La Unión Europea se endurece y aplicará más medidas contra el régimen de Nicolás Maduro si no da garantías para unas elecciones creíbles.
Los medios de comunicación informan que en los últimos días la dictadura conversó con representantes de la oposición sobre la posibilidad de reconsiderar algunas de las propuestas de la MUD que rechazó en las negociaciones de República Dominicana. Tales negociaciones fracasaron el 7 de febrero y el CNE convocó las elecciones presidenciales para el 22 de abril, cumpliendo el decreto de la ilegítima ANC que ordenó celebrar esos comicios antes de 30 de abril. La convocatoria electoral se anticipa en ocho meses a la toma de posesión presidencial del próximo período constitucional, una decisión sin precedentes que se toma por juzgarse apropiada a la conveniencia del régimen.
La MUD, en comunicado del 21 de febrero, rechazó no sólo la fecha del 22 de abril, sino que reiteró las exigencias de las condiciones electorales planteadas en Dominicana: un CNE equilibrado, revocatoria de las inhabilitaciones de partidos y líderes, auditorías técnicas que garanticen la transparencia, observación internacional independiente en todas las fases del proceso, no obstaculización del voto de los venezolanos en el exterior y acceso igualitario a los medios de comunicación públicos y privados. Y, lo que es muy importante, anunció que de no darse esas condiciones “no cuenten con la Unidad Democrática ni con el pueblo para avalar lo que hasta ahora es sólo un simulacro fraudulento e ilegítimo de la elección presidencial”.
No creo que quienes asaltaron el poder vayan ahora, en tardío acto de contrición, a aceptar la realización de una elección presidencial no fraudulenta y confiable, porque saben que eso sería firmar el acta de su defunción política. Al contrario, dan un paso adelante al plantear la posibilidad de que, junto a la elección presidencial, se haga la elección de una nueva AN, sustituyendo a la actual que tiene una mayoría de la oposición, lo que el CNE descartó por no estar “preparado” para unas elecciones complejas. O sea que la espada de Damocles sigue pendiendo sobre la cabeza de la actual AN, cuyo mandato se inició en enero del 2016 y termina en enero del 2021, porque dura cinco años en el ejercicio de sus funciones. Lo que se propone es la disolución, ni más ni menos, de la AN.
El editorial “El fujimorazo”, de Analítica, reputa las elecciones anticipadas como “un golpe de Estado propiciado, autorizado y anunciado por Maduro” y que la reacción de la comunidad internacional “será muy vigorosa y que el rechazo a Maduro se extenderá a lo largo y ancho del planeta”. Ya está ocurriendo. El Grupo de Lima pidió un nuevo cronograma electoral y se niega la participación de Maduro en la Cumbre Iberoamericana de Perú el 13 y el 14 de abril. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 23 de febrero una Resolución en la que solicita que se “haga posible la realización de elecciones con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”. Y el lunes 26, la Unión Europea anunció que adoptará más medidas “en el caso de que no haya garantías para unas elecciones creíbles y se violen los principios de inclusión, justicia y transparencia”. Antes, el 19 de febrero, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que “nos preocupa mucho que no haya acuerdo político (en Venezuela) y que la situación no tenga un horizonte de solución a corto plazo”.
La dictadura no se da cuenta ¿o sí? del hoyo en que se metió.