El asesinato del piloto rebelde, Óscar Pérez, junto a otras seis personas que lo acompañaban en su escondite del chalé en El Junquito, huele a obra de un caballo de Troya dentro del régimen. Tan torpe fue la operación que fue a propósito. Asesinar a combatientes que, ante los ojos del mundo, se habían rendido va en contra de todo código y honor militar. El espantoso crimen le ha ganado a Nicolás Maduro el apodo mundial de «el Carnicero», medalla impuesta en esta ocasión por el Der Spiegel, el semanario de información y análisis de mayor circulación en Europa. Maduro comparte ese cariñoso sobrenombre con Ratko Mladic, el exgeneral serbio que fue sentenciado el 22 de noviembre del 2017 a cadena perpetua por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por 10 cargos, entre ellos uno por genocidio, cinco por crímenes de lesa humanidad y cuatro por violar las leyes de guerra. En un futuro, Nicolás y Ratko pueden compartir mucho más, porque son precisamente casos como el de la masacre de los policías alzados los que terminan en el mencionado tribunal. Alguien de su círculo montó a Nico en la olla de La Haya.
No hay que ser jurista para entender que una prueba que es candidata a terminar en la CPI es el acta de defunción de los masacrados en El Junquito. Por ejemplo, la causa oficial de muerte de Óscar Pérez es «traumatismo craneoencefálico severo herida por arma de fuego disparada a la cabeza», en documentro entregado por los funcionarios de la morgue de Bello Monte a los familiares de las víctimas. A todas luces, hay una sublevación silenciosa en el Servicio de Medicina y Ciencias Forenses para que en plena dictadura se acepte que los policías fueron ajusticiados en el más puro código narco. Pero, aunque esta división esté adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), al cual pertenecía Pérez, alguien del alto régimen ordenó entregar el acta de defunción. El mismo que ordenó asesinar a los rebeldes en contra de las órdenes del propio Maduro, quien queda claro que vocifera pero no manda.
Al momento de terminar este informe, el régimen parece haber cedido en sus intenciones de cremar los cuerpos de los rebeldes. Fue demasiada la presión mediática, desde el Alto Mando Militar y desde los propios colegas policías. Sin embargo, tomaron la decisión intermedia de enterrar los cuerpos ellos mismos en el Cementerio del Este, sin que los familiares tuvieran el derecho de velar a sus caídos y decidir qué hacer con sus cuerpos. El llanto de la madre de Pérez, rogando a la dictadura que le entregue a su hijo, es desgarrador. El caballo de Troya dentro del régimen puede haber logrado su cometido: que el piloto se convierta en una suerte de Cid Campeador.
El pleito político
La masacre de El Junquito es un horror que supera a la política y ha logrado el milagro de unificar a todos los sectores opositores. En medio del lamento de todo un pueblo, y hasta del mundo, Jorge Rodríguez intentó desviar la intención mostrando desde Santo Domingo la primera hoja de un documento que contendría el acuerdo que están por alcanzar con la oposición. Lo mostró como quien no quiere la cosa, levantándolo fugazmente ante las cámaras, pero por el tiempo suficiente para que la cámara de AFP captara el momento. En el psiquiatra Rodríguez todo está fríamente calculado. Fue su manera de decirle al mundo «perdón por el horror de la masacre, nosotros sí queremos una solución pacífica». Los que no quieren una solución pacífica parecen ser los acusados de narcotraficantes, entre ellos el todero Diosdado Cabello y Néstor Reverol, el ministro de Interior y Justicia. De hecho, Jorge desmintió frontalmente a Reverol al decir que la MUD no había revelado el paradero de Óscar Pérez.
Lo que filtró Rodríguez ante las cámaras fue solo la primera página, pero precisamente esa ubicación estratégica demuestra que son esos dos puntos el mínimo a exigir para ambas partes. El régimen exige que les retiren las sanciones individuales, como el malandro que está dentro de un banco con rehenes y quiere que lo dejen huir con el botín a cambio de liberar a sus cautivos. Para eso, una comisión mixta pedirá a Estados Unidos y la Unión Europea que levante las medidas contra los jerarcas del madurismo. Washington, sin embargo, ya ha dejado claro que eso sólo ocurrirá si hay unas elecciones libres de por medio. Los demócratas, como eso es lo que son, exigen una salida a la crisis por medio de la vía electoral, para lo cual aparentemente se ha llegado al acuerdo de llenar las vacantes de los dos rectores con el período vencido. En la cuartilla del documento mostrada por el psiquiatra no se especifica si ese nombramiento de nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral lo hará la legítima Asamblea Nacional o la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, aunque ya la dirigencia opositora ha dejado claro que en estas negociaciones no se doblegarán ante el tarantín de Delcy Rodríguez.
La sombra de La Haya acelera estas negociaciones.