El autor destaca que el gobierno insiste en justificar que los bajos salarios son producto de las sanciones internacionales pero ya hay municipios en Venezuela que contabilizan sus ingresos vía tributos en varios millones de dólares y el SENIAT no deja de batir récords en su recaudación.
Por Julio Castellanos
Pese al vacío informativo en el que estamos obligados a vivir, por culpa de la censura y la autocensura en los medios de comunicación, hay algunos datos disponibles para hacerse una idea de dónde estamos. Dato número 1: Venezuela alcanzó recientemente la sexta posición como proveedor de petróleo a Estados Unidos. Dato número 2: El principal proveedor de insumos agrícolas a Venezuela es Estados Unidos. Ambos datos representan millones de dólares diarios de intercambio comercial y, ojalá, las cifras sigan creciendo. Pero las preguntas son imprescindibles, ¿Y las sanciones que supuestamente nos impiden salarios decentes y tener servicios de calidad?
La respuesta es clara: las sanciones son personales, son medidas soberanas dirigidas a restringir los movimientos financieros de las autoridades venezolanas acusadas e investigadas por la justicia internacional como violadores de derechos humanos, por cometer actos de represión, tortura y tratos crueles y degradantes, por lavado de dinero, por narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Esas medidas no impiden al país su actividad económica, ni la prestación de servicios, ni una política salarial adecuada. De hecho, hay otros países que también tienen sanciones internacionales sobre ellos (vale decir que por los mismos motivos), como Irán y Cuba, sin que en esas naciones se registre una debacle salarial tan profunda como la venezolana.
Lo que hace a Venezuela tan miserablemente distinguible de otros países sancionados es la rapaz vocación de quienes gobiernan y sus socios para captar la mayor tajada del ingreso nacional para sus insaciables bolsillos. Dato número 3: la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) ha revelado que el decil poblacional más rico (el 10% de la población con más altos ingresos del país) acapara grotescamente más de la mitad de los ingresos nacionales, convirtiéndonos en el país más desigual del continente más desigual del planeta.
Para ponerlo en negro sobre blanco, mientras a los trabajadores y obreros se les impone el instructivo ONAPRE para recibir salarios por debajo de los 5 dólares mensuales, se suspenden las contrataciones colectivas, se quedan sin prestaciones sociales y reciben pensiones de hambre, los más ricos y poderosos ven crecer sus arcas a niveles de opulencia, con hedonismo y derroche incluidos. Es decir, si el país hace buenos negocios, todas las ganancias las reciben los ricos y los pobres solo las penurias.
El gobierno insiste en justificar que los bajos salarios son producto de las sanciones internacionales pero ya hay municipios en Venezuela que contabilizan sus ingresos vía tributos en varios millones de dólares y el SENIAT no deja de batir récords en su recaudación. O sea, hay ingresos pero casi nada se convierte en obras públicas, o en mejores salarios, o en mejores escuelas y hospitales, solo alcanza para satisfacer la insaciable voracidad de quienes gobiernan, sus conciertos, sus camionetotas, sus espectáculos y sus placeres. Es precisamente allí donde se hace entendible el concepto de Crisis Humanitaria Compleja, es una crisis que no fue generada por una guerra o un desastre natural sino que, contrariamente, es causada por la firme decisión de los poderosos de sumergir en el hambre, la precariedad y la desesperación a los más pobres con la inconfesable motivación de anular su capacidad de lucha contra la injusticia padecida. Está es una crisis por diseño.
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