Guyana, al demandar la validez del Laudo Arbitral, puso al gobierno contra las cuerdas. Ahora Maduro tendrá que defender la integridad territorial no con cantos de sirena ni canticos de patria querida.
El gobierno se encuentra entre las cuerdas, atrapado sin salida. En lo interno va a un proceso electoral viciado de toda nulidad por lo fraudulento, orquestado por una ANC que cada día lo hunde en la ilegalidad. En lo internacional, la situación es igualmente comprometedora: el cerco se hace cada día más estrecho. Las sanciones de la Unión Europea, Canadá, EE.UU, Suiza, el Grupo de Lima, el veto en la Cumbre de las Américas y ahora Panamá son una clara realidad del repudio internacional de que es objeto el Sr. Maduro y su gobierno. En este caso la responsabilidad no se debe a la ANC, sino a los nueve ministros de Relaciones Exteriores, quienes (unos por desconocimiento y otros por servilismo político) no asumieron la responsabilidad del cargo que ocuparon. Ahora el país se encuentra a las puertas de perder definitivamente la Guyana Esequiba.
El Presidente constitucionalmente es responsable de las relaciones internacionales y como tal asume el costo político de su conducción. El gobierno, en una errada concepción de lo que es la política internacional, confundió su proyecto político con el interés nacional de Guyana; tanto Chávez como Maduro creyeron que con Petrocaribe podrían comprar la consciencia de Guyana.
La irresponsabilidad del gobierno ha puesto en riesgo la soberanía nacional y la integridad territorial. La demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no le da muchas opciones a la parte venezolana y esta no se defiende con canticos a la “Patria querida”. Hoy el gobierno solo tiene cuatro opciones: En un primer escenario tiene la opción de no presentarse, bien porque no reconoce la jurisdicción de la Corte o cualquier otro motivo. Sin embargo, el juicio continúa y Guyana puede solicitar a la Corte que decida a su favor según el Estatuto de la Corte Art. 53. En una segunda opción tiene dos caminos: 1) Cuestiona el fondo de la demanda que pide a la Corte que confirme la validez del Laudo y sus efectos vinculantes; 2) Solicita a la Corte que determine que Guyana ha violado el AG/66, no solo en cuanto a su objeto y fines, sino por haber incumplido sus obligaciones al realizar actos de jurisdicción en el territorio y espacios no delimitados violando el Acuerdo de Ginebra (AG). Como tercer escenario tiene la posibilidad de responder y preparar una contrademanda en la cual pudiera pedir medidas cautelares como el congelamiento y la entrega de concesiones. Como cuarto escenario tiene la posibilidad de rechazar y objetar la jurisdicción de la Corte.
Al respecto, el tratadista Víctor Rodríguez sostiene -a diferencia de quienes son del criterio de que solo por el hecho de que el Art. IV del AG/66 remite al Art. 33 de la Carta de la ONU- que Venezuela está comprometida a someterse a la Jurisdicción Obligatoria de la Corte, no mencionando que esta se materializa a través de un acto formal mediante el cual expresa ante la ONU su sometimiento a la jurisdicción de la Corte, reconocimiento que Venezuela ha rechazado históricamente particularmente cuando se trata de cuestiones fronterizas y territoriales.