- El Esequibo llegó a la Corte Internacional de Justicia. Guyana necesita una salida rápida que le permita acceder a las riquezas de la zona en reclamación y se ha venido preparando. Por este lado, lo que se quiere es mantener el status quo. ¿Será posible?
Como era de esperar, la República Cooperativa de Guyana presentó el caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver de manera definitiva la controversia sobre ese territorio. Lo que uno se pregunta es ¿qué hará Venezuela?
El Esequibo es nuestro
Mientras nosotros nos consumíamos en nuestras guerras caudillescas, los ingleses se fueron moviendo desde el otro lado del río Esequibo hacia las bocas del Orinoco en búsqueda de oro. Por solicitud nuestra, con base a la Doctrina Monroy, EE.UU. logró sentarlos a la mesa de negociaciones en 1899. Los venezolanos no participamos, sólo dos árbitros ingleses, dos norteamericanos en nuestra representación- y un ruso, que fue “comprado” por los británicos, quienes no actuaron como árbitros sino como defensores de la corona, como dijo el abogado norteamericano Severo Mallet Prevost, en un memorándum póstumo. En el cual además afirma que la decisión “fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho…”. Por este y otros asuntos Venezuela ha considerado el Laudo Arbitral de París, de 1899 como “nulo e írrito”.
Otros acuerdos
En el Acuerdo de Ginebra (AG) de 1966, Venezuela, Guyana Británica y Gran Bretaña se comprometieron a buscar “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. Vencido el plazo convenido se firma el Protocolo de Puerto España en 1970 que por 12 años congeló la negociación. En 1983 Guyana presenta tres alternativas: llevar el tema a la Asamblea General de la ONU, a su Consejo de Seguridad o a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela insiste en su posición de la negociación directa. Entonces se acuerda el método de los “Buenos Oficios” en manos del Secretario General (SG) de la ONU (AG: artículo IV). En 1990 el SG nombra el primer Buen Oficiante, pero tras un cuarto de siglo ninguno logró algún avance.
Chavismo y Esequibo
Chávez comenzó cediendo el control que se ejercía sobre el territorio esequibo. En su visita al “pana” socialista, Bharrat Jagdeo, en 2004, afirmó que “… Venezuela no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana…”. Con base en las afinidades socialistas los guyaneses solicitaron que Venezuela abandonara su reclamación sobre el Esequibo.
Chávez no lo hizo pero la descalificó cuando en la XX Cumbre de Grupo de Río en Santo Domingo, (2008) afirmó que durante el gobierno de Raúl Leoni “… casi hay una guerra entre Guyana y Venezuela por una vieja reclamación que casi nadie recordaba…”, y que esto no era más un orquestado plan imperialista para “invadir Guyana en nombre de aquel reclamo territorial, para derrocar el gobierno de Forbes Burnhamm, un hombre de izquierda”. Chávez asumía la posición cubana y guyanesa.
Guyana se envalentona
Al descubrir el potencial económico del Esequibo, los vecinos, en 2011 se lanzan a solicitar ante la ONU la expansión de su Mar Territorial y su Plataforma Continental. Esto, más dos incidentes marítimos donde la Armada venezolana intercepta y extrae de esta zona barcos que hacían trabajos para Guyana, revive la controversia.
En 2013 ambos gobiernos se comprometen a delimitar sus aguas marinas y submarinas.
En 2014 Guyana anuncia que estudia llevar el tema a la CIJ. Y un año después la petrolera norteamericana Exxon, al explorar en el Bloque Stabroek, concesión reclamada por Venezuela, consigue un bolsón petrolero -pozo Liza- con más de 1.500 millones de barriles. La posibilidad de ser un país petrolero y el cambio de gobierno de Guyana endurecen la posición de los vecinos. Ahora ir a la CIJ deja de ser una posibilidad, sino que se les convierte en una necesidad. Esto unido con la decisión del SG de la ONU de dar solo un año de prórroga al Buen Oficiante, nos trae hasta éste año cuando Guyana, el 29 de marzo, introduce el caso en La Haya.
Nos esperan en la Haya
Ante la CIJ Guyana solicita que “se confirme la validez legal y el efecto vinculante del laudo arbitral de 1899 con respecto a la frontera entre Guyana y Venezuela”. Difunden un comunicado donde argumentan que Venezuela “por más de 60 años, reconoció y respetó consistentemente la validez y la fuerza vinculante de lo dictaminado en 1899 y el Mapa de 1905 acordado por ambas partes… [y]… solo cambió su posición formalmente en 1962 cuando el Reino Unido preparaba la independencia de la Guayana Británica y amenazó con no reconocer el nuevo Estado, o sus límites…”. Y aseguran que “Venezuela nunca ha presentado ninguna prueba para justificar su tardío repudio del Laudo de 1899”. Además afirma que la decisión del SG de la ONU al elegir a la CIJ se basa en la Asamblea General.
El argumento venezolano
Venezuela esgrime que hay que volver al espíritu del Acuerdo de Ginebra y contrario a Guyana ahora cuestiona que el Secretario General tenga la facultad de escoger la vía judicial. En esto han coincidido el régimen y la oposición representada en la Asamblea Nacional (AN), aunque sin coordinación aparente.
Según el experto en Relaciones Internacionales Mariano de Alba habría que establecer si “Guyana y Venezuela le otorgaron una amplia facultad al Secretario General de la ONU para seleccionar unilateralmente el medio para resolver la disputa”. Además de que este sería el último de los medios previstos en el artículo 33 de la Carta de la ONU que menciona el Acuerdo de Ginebra y el que menos respetaría su espíritu, o sea de buscar “soluciones prácticas satisfactorias para ambas partes”.
Las opciones
Como el caso ya está en la Corte Internacional de Justicia, Venezuela tiene como opciones: ”decide si responder la demanda y discute el fondo,… la nulidad/validez del laudo; rechaza la jurisdicción de la Corte,…; y demanda a Guyana separadamente por violación del Acuerdo y solicitar medidas cautelares que prohíban a Guyana, mientras se lleva el proceso, ejercer actos sobre el territorio y sus espacios marítimos o, simplemente, no comparecer”, nos dice el Embajador Víctor Rodríguez.
Para esto, nos dice Rodríguez, se deberá “…nombrar a un agente serio, escoger un equipo profesional de primer orden y consultar a la Asamblea Nacional, a los partidos, a la Academia, en fin a la sociedad venezolana, siempre considerando que el tema es absoluta y únicamente jurídico, lo que excluye, al menos en esta primera fase, consideraciones históricas, económicas, políticas y de cualquier otra índole.” Ya Guyana cuenta con Paul Reichler, miembro del bufete Foley Hoag LLP (Washington) y el abogado especialista en Solución de Controversias, Payam Akhavan (Canadá), quien ya venía trabajando por la parte guyanesa con el Buen Oficiante, Dag Halvor Nylander, durante 2017. El bufete Foley Hoag LLP ha representado a Venezuela en otros casos internacionales.
La Corte
La CIJ deberá primero decidir si tiene competencia en el asunto. Venezuela y Guyana no han aceptado explícitamente una jurisdicción obligatoria, aunque de facto Guyana lo ha hecho al acudir ante ella. Ellos pudieran argumentar que Venezuela indirectamente también, pues el art 33 citado en el Acuerdo de Ginebra contempla el “arreglo judicial”. De Alba agrega que Venezuela “nunca ha otorgado consentimiento para que la disputa sea resuelta por la CIJ”. Es más, extrañamente, el Secretario General sugirió además un proceso “complementario” a través de los buenos oficios de la ONU.
Para este juicio, que pudiera durar un lustro, sin duda los guyaneses están más preparados que nosotros. Ellos ya han apartado US$18 millones de los cuales hay un aporte de la Exxon por unos $15 millones. El equipo que armó Maduro, en 2015, “comisión presidencial para asuntos limítrofes”, está compuesto fundamentalmente por políticos y no de expertos profesionales de alto desempeño.