Acción Democrática es un sentimiento nacional que no se elimina por decreto ni por capricho de un gobierno dictatorial.
El Gobierno está desesperado, asustado y por ello su constante abuso y torpeza. Él sabe que el pueblo está bravo, pasando hambre. Sabe que hay desesperación, tristeza y rabia en cada venezolano. A estas alturas muchos no han podido hacer las tradicionales hallacas, comprar los estrenos para los hijos y comprar el niño Jesús. Eso no tiene nombre, por ello las desatinadas decisiones de los últimos días de eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Alto Apure e ilegalizar a los partidos políticos que no participaron en las elecciones de alcaldes realizadas el pasado 10 de diciembre. Estos decretos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente violan la Constitución y las leyes.
Para poder eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Alto Apure el pueblo debe aprobarlo. Esta decisión ilegal e inconstitucional tomada por la ANC carece de legalidad. Es el pueblo quien debe decidir (una vez terminado el proyecto de nueva Constitución y sometido a referéndum) si acepta o no la nueva norma constitucional. No puede la ANC por decreto eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas y Alto Apure.
La Asamblea Nacional Constituyente no tiene una patente de corso para hacer y deshacer. La Constitución de 1999 está vigente aún y para eliminar dichas alcaldías debe el pueblo, el soberano, decidir si aprueba esa nueva Constitución con los cambios que hayan hecho los constituyentes que, por cierto, no han hecho el primer artículo.
La ANC está actuando de manera ilegal, ya que no puede realizar actos que menoscaben la voluntad de un pueblo que en 1999 votó por esta Constitución. Y en el caso de la eliminación de los partidos políticos que no participaron en las pasadas elecciones, debo señalar que es ilegal.
Tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. No se participó por cuanto hay duda razonable sobre el CNE y pedimos condiciones y cambio de autoridades. La única sanción que tienen las organizaciones políticas establecidas en la Ley es que si no participas en dos procesos consecutivos debes inscribir tu organización política nuevamente ante el ente electoral.
Pero de allí a ilegalizar los partidos políticos es una brutalidad. No nos pueden obligar a participar. Por ello, ante la escalada de ilegalidad repito palabras del insigne poeta Andrés Eloy Blanco, en 1948, cuando la Junta Militar de Gobierno disolvió por decreto a AD: «No somos un partido creado por decreto. Somos la conciencia de un pueblo; y esa conciencia no será disuelta por decreto. La mística no sabe de decretos». Esta prosa mantiene su vigencia. Como venezolana, dirigente del partido Acción Democrática y como concejal del Municipio Libertador le hago un llamado al Fiscal General como garante de la legalidad para que actúe de inmediato, y llamo al pueblo a defender la Constitución de 1999, la cual está vigente”.