Por.- Alfredo Michelena.
-Se esfuma la patente de Corso que creían tener los presidentes latinoamericanos
Muchos presidentes y expresidentes han sido acusados y juzgados por corrupción y abuso de poder. El último de ellos es otro miembro del clan de Chávez: Rafael Correa de Ecuador. Parece que nuestras sociedades toleran cada vez menos este tipo de abusos.
En Latinoamérica, durante el siglo pasado, era frecuente escuchar acusaciones de corrupción y abuso de poder de los mandatarios y su entorno político o familiar. Pero en este siglo se ha avanzado y lo que es usual ahora, es ver a presidentes y expresidentes presos o acusados judicialmente, en especial por corrupción y el tráfico de influencia.
En el pasado siglo
Casi ninguno de los presidentes que gobernaron con mano dura durante la segunda mitad del siglo pasado o cometieron actos de corrupción fueron llevados a la cárcel, al menos en el siglo pasado. Entre las excepciones están los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, presos por delitos de lesa humanidad en 1985, aunque fueron indultados cinco años después. Y mucho antes nuestro dictador Pérez Jiménez, quien estuvo preso cinco años por apropiación indebida del dinero del fisco nacional. Y por supuesto, Carlos Andrés Pérez quien malversó fondos públicos al movilizar sin autorización USD17 millones de una partida a otra, con la cual se pagaron los servicios de escolta de la nueva presidente nicaragüense Violeta Chamorro. Pérez fue condenado a 2 años y cuatro meses de prisión que fue domiciliaria. .
Siglo XXI en Centro América
En el siglo XXI la tolerancia con los presidentes corruptos parece que comienza a llegar a su final. En Centro América es donde este proceso se da con mayor intensidad. Desde 1990 en los seis países del istmo casi la mitad de sus presidentes han sido acusados de corrupción u otros actos ilícitos. La lista es larga.
En la actualidad están bajo arresto los expresidentes Antonio Saca de El Salvador, el panameño Ricardo Martinelli y los guatemaltecos Otto Pérez Molina y Álvaro Colom. Otros han estado presos como Alfonso Portillo de Guatemala; el nicaragüense Arnoldo Alemán; Francisco Flores, presidente de El Salvador; y de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez, quien tuvo que renunciar a la Secretaría General de la OEA.
Han estado o están bajo investigación el costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias; de Panamá Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares; de Nicaragua Enrique Bolaños; de Guatemala Jorge Serrano Elías; y de Honduras Manuel Zelaya.
En el Sur
En Suramérica el caso interesante es que la mayoría de los expresidentes que han sido acusados o condenados por corrupción, son los que se habían identificado con el castrochavismo. El caso más patético es el de Lula da Silva de Brasil, pero también están Cristina Kirchner de Argentina y ahora Rafael Correa de Ecuador. Sin olvidar el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil. Un caso de referencia es Perú, donde a partir de 1990, con Fujimori, todos los presidentes, excepto el efímero presidente de transición Valentín Paniagua, han sido acusados de corrupción y todos, menos uno, están presos o se les sigue un proceso judicial.
En esto, por cierto, la corrupción institucionalizada e internacionalizada de la firma carioca Odrebrecht ha sido una pieza clave en globalizar la corrupción a los más altos niveles de gobierno en la región. Por esta práctica varios expresidentes están presos como Lula da Silva, Ricardo Martinelli y Ollanta Humala. Otros están bajo investigación como el mismo Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar a la presidencia de Perú por estar implicado con esa firma brasileña.
El caso ecuatoriano
El último caso de un expresidente buscado por la justicia es el de Rafael Correa de Ecuador. La Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador estimó en 2017 que en los últimos 10 años, correspondientes a la década del gobierno de Rafael Correa, el costo de la corrupción en Ecuador habría superado los USD$35 millardos en sobornos, sobreprecios en contratos públicos, evasión de impuestos, comisiones sobre exportaciones de petróleo y importaciones relacionadas, deuda pública y gastos corrientes.
Sin embargo, lo que reventó los escándalos de corrupción de la administración Correa fueron los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Una veintena de personas han sido procesadas a partir de la toma de posesión del nuevo presidente Lenín Moreno. Esta empresa, según el departamento de Justicia de Estados Unidos, habría entregado unos US$33 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos.
Por ese motivo ocho personas fueron sentenciadas a mediados de diciembre pasado. De ellas tres son funcionarios del gobierno de Correa, comenzando por el vicepresidente Jorge Glass Espinel, pero también están Ramiro Carrillo de Petroecuador y Carlos Villamarín de la Secretaría Nacional del Agua. Los otros son abogados y empresarios. Glass, quien también fue vicepresidente de Correa, cumplirá una condena de seis años y deberá indemnizar al Estado con $7,5 millones. El tío de Glass, quien servía de intermediario, también fue condenado.
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Le toca a Correa
El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha venido argumentando que todo esto es una venganza del actual presidente. Correa quizás pensó que Moreno sería la continuación de su mandato y que tendría influencia sobre él. Tenía la oportunidad de volverse a lanzar a la presidencia, pero los números no le daban y apoyó a Lenín Moreno. Sin embargo, Moreno no pareció entender que debía pagar esa deuda. Incluso Moreno promovió un referendum, que ganó, en el cual dos preguntas claves apuntaban contra Correa, la primera la eliminación de la reelección indefinida y la segunda la inhabilitación política a los corruptos.
En febrero de este año Rafael Correa ha sido requerido para declarar ante la Fiscalía sobre unas decisiones de su gobierno que habrían causado daño al patrimonio público en la venta de petróleo a China y Tailandia. Se trata de ventas a futuro con pago en petróleo. Asunto que está prohibido por las leyes ecuatorianas. El daño patrimonial sería de US$2,2 millardos. El argumento de Correa es que esto sucedió antes de que cambiara la ley que lo prohibía.
Secuestro
Pero mientras este procedimiento contra Rafael Correa sigue su curso, ha surgido otra acusación. El exdiputado opositor Fernando Balda acusó a Correa de ser el autor intelectual de su secuestro en 2012. Se trató de un intento de secuestro en Colombia que fue abortado por la policía, en el cual los perpetradores declararon que «los fines eran políticos».
Se le ordenó a Correa, como medida cautelar, presentarse en la Corte Nacional de Justicia cada quince días a partir del 2 de julio. Pero Correa quien ahora vive en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, no se presentó sino ante la Embajada Ecuatoriana en Bruselas. Esto no pareció suficiente a la juez del caso quien impuso prisión preventiva y emitió una alerta roja a INTERPOL.
Autoritarismo
La mayoría de los expresidentes y otros funcionarios de alto nivel presos o en procesos judiciales lo están siendo por temas de corrupción y abuso de poder, y no por violaciones de los derechos humanos o crímenes de Lesa Humanidad.
El autoritarismo está en la base de estos comportamientos, pero también comienza a aparecer una sociedad que exige cada vez más transparencia en el manejo del poder y en esto la separación e independencia de poderes es clave.
La búsqueda de una decencia en el manejo de la cosa pública es una de las razones eje para entender los cambios que se vienen dando en el mundo político latinoamericano con la aparición de nuevos líderes y nuevos partidos, que surgen como consecuencia del descalabro de los partidos y líderes tradicionales. Incluso las sociedades se han dado progresivamente cuenta de que no es solo un problema la moral, sino de que sus sistemas judiciales procesen a los funcionarios corruptos y que hace falta crear mecanismos más transparentes y de control social y político, para evitar y eventualmente investigar y procesar a los perpetradores de este flagelo.
Los acuerdos internacionales para combatir la corrupción que se han instalado en Centro América son un ejemplo de esto. Guatemala, en un acuerdo con Naciones Unidas, creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Honduras con la OEA creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
Lo que es cierto es que cada vez más los presidentes y sus entornos deberán entender que sus tropelías no pasarán sin ser juzgadas y pagadas. Algunos por ser procesados en sus países, otros en cortes internacionales.