Varios individuos y empresas en Latinoamérica y Líbano se enfrentan a sanciones por su vínculo con la organización chií libanesa.
Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., junto con la Administración de Control de Drogas (DEA), impuso sanciones a siete individuos y varias empresas asociadas con América Latina, alegando que estaban financiando a Hezbolá, una organización chií libanesa que Estados Unidos clasifica como grupo terrorista.
Según el comunicado de la OFAC, estos individuos y empresas han desempeñado un papel «clave» en el financiamiento de Hezbolá a través de una red que opera tanto en América del Sur como en Líbano, generando ingresos significativos para apoyar las «actividades terroristas» de la organización.
Entre los principales sancionados está Amer Mohamed Akil Rada, un alto funcionario de Hezbolá implicado en el ataque terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que resultó en la muerte de 85 personas. Aunque Rada reside actualmente en Líbano, dirigió operaciones significativas en América del Sur, incluyendo la supervisión de actividades comerciales como la exportación de carbón vegetal desde Colombia hasta Líbano. Estas operaciones comerciales, sostiene la OFAC, han sido una fuente principal de financiamiento para Hezbolá.
Samer Akil Rada, hermano de Amer, también fue sancionado. Ha estado implicado en delitos graves, incluyendo tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero en varios países latinoamericanos. Una de las operaciones notables fue el envío de 500 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de 15 millones de dólares, ocultos en envíos de frutas que fueron incautados en El Salvador. Samer es el gerente general y director ejecutivo de BCI Technologies, una empresa con sede en Venezuela que también ha sido sancionada.
La ronda de sanciones también incluye a Mahdy Akil Helbawi, hijo de Amer, que ha estado manejando actividades comerciales en Colombia en nombre de su padre. Fundó Zanga, una compañía de carbón en Colombia, que se convirtió en el principal proveedor de otras empresas controladas por esta red sancionada. Zanga, junto con Black Diamond SARL en Líbano y su dueño, Ali Ismail Ajrouch, también enfrentan sanciones.
Como resultado de estas medidas, todas las propiedades e intereses de los individuos y entidades sancionadas que estén en EE.UU. o bajo control de ciudadanos estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC.
Este conjunto de sanciones destaca la colaboración continuada entre varias agencias de EE.UU. para rastrear y desmantelar las fuentes de financiamiento para organizaciones clasificadas como terroristas, utilizando una red amplia de medidas financieras y legales para limitar su capacidad de operar a nivel internacional.