La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha respondido a los argumentos del régimen de Maduro, que buscaban desestimar las investigaciones por delitos de lesa humanidad en Venezuela.
En su informe, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmó que «existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento».
Además, la investigación de la fiscalía alega que «desde al menos abril de 2017 en adelante, miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación».
La Fiscalía también concluyó que «la comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales».
El informe también señala que el régimen de Venezuela «no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte».