Para el autor, la lectura de un acto tan despreciable como despedir a un periodista que dijo la verdad es que, simultáneamente, fueron ratificados en sus cargos los periodistas obligados a mentir,.
Por Julio Castellanos
El despido del periodista Sair Contreras, tras una entrevista a un dirigente del oficialismo incapaz de responder ante una avalancha de verdades que desnudan la corrupción y la crisis provocada por el régimen, permite evidenciar muchos aspectos de la comunicación contemporánea. Lo primero que revela es que existe una muy real censura y autocensura de los medios de comunicación que solo es compatible con un autoritarismo abierto. Eso no es noticia, lo sabemos todos aunque existan muchos que intentan tapar el sol con un dedo.
Sin embargo, tal vez un elemento para el análisis que podría pasar por debajo de la mesa es que ese despido desmonta un mito tan ampliamente difundido como inherentemente falso: la objetividad e imparcialidad de los medios de comunicación. Muchos han pensado que si algo aparece en las pantallas de TV, si se escucha en la radio, si aparece en el titular de un periódico, es una verdad irrefutable. Mucho más si ese algo es repetido ad nauseam. Algunos incluso creen que porque en la Constitución Nacional aparece el mandato de informar «veraz y oportunamente» eso, automáticamente, impide la circulación de noticias falsas. Incluso hay quienes afirman, en ejercicio de una credulidad infantil, que las autoridades públicas, por el solo hecho de serlo, no pueden mentir y, por tanto, no pueden ser confrontados, ni desdichos, ni cuestionados sin que tal cosa sea interpretada como una especie de delito subversivo.
Pues bien, queda claro que 1) los funcionarios públicos si pueden mentir, en privado y en público, 2) que las normas constitucionales pueden ser torcidas a tal punto por el poder que, de facto, son letra muerta y 3) que la línea editorial de un medio de comunicación depende de los intereses de sus propietarios antes que de la verdad o el derecho a la información del público. De hecho, en base a esto último, si el interés del propietario del medio de comunicación es decir que el río Güaire está totalmente saneado, enviará a sus periodistas a bañarse allí y a describir su fantástica experiencia.
¿Eso sucede en los medios públicos y medios privados? Claro que sí. La diferencia estriba en que los medios públicos, si existe una democracia, pueden ser institucionalmente controlados por parlamentos compuestos por diversidad de criterios, si hablamos de una dictadura es muy difícil distinguir entre medios públicos y medios privados. Alguien podría decir que las redes sociales son diferentes… Otro ejercicio de credulidad infantil. Se puede mentir de la misma manera en la TV, en la radio, en la prensa escrita como también en Twitter, Instagram, Tiktok o WhatsApp, de hecho, se miente mejor porque la inmediatez potencia la efectividad de la mentira y el anonimato anula la responsabilidad.
¿Qué debemos hacer los ciudadanos en semejante contexto? Lo primero es no creer en pajaritos preñados. La lectura de un acto tan despreciable como despedir a un periodista que dijo la verdad es que, simultáneamente, fueron ratificados en sus cargos los periodistas obligados a mentir, aquellos que serán enviados a bañarse en el Guaire con su mejor traje de baño, aquellos que dirán que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, los que dirán que los salarios y pensiones son tan altos que ahora la ola migratoria es a la inversa y, claro, que nuestro país es ejemplo global de respeto a los derechos humanos. ¡No te dejes meter gato por liebre!
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