La democracia venezolana siempre estará en deuda con el presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski, quien debió renunciar el miércoles pasado por denuncias de supuesta compra de votos.
Esta semana terminamos con una nueva sorpresa, la inevitable renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, lo cual da mucha tela para cortar en un Perú acosado por la corrupción de sus gobernantes, no así la de sus instituciones. Si no fuera así, Perú no tendría el desarrollo político y económico que viene demostrando a pesar del despropósito de sus gobernantes.
Durante los últimos 40 años, todos sus expresidentes (que hoy viven) tienen algún tipo de problema con la justicia: en la década de los 80 está el ya olvidado general Francisco Morales Bermúdez preso en Italia por crímenes de lesa humanidad, lo cual es prueba de la imprescriptibilidad de estos crímenes.
Más reciente, la saga de expresidentes presos o imputados la encabeza Fujimori 1990-2000, condenado a 25 años, tras determinarse autor mediato de homicidio calificado, seguido de Alejandro Toledo (2001-2006) sobre quien pesa una orden de detención y pedido de extradición. Se le acusa, entre otras cosas, de recibir un soborno millonario de la constructora Oderbrecht. El dos veces expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) es investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito y más reciente, Ollanta Humala (2011-2016), quien se encuentra en prisión preventiva acusado de lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir.
Este recuento demuestra que, a pesar de la falta de probidad de los mandatarios peruanos en su función pública, sus instituciones funcionan. Ojala en Venezuela se pudiera decir lo mismo. Solo Hugo Chávez, el gran autor mediato de la actual crisis, se encuentra ante la justicia divina. Sin embargo sus hijos, herederos e instituciones creadas para encubrirles han sido cómplices e indiferentes ante el saqueo de las arcas públicas que han hecho los gestores de la revolución: PDVSA fue llevada a la quiebra por voz del Fiscal General; la Petroquímica desapareció; la Siderúrgica y las industrias básicas se la robaron; las iguanas (ante la carestía) hicieron su mercado con el sistema eléctrico y no hay un responsable ni un preso, porque los hoy acusados por el Fiscal General de la República hacen recordar al célebre chino de RECADI.
Volviendo a la renuncia de Kuczynski, los propagandistas de la revolución muestran su doble rasero: la destitución de Zelaya por el Parlamento de Honduras por incurrir en «reiteradas violaciones» de la Constitución; el «impeachment» a Dilma Rousseff en Brasil por violación a la ley presupuestaria y de probidad administrativa y la de Lugo en Paraguay, luego de ser acusado por el Senado por mal desempeño de funciones al responsabilizarlo por la muerte de seis policías y once campesinos durante un enfrentamiento -aquí hubo 140 jóvenes muertos y bien gracias. Son nimiedades ante el gran saqueo del erario público en nuestro país.
Para el gobierno, las anteriores destituciones inducidas por los poderes legislativos fueron unos golpes. En cambio, en el caso de Kuczynski no fue un golpe sino un acto apegado a derecho. iQué cara duras!