Politóloga indica que el régimen chavista ha utilizado de forma preferente dos tipos de mecanismos de control social: el dinero y la represión, o, dicho en términos criollos, «la plata y el plomo».
Por Ramón Cardozo Álvarez – Publicado en dw.com
El pasado 20 de julio, el Instituto FORMA presentó el informe «Venezuela 2023: Condiciones predemocráticas», donde se analizó el estado actual de las condiciones estructurales necesarias para impulsar nuevamente un sistema democrático en Venezuela.
El estudio de FORMA concluye que las disposiciones sociales y estructurales que podrían promover y sostener la democracia en el país se encuentran hoy en día muy limitadas. Además, asevera que uno de los factores que más ha incidido en esta tragedia ha sido la implementación, por parte del régimen chavista, de mecanismos o herramientas de control social que han buscado doblegar la conciencia de los venezolanos.
«Plata y Plomo”
Paola Bautista de Alemán, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Rostock y presidenta ejecutiva del Instituto FORMA, afirma que, junto con la propaganda, el régimen chavista de Venezuela ha utilizado de forma preferente dos tipos de mecanismos de control social: el dinero y la represión, o, dicho en términos criollos, «la plata y el plomo». Estos mecanismos han sido utilizados de forma discrecional, de acuerdo con la adscripción política de los ciudadanos.
Según el estudio de opinión nacional (abril 2023), realizado por la encuestadora More Consulting para el Instituto FORMA, un 25,6% de los venezolanos se autodefinen políticamente como «oficialistas», es decir, identificados con el chavismo; un 26,1% como «opositores» al gobierno y un 48,3% como «no alineados». Durante el análisis de la encuesta se observó que los autodenominados chavistas son más susceptibles a las presiones gubernamentales de tipo económico (la plata); mientras que aquellos que se ubican como opositores o como «no alineados” son más vulnerables a la represión gubernamental (el plomo).
Los CLAP y los Bonos de la Patria
Entre 1998 y 2019, como consecuencia de la aplicación del modelo económico chavista, el 60% de las empresas privadas en Venezuela habían cerrado; al mismo tiempo, la burocracia estatal creció desmesuradamente. Según estimaciones de la ONG Transparencia Venezuela, en 2022, la Administración Pública venezolana empleaba a más de 5,5 millones de personas. Estos hechos explican los resultados del estudio de FORMA, en el cual se indica que casi la mitad (48.8%) de los encuestados manifestó trabajar en una actividad asociada al Estado; mientras que el 31,8% se identificó como trabajador por cuenta propia, y solo el 13,4 % se identificó como trabajador del sector privado.
Entre 2013 y 2021, la economía venezolana perdió el 83,5% de su tamaño (PIB), de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este colapso económico produjo una fuerte caída de los ingresos de los venezolanos. El estudio de FORMA afirma que tres de cada diez (30,3%) venezolanos manifiestan estar ganando menos de $10 al mes. Y cuatro de cada diez (44,4%) entre $10 y $100. Es decir, el 75% de los encuestados afirman que ganan menos de $100 al mes. Estos ingresos están muy debajo de los $523,29 que es el costo que para mayo de este año alcanzó la canasta alimentaria familiar, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
La brutal caída de los salarios y el declive pronunciado del sector privado empujó a muchos venezolanos, en especial a los de los sectores populares, a depender cada vez más del Estado. En este sentido, Paola Bautista subraya que «cuando las personas están sometidas a carencias materiales tan graves, no tienen otra alternativa para sobrevivir, que pasar a depender de los programas de asistencia del Estado, en especial del sistema de distribución de alimentos CLAP y de los Bonos de la Patria”.
El estudio de FORMA encuentra que a pesar de la baja calidad nutricional de los víveres y de la irregularidad en la entrega del CLAP, para el 8.8% de los encuestados, estas cajas son la principal vía por la cual consiguen alimentos para su hogar; mientras que para el 46,3% son un «complemento importante”. En el caso de aquellos que se autodefinen como chavistas (25,6%), el porcentaje para los cuales el CLAP es la principal vía de alimentación sube al 18,4%; y los que la señalan como un «complemento importante” llegan al 52,9%.
Respecto a los Bonos de la Patria, a pesar de los bajos montos y de la irregularidad en la entrega, el 32,6% de todos los encuestados sostienen que estos bonos representan una ayuda «importante» o «muy importante» en su presupuesto familiar. En el caso de los que se autodefinen como chavistas (25,6%), el porcentaje que considera esta ayuda económica como «muy importante» o «importante» en su presupuesto familiar alcanza casi la mitad (49%).
El Carnet de la Patria y el círculo de la dependencia
A partir de 2017, el régimen de Nicolás Maduro obligó a todos aquellos venezolanos que quisieran acceder a cualquiera de los programas sociales del Estado, a registrar de forma minuciosa sus datos personales en el sistema patria para sacar una tarjeta de identificación inteligente llamada el «Carnet de la Patria”. La base de datos y la plataforma tecnológica del sistema patria fue elaborada por ZTE, empresa de telecomunicaciones china responsable de la vasta red tecnológica de vigilancia social y política dentro del gigante asiático.
«La imposición del Carnet de la Patria, como requisito para que la gente pueda tener acceso a derechos y a servicios básicos” fue rechazada en 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciándola como un «mecanismo para mancillar la dignidad de los venezolanos, y para institucionalizar el control político y social de los ciudadanos”.
Bautista afirma que «los datos de nuestro estudio revelan que 9 de cada 10 venezolanos poseen el Carnet de la Patria. Este tipo de mecanismo de control social se ha hecho posible y se ha extendido tanto en el país debido a la pobreza y a las graves carencias materiales en las que se encuentran sumidos amplios sectores de la sociedad venezolana. A estos ciudadanos, el régimen chavista les hace entrega, a cambio de su fidelidad política, víveres o ayudas económicas que en cierta medida les sirven para apaciguar sus graves necesidades materiales. Estas ayudas están diseñadas de manera que solo le den un alivio temporal a su precaria situación, generándose entonces un círculo de dependencia permanente entre estos ciudadanos y el régimen chavista.
Ello explica los pocos esfuerzos que hace la dictadura por resolver el problema de la pobreza, porque al final es esa pobreza la que les garantiza la base electoral”. Al respecto, viene a colación lo que Jorge Giordani, ministro de Planificación de Hugo Chávez, le dijo al general Guaicaipuro Lameda, presidente de PDVSA, en 2002: «Usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres, pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No podemos sacarlos a la clase media porque se transforman en nuestros enemigos”.
La violencia como mecanismo de control
El otro mecanismo que ha venido utilizando el régimen chavista como instrumento de control social ha sido el uso de la extrema violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de los colectivos paramilitares chavistas para perseguir y reprimir a los opositores políticos. Estos excesos han quedado recogidos y evidenciados en los numerosos y desgarradores informes elaborados por múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. De hecho, la Corte Penal Internacional actualmente está adelantando una investigación en Venezuela por la comisión de presuntos delitos de lesa humanidad.
Según los datos de la encuesta, el 56,2% de todos los encuestados está de acuerdo o «muy de acuerdo” con que el régimen ejerce «un potente miedo sobre los venezolanos”. Sin embargo, si se considera solo a los que se autodenominan opositores, este valor alcanza al 75%. Por otro lado, más de la mitad dentro de este grupo, siente temor o «mucho temor” del poder que el Estado tiene sobre sus respectivas vidas. A este respecto, Paola Bautista señala «mientras el grupo que se considera opositor al gobierno es menos susceptible a los mecanismos de control social estatal a través de la manipulación de sus necesidades materiales (la plata), es, sin embargo, muy vulnerable a las presiones a través de la violencia y la persecución (el plomo).
Muchas veces, cuando surge la pregunta de por qué el régimen chavista ha logrado mantenerse en el poder por casi un cuarto de siglo en Venezuela, las respuestas se centran en los errores y falencias que ha tenido la oposición democrática. Si bien ello es parte de la explicación, no debe dejarse de lado el análisis de la naturaleza de un régimen autocrático que ha manipulado el brutal empobrecimiento de los venezolanos para controlarlos y, al mismo tiempo, ha estado dispuesto a utilizar, sin ningún tipo de consideraciones humanas, los niveles más extremos de violencia en contra sus adversarios políticos.