El pasado viernes, el consejo de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado por Decreto ley la exhumación de los restos del dictador español Francisco Franco del Valle de los caídos, una acción sobre la que Sánchez ha apostado desde el primer momento, como piedra angular de su Gobierno.
Un poco de historia
Valle de los CaídosEl Valle de los caídos, ubicado en la Sierra de Guadarrama, a 55 Km de Madrid, es un monumento de grandes dimensiones que incluye la cruz es la más alta del mundo. Cuenta con una escalinata, una explanada, una basílica y una abadía. Todo está decorado con mosaicos y esculturas que exaltan la relación entre la religión y el régimen de Franco, quien luego de su muerte, el 20 de noviembre de 1975, fue enterrado allí por orden del gobierno de entonces, encabezado por Carlos Arias Navarro.
El monumento fue mandado a construir por el dictador español Francisco Franco, en 1939. El 1 de abril de 1940, justo un año después del último parte de la Guerra Civil española, firmó el decreto fundacional, que incluía frases como: «Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor”.
43 años después de la muerte del dictador, el Gobierno socialista inició este viernes el proceso para exhumar sus restos del monumento que ideó para glorificar su victoria en la Guerra Civil.
El procedimiento
El Real Decreto Ley deberá ser validado por el Congreso de los Diputados antes de 30 días para modificar la ley de Memoria Histórica de Zapatero por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
La ley de memoria histórica, en su artículo 16, recoge que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Este es precisamente el punto que quiere retocar el Gobierno. El equipo de Zapatero renunció en su día a la exhumación, consciente de que para ello debía renegociar los acuerdos con el Vaticano, lo que demoraría en varios años los planes de Sánchez.
“El decreto permite cumplir con las indicaciones de Naciones Unidas, la ley de 2007 y la proposición del Congreso sin que hubiera ningún grupo en contra (…) Es inasumible una tumba de Estado para Franco en una democracia madura”, ha explicado la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
“El Real decreto indica, en el artículo 16, la urgencia para la exhumación una vez se convalide por el procedimiento de ley”, ha dicho Calvo, una urgencia con la que el Partido de Pablo Casado no está de acuerdo. “Hay mucho por hacer en materia de memoria histórica en nuestro país”, agregó la vicepresidenta.
Los grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos, están a la espera de los detalles de esa norma para definir sus posicionamientos en una votación que será histórica. Sin embargo, La Moncloa confía en que el decreto saldrá adelante y el procedimiento se concluirá antes de final de año, porque su convalidación exige solo mayoría simple y, aparentemente, cuenta con sus votos, los de Unidos Podemos y sus socios catalanes (ERC y PDeCAT) y el PNV, lo que suman 177, uno más que la mayoría absoluta. El PP ha anunciado que recurrirá el decreto al Tribunal Constitucional por no corresponderse con una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
Consenso entre políticos, familia e iglesia
Tumba de Franco.- ReutersAdemás de los partidos políticos, la exhumación requiere el consenso de la familia de Franco y de la Iglesia que gestiona la basílica donde se encuentra el Mausoleo que alberga la tumba del dictador en el Valle de los caídos. La familia se opone pero no podrá actuar jurídicamente contra el decreto, solo podría recurrir la decisión administrativa ante la Audiencia Nacional.
En caso de conflicto, fuentes del Arzobispado de Madrid anticipan que la Archidiócesis no autorizaría la entrada de las máquinas a la basílica, administrada por la comunidad de los benedictinos y sobre la que rige el Convenio con la Santa Sede, renovado por el Gobierno español en 1979. Según estos acuerdos, el Estado carece de competencias sobre cementerios, exhumaciones y traslado de restos en lugares eclesiásticos.
Todavía se desconoce la fecha exacta en la que los técnicos levantarán la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba del dictador. Y el Gobierno pretende mantener la incógnita para “evitar protestas e incidentes”, según declaró la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, quien además adelantó que los restos podrían estar fuera del monumento en el mes de septiembre.