Según el autor, el referéndum consultivo sobre el territorio de la Guayana Esequiba significa poner en duda nuestra integridad territorial y la obligación que tenemos de defenderla.
Por César Pérez Vivas
La historia nos ha enseñado que las dictaduras apelan al nacionalismo cuando están en dificultades, cuando las sociedades en las que actúan las repudian y cuando en su propia estructura de poder surgen fisuras y contradicciones. La cúpula roja apela en esta hora de elevado rechazo, por el estruendoso fracaso de su modelo de sociedad y por la catastrófica gestión de los asuntos públicos, a despertar un sentimiento nacionalista que le permita un respiro y un aliento en su verdadero objetivo, que no es otro que su permanencia en el poder.
Para ello se han inventado la celebración de un referéndum consultivo “para que el pueblo de Venezuela, por vía del voto secreto y directo, tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, según expresó Jorge Rodríguez, buscando levantar un respaldo a su fracasado gobierno; apelando a una materia, de la cual su gobierno y su partido han hecho dejación, de forma deliberada, a lo largo de los 24 años de su permanencia en el poder.
En efecto el tema de la defensa de nuestra histórica y justa reclamación sobre el territorio Esequibo fue abandonado de manera irresponsable por el actual régimen político de nuestro país, en tanto que el gobierno de Guyana ha avanzado otorgando contrataciones para explorar y explotar recursos naturales, como maderas e hidrocarburos, en dicho territorio en reclamación.
Es un hecho público y notorio que el extinto comandante Chávez y su canciller, hoy en ejercicio de la presidencia, se hicieron de la vista gorda y desoyeron múltiples observaciones de sectores de nuestra sociedad que exigieron en diversas oportunidades, actuar en el campo diplomático y jurídico, ante este tipo de actos adelantados desde el gobierno guyanés. Es decir, estos ciudadanos en ejercicio de vitales funciones de estado, hicieron dejación de sus obligaciones constitucionales y legales al no asumir, como era su deber, las acciones pertinentes para defender nuestros legítimos derechos sobre esos territorios. Postura asumida por la influencia ejercida desde La Habana por parte del difunto dictador Fidel Castro.
Los venezolanos conocemos la histórica postura de hostilidad de la dictadura cubana frente a nuestra legítima reclamación del territorio Esequibo. Ese no fue impedimento para que Chávez y Maduro se convirtieran en aliados políticos y agentes promotores del modelo político e ideológico impulsado por Fidel Castro y además le entregaran cuantiosos recursos financieros y energéticos, así como cedieran importantes funciones de nuestra gestión pública.
De modo que ahora, buscan disfrazar su responsabilidad frente al avance en la explotación de los recursos existentes en la zona en reclamación, apelando a la celebración de un referéndum a todas luces innecesario y contrario a derecho. Es innecesario, y además tendencioso y manipulador, porque para que las autoridades del país defiendan la integridad de nuestro territorio no requiere de ninguna consulta ciudadana. Ese es su deber, es su obligación por mandato de la propia Constitución, que en su artículo 1 consagra de forma taxativa ese mandato. Recordemos su texto:
Artículo 1. “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”
La iniciativa solo busca de nuevo dividir a la sociedad entre patriotas y traidores, entre partidarios o no de la defensa de nuestro territorio, en tanto que no apoyemos la maniobra distraccionista lanzada para impedir la celebración de las elecciones primarias de la oposición democrática, y para colocar un tema en la agenda pública que nos distraiga de nuestra legítima lucha para impulsar el cambio político anhelado por la aplastante mayoría de nuestros ciudadanos. Es decir Maduro y su agente de la manipulación, Jorge Rodríguez, buscan que no haya oposición a su fracasado y catastrófico gobierno, que no se construya la alternativa democrática que habrá de sacarlos del poder. Quieren distraer al país en un evento absolutamente innecesario, inútil y contrario a nuestra Constitución.
Ese referéndum significa poner en duda nuestra integridad territorial y la obligación que tenemos de defenderla. Ese es un mandato ya existente en el citado artículo 1 constitucional, parte fundamental de una Carta Magna que fue, además aprobaba por un referéndum.
Ese referéndum además implicaría dejar sin efecto o modificar el Acuerdo de Ginebra, el cual fue aprobado por una ley. La Constitución es taxativa respeto a la improcedencia de los referéndum para derogar leyes aprobatorias de tratados internacionales. Así lo consagra el tercer aparte del artículo 74 de la Constitución: “No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.”
En el fondo esa absurda propuesta de Jorge Rodríguez implica dejar sin efecto los mandatos de ese tratado internacional. Lo que debe hacer la Asamblea Nacional es exigir al ejecutivo cumplir con el mandato constitucional de defender esos territorios de forma real y efectiva, en el marco del derecho internacional. De modo que estamos frente a una iniciativa temeraria, manipuladora y contraria a la Constitución de nuestro país, que sólo busca distraernos apelando a un falso e hipócrita nacionalismo.
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