Por.- RICHARD SANZ
Rubén, asustado con el aumento salarial decretado por el régimen de Nicolás Maduro, pasó por el mercado la mañana del pasado miércoles, después de terminar su faena como guardia de seguridad la noche del 1º de mayo, para ver cómo habían quedado los precios de los alimentos.
La angustia le quitó el cansancio que traía en el cuerpo: un cartón de huevos escaló hasta el millón cuatrocientos mil bolívares, es decir, que un huevo cuesta más de lo que él devenga en un día por salario mínimo. La unidad quedó en 46.666 bolívares, mientras que él gana diario 33.333 bolívares… “¿Qué comerán mis hijos?”, se preguntaba mientras recorría otros puestos del mercado.
El queso duro blanco pasó del millón 200 mil, mientras que al pasar por el pasillo de las carnes, no daba crédito a lo que veía: la carne de tercera, “la más barata”, no bajaba de 900 mil bolívares, mientras que un pollo entero de poco más de dos kilos costaba dos millones 300 mil… un paquete de caraotas, que antes era conocida como “la comida de los pobres”, estaba en 450 mil bolívares. Ni hablar del kilo de arroz que “a precio viejo” –o sea, sin aplicarle el aumento salarial del 1º de mayo-, aún estaba en 350 mil bolívares, aunque la margarina Mavesa sí escaló a un precio de escándalo: un millón 315 mil bolívares.
En la calle, una vendedora ambulante comerciaba sardinas: 100 mil bolívares el kilo, cuando apenas hace cuatro meses su precio rondaba los 40 mil bolívares.
Rubén, habitualmente preocupado por el futuro de sus tres chamos –de cinco, siete y diez años-, después del aumento decretado lo estaba aún más. Ya la opción no era enviar al colegio al que se había alimentado, la alternativa que todavía lo acosa como padre es la más dolorosa: retirarlos a los tres de la escuela, porque su lucha ahora no es para que vivan, sino que sobrevivan.
“¿Qué comerán mis hijos?”, era la preguntaba que le martillaba el alma mientras iba rumbo a su vivienda en el barrio Santa Ana de Carapita, en el municipio Libertador de Caracas, pagando obligado un pasaje de cinco mil bolívares que ninguna autoridad aprobó, pero que los transportistas comenzaron a cobrar en un país donde la ley parece una entelequia.
Mentiras desde poder
“Esta es la justicia social, el escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía neoliberal y del Fondo Monetario Internacional”.
Con esas palabras, Maduro justificó el pasado 30 de abril su decreto del incremento del 95% del salario mínimo, que pasó de 392.646 bolívares a un millón de bolívares, mientras que el bono de alimentación subió de 915.000 bolívares a 1.555.500 bolívares mensuales, lo que da un ingreso mínimo integral de 2.555.500 bolívares.
El anunció de Maduro, hecho “casualmente” a 20 días de las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (órgano conformado únicamente por militantes chavistas), vino acompañado de sus amenazas a los supermercados: «Si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo, se van a ver la cara conmigo y voy a hacer justicia, les doy la última oportunidad».
No obstante, la espiral de la hiperinflación no solo llegó a los supermercados a tan solo horas del incremento salarial decretado por Maduro, dado que hasta los comerciantes informales llegaron en algunos casos hasta a duplicar los precios de las frutas, hortalizas y verduras que expenden en la vía pública. Por ejemplo, un kilo de cambur, que el lunes 30 de abril se conseguía en 40 bolívares cancelado con tarjeta de débito, el 02 de mayo ya era vendido en al menos 70 bolívares.
“No me defienda compadre”
Aunque Maduro dijo que el aumento era “justicia social” para la clase obrera, para que le sirviera de “escudo frente a la guerra económica criminal”, a juzgar por los resultados de los anteriores 21 aumentos salariales que ha decretado durante sus cinco años en el poder, los mismos se han convertido en una guillotina para el pueblo que dice amar y defender.
Tan solo basta tomar como referencia el costo de la Canasta Básica Familiar durante marzo de 2018: ascendió a Bs.75.446.014,83, según la investigación que publica mensualmente el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Para los ingresos que se tenían en aquel momento, con dos salarios mínimos apenas podía cubrirse el 7% de la Canasta Básica Familiar.
El resultado de esa política económica de Nicolás Maduro y su régimen se expresa en las calles: personas delgadas, algunas con ropa y zapatos harapientos, o peleas y desespero en las colas de los establecimientos donde llegan productos regulados, en un país donde la mayoría de la gente dejó de ocuparse de lo importante –estudios, ahorros, planes de vida a futuro, defender la libertad-, para sumirse en lo urgente: la necesidad de conseguir comida para no morir de hambre.
Sin poder adquisitivo
“Esos 2.555.000 equivalen a un kilo de carne, un paquete de harina de maíz precocida y un kilo de arroz”, señaló el economista y profesor universitario José Guerra, al reaccionar sobre el incremento salarial.
Asimismo, el también diputado que preside la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), declaró a Unión Radio que ese nuevo aumento no elevará el poder adquisitivo de los venezolanos. “Por donde lo veamos se trata de un salario mínimo miserable”, dijo José Guerra, al sostener que el salario de los venezolanos en el mercado internacional se traduce en 35 dólares en la tasa Dicom y a 4 dólares en la tasa del mercado negro.
Finalmente, el economista culpó al Banco Central de Venezuela (BCV) de emitir moneda nacional “de manera irresponsable”, agregando que esa política dispara los niveles de hiperinflación que se sufren en el país.
Twitter: @rsanz777
Constitución es letra muerta
El artículo 91 de la constitución nacional pinta un escenario que está lejos de la realidad que sufre el venezolano: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales ( …) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”.