El autor considera que Venezuela debe insertarse en la economía global de forma inmediata, en el que ya no existen excusas para no abandonar el rentismo petrolero.
Por Julio Castellanos
Es obvio que ya no estamos en aquel contexto donde la chequera petrolera provocó el delirio del «exprópiese» a diestra y siniestra, tampoco es 2016, año en el cual el modelo económico basado en controles primitivos sobre la economía colapsó y hundió a toda la población a padecer precariedad, hambre y desesperación. Más que la racionalidad, la extrema necesidad, ha obligado al gobierno a flexibilizar controles y a aceptar al dólar como la moneda preferida para las operaciones comerciales dado que el bolívar dejó de cumplir las funciones de una moneda, principalmente, aquella de ser reserva de valor en medio de la hiperinflación. Ahora bien, ubicándonos en 2023, ya es otra nuestra realidad aunque extrañamente persistan las taras de escenarios económicos y políticos pasados y superados. De hecho, en nuestro marco normativo vigente siguen estando calamidades públicas como los conceptos de «precios justos», » economía socialista», «ley antibloqueo» y hasta el fulano «desarrollo endógeno».
El nuevo escenario es el de un país que debe insertarse en la economía global de forma inmediata, en el que ya no existen excusas para no abandonar el rentismo petrolero y en el que sus distintos actores económicos tienen el interés y la convicción de producir para acceder al mercado internacional. Pero, lamentablemente, los distintos hacedores de políticas públicas con el deber de plantear nuevos rumbos de conformidad con los nuevos escenarios no están asumiendo la urgencia que esta tarea implica, al contrario, están filosofando sobre la inmortalidad del cangrejo por decir lo menos cuando de lo que se trata es poner el acelerador a reformas legales clave que estimulen la vocación exportadora y la generación de puestos de empleos asociados a ese deseable dinamismo en la industria nacional.
La buena noticia es que si hay gente trabajando, quijotescamente, por generar esas nuevas políticas para las nuevas circunstancias, aquellos que están «pensando fuera de la caja». Por una parte, Ana Isabel Taboada, presidenta de Fedecámaras – Carabobo, se encuentra levantando información sobre la oferta exportable de nuestro estado y generando discusión pública sobre la nueva legislación nacional en materia de estímulo a la exportación a efectos de hacer propuestas a la Comisión Permanente respectiva dentro de la Asamblea Nacional y que esa legislación refleje el interés de las empresas por producir, ser competitivos y exportar, así mismo se embarca en visitar las Cámaras de Comercio en cada municipio para organizar a su gremio «aguas abajo» y lograr masa crítica clave para que el país aproveche ventanas comerciales en las islas del caribe y hasta en el espacio natural de Venezuela: la Comunidad Andina.
Por otro lado, Engelbert Rivero, un concejal decididamente propositivo y con dilatada experiencia en políticas fiscales, presentó esta semana un proyecto legislativo que permitirá a ese municipio establecer un régimen fiscal especial para que las empresas que exporten productos cuyo valor agregado nacional supere el 30% puedan tener exoneraciones equiparables en los impuestos municipales respectivos. Mata dos pájaros de un solo tiro, lucha contra la voracidad fiscal y crea incentivos para la inversión y la generación de empleos. En mi municipio Libertador hemos propuesto lo propio y, entre otras cosas, que finalmente el gremio empresarial sepa el nombre y apellido del Concejal o Concejala que preside la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, que finalmente el Concejo Municipal celebre una sesión en público y que el municipio pueda tener, alguna vez, una hoja de ruta para atraer inversiones y generar empleos.
Todos los municipios de Carabobo, a sabiendas de nuestra vocación industrial y nuestra envidiable posición geoestratégica, deberían tener a sus respectivos Concejos Municipales trabajando estos temas, deberían tener a los respectivos alcaldes y al gobernador gestionando y respaldando la activación de cámaras empresariales binacionales, deberían estar presionando a los diputados de la Asamblea Nacional para que abandonen su exasperante quietud y aceleren el paso de todas las reformas pendientes. Debería haber un diálogo cada vez más institucionalizado, permanente, colaborativo, entre los gremios empresariales y los concejos municipales para reformar nuestras groseramente rezagadas ordenanzas y ponernos entre ceja y ceja que combatir la crisis humanitaria compleja, el desempleo y el hambre solo puede hacerse con productividad y competitividad internacional. Aplausos para los que sí están trabajando y todo nuestro apoyo y respaldo.
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