Por Eduardo Martinez – Corresponsal en Italia.
Faltando apenas un par de semanas para concluir el 2018, el premier italiano Giuseppe Conte sigue dando carreras para lograr que la Comisión Europea acepte el proyecto de presupuesto 2019.
En los últimos días, Conte reparte sus días entre las presiones con los vicepremieres Matteo Salvini y Luigi Di Maio en Roma, y las negociaciones con Jean-Claude Juncker, el poderoso presidente la Comisión Europea, en los predios geográficos de la Unión.
Todo el asunto se reduce al celo que muestra la UE en cuanto a que los países -especialmente Italia- cumplan con los acuerdos de reducir el déficit fiscal para el 2019, y las políticas populistas del gobierno italiano de repartir bonos a la población, lo que elevaría su presupuesto por encima del límite acordado unánimemente por los países de la Unión.
Lo que para el gobierno italiano, el llamado “redito a la citadinaza” es una inversión social y una promesa electoral que se debe cumplir, para la Comisión Europea representa un gasto inaceptable que aumentará el déficit fiscal italiano.
Viaje tras viaje, Conte se presenta a Bruselas con nuevos recortes presupuestarios, que uno tras otro, han sido rechazados por la Comisión Europea.
Sin embargo, la última propuesta del gobierno italiano ha afectado enormemente la credibilidad del gobierno. En efecto, en la revisión realizada por la Comisión de los recortes por 3.500 millones de euros, se encontraron que solo 1.500 millones serían aceptados, en tanto los otros 2.000 millones son considerados “dudosos” de poder realizarse.
Esto abrió las puertas de un nuevo escenario no deseable para Italia: el de las sanciones, de acuerdo a las normas que rigen la UE.
Este miércoles se realizará la última reunión de la Comisión antes de Navidad. Luego vendrá la reunión del 22 de enero. En la mira, está la situación de Italia. El pensamiento generalizado es que la Unión Europea deberá aprobar medidas de austeridad. Lo que tocará sin duda alguna las políticas populistas del gobierno italiano.