Restricción temporal permite solo la remoción del alambre para asistencias médicas emergentes en un punto crítico de travesía migratoria.
La problemática fronteriza entre Estados Unidos y México se enreda aún más con un nuevo capítulo: una jueza federal ha dictaminado que la Patrulla Fronteriza no debe interferir con la barrera de alambre de púas erigida por Texas en un cruce esencial para la migración. La orden de la jueza Alia Moses del 30 de octubre, solo permite cortar este alambre en casos de emergencias médicas, evidenciando un esfuerzo por controlar la travesía de migrantes que, en su desesperación, enfrentan esta peligrosa barrera tras cruzar el río Bravo.
La medida se da en un contexto donde Texas denunció al gobierno federal la semana pasada por remover parte del alambre en Eagle Pass, un punto donde miles de migrantes cruzaron a finales de septiembre, desbordando las capacidades federales de procesamiento y ayuda humanitaria. “Otra victoria para Texas y nuestra histórica misión fronteriza”, proclamó el gobernador Greg Abbott en la red social X, celebrando la orden judicial.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se abstuvo de comentar sobre el litigio en curso, pero confirmó que acatará la orden, reafirmando su mandato federal de custodiar a las personas que ingresan sin autorización al territorio estadounidense y actuar ante condiciones que pongan en riesgo tanto a migrantes como a su fuerza laboral.
Esta barrera de alambre de púas se inscribe en la Operación Estrella Solitaria de Abbott, destinada a desalentar el ingreso ilegal y dirigir a los migrantes hacia los puertos de entrada. Sin embargo, la barrera ha causado cortes y lesiones a migrantes, incluidos niños.
Eagle Pass se ha convertido en el foco de la misión fronteriza de Abbott, que ha explorado diversas medidas, desde barreras flotantes hasta el traslado de migrantes hacia ciudades de gobiernos demócratas. Ahora, con un proyecto de ley en el Congreso estatal, busca empoderar a las fuerzas policiales de Texas para detener migrantes y exigir su salida del país.
Texas alega que el gobierno federal “socava” sus esfuerzos de seguridad al cortar el alambre de púas, señalando que miles han ingresado ilegalmente por Eagle Pass. La orden judicial estará en vigor hasta el 13 de noviembre, con una audiencia programada para la próxima semana, prometiendo más disputas y debates sobre la tensa situación fronteriza.