viendo las maniobras fallidas del Gobierno para desmotivar el diálogo o recluirlo en el Palacio de Miraflores después de imponer que fuera en República Dominicana, parece que, como dijo el canciller de México, Luis Videgaray, se avanza en la «dirección correcta».
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, rechazó la invitación del presidente Nicolás Maduro a reunirse para conversar sobre los temas a discutir en la próxima ronda de dialogo del 15 de diciembre, y expresó en su cuenta de Twitter que solo atenderán la agenda acordada con los cancilleres de la región. Aseveró: «Somos nosotros quienes los sentamos a ustedes» y agregó que «nuestro interés no es atender invitaciones, sino lograr un acuerdo donde se trace una ruta de futuro para Venezuela, que incluya comida, medicinas y voto libre».
Borges también destacó como un logro que el Gobierno diera explicaciones a cinco países.
En cuanto a la exigencia gubernamental de levantar las sanciones internacionales para seguir el diálogo, Jorge Roig, miembro de la comisión de asesores de la oposición en la mesa de diálogo, enfatizó que las sanciones serán levantadas cuando el Gobierno cumpla con las leyes y advirtió sobre la posibilidad de que esas sanciones sean endurecidas si no hay cumplimiento de los acuerdos. Esa posibilidad crece con la solicitud de España al gobierno estadounidense de una «coordinación» entre la Unión Europea (UE) y EEUU sobre la crisis venezolana.