Por Alfredo Michelena
Por primera vez en 11 años que llevan en el poder la pareja Ortega-Murillo, la sociedad nicaragüense les indica la puerta de salida.
CANADÁ.- La primavera llegó a Nicaragua más caliente que nunca. Y esta vez fue por motivos políticos. La sociedad nicaragüense ha estado movilizada por casi un mes pidiendo el cambio del modelo político y su salida del poder. En esto estudiantes, empresarios, obreros, campesinos y la Iglesia participan muy activamente.
Un tema de pensiones del Seguro Social se ha transformado en la solicitud de reformar el sistema político nicaragüense. Lo plantea una población que ha decidido salir a las calles a manifestar su desacuerdo con el gobierno de Daniel Ortega, quien ha prometido diálogo, pero éste aún no se concreta.
Los orígenes
El 18 de abril pasado se publicaron en Nicaragua las reformas del Seguro Social que provocaron ese mismo día las primeras manifestaciones, las cuales potenciadas por una convocatoria por medios electrónicos como Twitter (#SOSINSS), Facebook, mensajes de texto y otros medios, concretaron el 19 de abril la primera marcha que tuvo carácter nacional. Se llamaba a protestar contra un decreto que modificaba las aportaciones “de y para” el Seguro Social. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aumentó las contribuciones de empleados (de 6,25 a 7 %) y empleadores (de 19 a 22,5 %) y redujo en un 5% las pensiones. Al fin y al cabo nada de mucha cuantía, solo que se dio en el contexto de creciente rechazo al régimen de los Ortega-Murillo.
Los primeros en protestar formalmente fueron los empresarios a través del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), precisamente porque estaban negociando con el gobierno esta reforma para evitar que el INSS cayera en insolvencia por su creciente deuda, como ya lo había pronosticado el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año anterior. Entonces el gobierno, sin apoyo empresarial, tomó las medidas. Empero contaba con el apoyo de varios sindicatos, el Frente Nacional de los Trabajadores y la Unión Nacional de Empleados, en su mayoría controlados por los sandinistas, el partido de Daniel Ortega. Considerándose apoyado, el gobierno lanzó el decreto que aumentaba las cotizaciones y disminuía los beneficios.
El decreto fue la chispa que incendió la pradera y el régimen Ortega-Murillo respondió como lo hacen este tipo de regímenes: con agua y balas. Con agua para mostrar su disposición a resolver el problema dialogando y balas en una represión que habría alcanzado a la semana unos 45 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras ONG hablan 63 fallecidos. Se estima que los heridos se cuentan por centenares.
Anulan el decreto
Desde el principio los estudiantes estuvieron a la vanguardia. El 19 de abril las protestas no solo se dieron en León, sede del INSS, sino que se incorporaron los otros departamentos como Managua, Granada, Boaco, Carazo, Estelí y Rivas. Las protestas fueron especialmente activas en varias universidades del país. Aunque la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de Managua (UNAN-Managua) y sus autoridades, así como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) de orientación sandinista, junto a la juventud sandinista y otros colectivos, se oponían a las protestas e incluso se enfrentaron a los manifestantes, también allí intervino la policía antidisturbios.
Cosep, el Consejo Superior de la Empresa Privada, se incorpora también y convoca a una marcha nacional para el 23 de abril. El 21 de abril sale el ejército a las calles de varias ciudades. Entonces el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llama al Cosep a un diálogo, con el mismo argumento ya escuchado en Venezuela: que la violencia es promovida por la «extrema derecha y financiada por EE.UU.” y que la oposición busca la «desestabilización». Lo cual permite, «criminalizar las protestas». La conyugue de Daniel Ortega, Rosario Murillo, califica a los manifestantes de “minúsculos grupos alentadores del odio”, “mediocres” y «tóxicos, malos hijos y gente mezquina». Incluso llega a desearles “castigo divino”. Señala que «quieren reinstalar la violencia» y argumenta que se reprime en «legítima defensa».
Pero los disturbios no cesan y el 22 del mes, finalmente Ortega se dirige al país anunciando que la reforma al Seguro Social había sido cancelada.
La bola de nieve crece
Para cuando Ortega decide anular los decretos que promovieron las protestas, ya la sociedad estaba muy movilizada. El 23 de abril la marcha convocada por Cosep se da y se agregan los estudiantes. Entonces las demandas eran: cese de la violencia, libertad de los presos políticos y diálogo nacional. El régimen suelta al día siguiente a 200 detenidos apresados en los primeros días de manifestaciones y acepta el diálogo, con la participación de la Iglesia, que había estado muy activa en este proceso. También ese día se pronuncia el movimiento campesino en apoyo a los manifestantes y por un diálogo amplio que los incluya a ellos. Adicionalmente, se crea el Movimiento Universitario 19 de Abril que solicita participar en ese diálogo, exige que suelten a sus compañeros anulando los antecedentes policiales, que se investiguen las muertes y se procese a los culpables, además de la suspensión de altos cargos de la Policía Nacional. En los dos días siguientes se anuncian las investigaciones y la renuncia de la jefa de la Policía de Nicaragua.
Para el 28 de abril la Iglesia convoca una marcha o peregrinación por los caídos en las protestas. A ella se incorporan los campesinos y se crea la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Ciudadanía, que se unen a la peregrinación y solicitan eliminar la Comisión de la Verdad creada el día anterior por la Asamblea Nacional (AN) para investigar las muertes violentas.
Del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) también llaman a manifestar y Ortega en un mitin llama al diálogo y pide un minuto de silencio por los muertos.
Sin embargo, los estudiantes son reprimidos cuando intentan ir a la AN en protesta por la mencionada Comisión, así como para exigir la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De ahora en adelante
El tema de la represión y los derechos humanos ha trascendido y se comienzan a pedir cambios en el modelo de gobierno. La Conferencia Episcopal de Nicaragua pide una investigación a fondo de las muertes, pero subraya que “el diálogo nacional debe de ser: revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz, para lograr una auténtica democracia». En esto concurre el sector privado que señala que ese diálogo debe estudiar “reformas al sistema electoral que garanticen elecciones libres y transparentes [y] cambios en las instituciones gubernamentales para garantizar el restablecimiento del Estado de derecho”.
La CIDH pide se le permita realizar una visita in loco, lo que es rechazado por el gobierno con el argumento de que ya existe la Comisión de la Verdad, a lo que la CIDH responde manifestando “… su preocupación por la falta de credibilidad que la ciudadanía nicaragüense tiene en la Comisión de la Verdad”. Va más allá al señalar que dará “seguimiento estrecho”, para lo cual instaló una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI).
El diálogo
Al momento de escribir este nota, las manifestaciones seguían y al frente de ellas fundamentalmente están los estudiantes, articulados en un solo movimiento, que agrupa a nueve organizaciones para participar en el diálogo. Exigen el cese de la represión por paramilitares y colectivos sandinistas. También aparece en el panorama el Centro Carter que visitará por un par de días ese país a fin de “escuchar todos los lados” y “apoyar el diálogo de cualquier manera que sirva a los intereses del pueblo nicaragüense”.
Sin embargo, hasta el momento, la fecha del diálogo aún no es cierta. Por la experiencia en el caso venezolano, estas comisiones de la verdad y grupos de diálogo no son muy eficientes si el régimen de Ortega no se compromete en un diálogo sincero. Al menos los nicaragüenses tienen la experiencia venezolana para sacar recomendaciones de lo que no se debe hacer.
La región
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú firmaron un comunicado conjunto pidiendo el cese de la represión y un proceso de diálogo. Esta ha sido la tónica de la mayoría de los gobiernos. Sin embargo destaca el ecuatoriano, pues el secretario privado del presidente de Ecuador, declaró que un gobierno «vinculado con muertes de personas en las calles, que tiene una lógica de perennizarse en el poder (…) no es un gobierno que el Ecuador mira bien».
El vicepresidente de EE.UU., en su alocución ante la OEA, habló de la obscura nube de la tiranía que se cierne sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, desde el Departamento de Estado se han anunciado sanciones.
Venezuela y Cuba defienden a Ortega
¿Avanzará la “primavera nicaragüense” hacia un cambio de gobierno como se dio en lo que se llamó la “primavera árabe”, o terminará sometida por la represión y el gobierno de Ortega logrará disolver este inicio espontaneo y efervescente de un movimiento opositor?
Ortega aparentemente se consideraba seguro después de desbastar a los partidos de oposición y ganar unas elecciones que lo confirmaban en el poder. ¿Se le caerá este andamio?
Lo veremos, porque el proceso apenas empieza.