Por J. Gerson Revanales
El gobierno sigue poniendo en riesgo nuestra soberanía e integridad territorial en el Esequibo, Anacoco y la fachada Atlántica. La última palabra constitucionalmente la tienen las FANB.
Ante tanto despliegue, componentes, consignas y juramentos de lealtad que recordaron aquel gordito del tanque, también un 5 de julio, los venezolanos esperan que sirvan para defender el Esequibo.
Esta semana el presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una Orden notificando a las partes (Venezuela y la excolonia de la Guayana Inglesa) sobre los procedimientos a seguir durante el proceso abierto en esa instancia. Para los entendidos está claro que esta reclamación nunca debió llegar a la Corte, teniendo en cuenta que el ex secretario general de la ONU, a mediados de diciembre de 2016, anunció que si para finales de 2017 no se había logrado «un avance significativo», llevaría el caso ante la (CIJ), por lo cual «guerra avisada no mata soldado”. Solo la negligencia y el desamor por la patria e integridad territorial son la causa de que el gobierno se encuentre ya no atrapado sin salida como titulamos nuestra columna del sábado pasado; sino entre la espada y la pared.
Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte, ni por una manifestación unilateral, ni mediante un acuerdo bilateral como el Acuerdo de Ginebra ni a través de un Acuerdo Multilateral como el Pacto de Bogotá. La cancillería, el 18 del mes pasado, sorprendió al país con un comunicado en el cual anunciaba que una delegación encabezada por la vicepresidente Delcy Rodríguez y el ministro Jorge Arreaza se habían reunido con el presidente de la CIJ, Sr. Abdulqawi Yusuf para notificarle que el presidente Maduro había decidido no participar en el procedimiento incoado por Guyana por carecer la Corte de jurisdicción.
Esta decisión se enmarca en uno de los escenarios que en anteriores oportunidades hemos considerado. Se fundamenta en el Art. 79 del Reglamento de la CIJ, el cual abre la posibilidad de “comparecer y participar” en un proceso preliminar para desconocer la jurisdicción de la Corte. Esta comparecencia, lejos de significar la aceptación de jurisdicción, es un mecanismo para rechazarla. Un derecho que también, según el Art. 53 del Estatuto de la CIJ, asiste a los gobiernos. Este artículo inicialmente contempla la posibilidad de que una Parte no comparezca, por lo cual la Corte, antes de tomar una decisión, deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho. Así mismo, la otra parte (demandante) podrá pedir a la Corte que decida a su favor. En este contexto, en un primer escenario, la Corte podría reconocer su falta de jurisdicción; pero también podría decidir que sí tiene jurisdicción y colocaría al gobierno contra la pared, al no haber impedido que la disputa llegara a la Corte.
Solo la ineficiencia y la falta de profesionalidad de la cancillería pueden justificar que la Venezuela potencia haya permitido que esta reclamación llegara a la Corte Internacional de la Haya, donde igualmente el gobierno tiene abierta otra causa ante la Corte Penal de la Haya por crímenes de Lesa Humanidad.