El gobierno sabe que la única salida a su trampa es desmontar esa ANC que nadie en el mundo reconoce y asumir que la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo de legislación y control en Venezuela.
¡Oh sorpresa, sí hay presos políticos en Venezuela! Lo acaba de desvelar al mundo el gobierno nacional, la fraudulenta ANC y los tribunales, todos integrantes de un régimen que tiene 19 años negando su existencia. Este es el primer triunfo que obtiene la oposición en la negociación iniciada con el gobierno en República Dominicana: el reconocimiento de que tienen las cárceles llenas de gente secuestrada por pensar diferente y ejercer su derecho a decirlo, todo lo cual está en abierta violación a lo consagrado en la Constitución de la República y en todos los tratados de Derechos Humanos suscritos por Venezuela convertidos, por ello, en normas jurídicas supraconstitucionales.
El segundo triunfo de los demócratas en la mesa de negociación es una paradoja, pues obligar a los presos a concurrir a la inconstitucional ANC, como tributo para su liberación, demuestra que nada va a legitimar a ese esperpento creado inconstitucionalmente. Grave error del gobierno, porque se demuestra, una vez más, lo que hemos venido sosteniendo: la elemental concepción jurídica que establece que no hay acto particular o general que pueda legalizar lo que nace como un acto írrito e inconstitucional. En consecuencia, la juramentación a juro de gobernadores, alcaldes y la concurrencia obligada de los presos políticos recién liberados ante la ANC no constituye reconocimiento alguno de parte de la oposición venezolana, a ese bodrio que nació violentando las normas de la Constitución de la República.
El desacato, de parte de candidatos a gobernaciones y alcaldías, a la línea de no participación decidida por los respectivos partidos políticos donde militan, es una cosa diferente que tiene consecuencias disciplinarias internas; a eso no me refiero, lo que quiero destacar es el hecho de que ninguno de esos actos, de asistencia a ese bodrio de la ANC contra la voluntad de sus concurrentes, significa legitimación ni reconocimiento de nada, solo trámite ilegal, similar a las exigencias conminatorias y bajo presión de los secuestradores y atracadores con sus víctimas. Estas siempre se deben someter, para preservar la vida, a las exigencias ilegales de sus atacantes y ello, para nada, constituye legalización o justificación del acto contra legem.
Es doctrina y jurisprudencia unánime, pacífica y reiterada en todos los países civilizados del mundo, que un acto contra legem es una manera de aplicar la ley como si se estableciera otra cosa que lo que ella realmente dispone o aplicar caprichosamente un derecho imaginario o inexistente, caso en que la sentencia o la decisión contraria a derecho resultaría teñida por la arbitrariedad y jamás será reconocida. Exactamente a lo acontecido con todas y cada una de las decisiones de una ANC convocada inconstitucionalmente, por lo que adolece de un vicio de origen que es incorregible por actos de terceros. Es lo ocurrido en estos tres casos mencionados y por ello sostenemos que se trata de otro triunfo, paradójico, de los opositores a este régimen de actitudes y acciones protofascistas.
En definitiva, el gobierno sabe que la única salida a su propia trampa es desmontar esa ANC que nadie en el mundo reconoce, asumir que la Asamblea Nacional, elegida por más de once millones de venezolanos de todas las tendencias políticas, es el único órgano legítimo de legislación y control en Venezuela. Esta es la manera que el gobierno tiene para refinanciar la colosal deuda pública contraída, conseguir recursos para paliar la inmensa crisis de desabastecimiento que agobia al pueblo y terminar su mandato sin el sobresalto de ser considerado, erga omnes, como gobierno forajido, con las consecuencias futuras de responsabilidades personales y colectivas que toda esa ilegalidad permanente implica. Ah y nunca olviden a Pinochet, Fujimori o Jaruzelski, muy malos ejemplos a seguir.
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@EcarriB