Por Ramón Guillermo Aveledo
Para responder al venezolano que sufre, prioridad de prioridades, la columna vertebral del trabajo que nos aguarda es reconstruir una institucionalidad que le sirva.
Las instituciones son, desde la perspectiva civil, la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Su conjunto, mejor mientras más sano y más fuerte, es el armazón de la sociedad. Y las públicas constituyen la malla protectora que da seguridad a los derechos.
Deteriorado el voto por desprestigio y por desconfianza la ciudadanía queda en pobreza extrema. Así, otra institución golpeada nos empuja al desamparo, porque aún en los peores momentos en él ha residido la esperanza de recuperar lo perdido.
La Constitución, la regla de reglas que debería ser el mapa y el programa de la acción estatal y la guía política de la sociedad se ha convertido en un material de estudio. Más nada, porque nada funciona de conformidad con sus pautas. El que trata de comprender a Venezuela y de actuar en este territorio conforme a ella, sencillamente se pierde. Borradas las reglas no hay a qué atenerse. Vivimos en el imperio del mero hecho. Lo que equivale a decir, de la fuerza.
El Ejecutivo es como de ranchera, “y mi palabra es la ley”. La complicidad judicial se lo permite. En su estrato más alto una parte de los magistrados fue nombrada en atropello a la forma constitucional, otra está en el exilio perseguida por traición a la Patria y otra baila al son que le tocan, mientras en el resto del cuerpo judicial, enfermo también, predomina la corrupción y los derechos se convierten en fichas del juego de envite y azar con dados cargados en que ha devenido la justicia. El colmo de esa complicidad en perjuicio de los ciudadanos ha sido avalar una llamada constituyente que en la práctica nos deja sin Constitución.
El llamado Poder Ciudadano no parece poder sino deber de obedecer, y si actúa es contra los ciudadanos. La Fiscal desterrada y su reemplazo fue escogido irregularmente, lo mismo que el anodino ocupante de la Defensoría del Pueblo, hermosa promesa constitucional tempranamente derruida. La Contraloría no controla. Y ¿qué decir del Poder Electoral? Antes hacía esfuerzos por disimular su parcialidad y ahora es todo lo contrario, se esfuerza por demostrarla.
El Poder Legislativo esterilizado con maña y fuerza en vez de ley, es impedido de realizar su tarea constitucional. Inmenso y valeroso esfuerzo hacen los diputados y las diputadas que pese a todo quieren cumplir. Se los agradezco. Lo peor es que si mañana pudiera ejercer la Asamblea sus competencias, de poco serviría en un Estado en el estado descrito. Que ya lo decía Marr, “Si el Estado es débil comparado con otras fuerzas que están más allá del control de la urna electoral, entonces hasta el Parlamento más asertivo y eficiente será un débil instrumento democrático en sí mismo. La palanca debe estar conectada a algo”.
Esperanza, siempre hay. Y mucho, mucho que hacer.