Por Mitzy Capriles de Ledezma
Si Maduro se prorroga en el poder será mayor el martirio para el pueblo, el cual es víctima del exterminio como consecuencia de la hambruna y la inseguridad, que son políticas de Estado de la dictadura.
El pasado jueves, en acuerdo aprobado por los 15 miembros de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) que durante varios días se llevó a cabo en la capital de Brasil, se acordó el no reconocimiento de las elecciones presidenciales venezolanas adelantadas, hasta que se haga un proceso libre por carecer de legitimidad; pues fueron convocadas por la constituyente y no por el órgano rector, además de carecer de garantías como han denunciado voceros de la oposición.
Esta es una nueva demostración de la muy amplia solidaridad que la Venezuela democrática ha recibido de toda la comunidad internacional con la noble y justa causa que libramos los demócratas venezolanos y millones de compatriotas por liberar a nuestro país del régimen opresor. Los principios que nos animan son muy claros y precisos: rescatar la libertad, que solo será posible con el desalojo del poder del régimen para darle inicio a un proceso de transición democrática que nos permita lograr en el menor tiempo posible la recuperación política, económica y social de nuestro país.
Con mucho acierto expresó Antonio ese mismo jueves, pero en Buenos Aires, cuando participaba junto con connotados líderes continentales en el Seminario Internacional “Una agenda Latinoamericana contra el populismo”, que en la medida en que Maduro se prorrogue en el poder, será mayor el martirio para un pueblo que es víctima del exterminio como consecuencia de la hambruna y la inseguridad, que son políticas de Estado de la dictadura, que busca espantar a los venezolanos, porque su propósito es apoderarse definitivamente del territorio nacional y las riquezas naturales que están en sus entrañas”. Así mismo, solicitó “el apoyo para la lucha contra la tiranía”, asegurando que “en Venezuela jamás habrá elecciones libres y confiables, mientras permanezca en el poder este régimen dictatorial vinculado con el narcotráfico y el terrorismo”. De allí el empeño de Maduro en consumar un nuevo fraude electoral el próximo 20 de mayo”.
Se ha exhortado a la Corte Penal Internacional de La Haya a que ponga el mayor interés en tramitar las incidencias que allí cursan para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, y a los gobiernos latinoamericanos, que detecten e incauten dineros y bienes vinculados con funcionarios corruptos y violadores de los derechos humanos que forman parte del séquito de Nicolás Maduro, que circulan y existen en sus respectivos territorios.
También se les ha solicitado a los gobiernos del continente el respaldo para impulsar ante los entes correspondientes la activación del principio de Intervención Humanitaria que encaja en el caso venezolano, observando que se cumple con lo establecido en el Capítulo VII de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU), institución llamada a autorizar acciones de protección humanitaria «cuando un régimen viola la paz y la seguridad de la comunidad internacional», y el desconocimiento a los resultados del fraude electoral que se prepara para el próximo 20 de mayo.