Tras el resultado del referéndum sobre el Esequibo, Venezuela no tendría la certeza de contar con el apoyo de sus aliados, Cuba, Rusia, China e Irán, en caso de conflicto, estima Ramón Cardozo.
Por Ramón Cardozo
La histórica reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo se ha fundamentado tanto en los hechos como en el derecho. Invocando el principio del Uti possidetis iuris, el cual se utilizó para establecer en el siglo XIX las fronteras de los nuevos estados suramericanos de acuerdo con las divisiones administrativas existentes durante la época colonial española, Venezuela ha presentado a su favor múltiples documentos históricos, como las Cédulas Reales, que confirman sus derechos sobre este territorio.
Tras el Laudo Arbitral de 1899, proceso en el que no estuvo representada directamente, los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo han sido objeto de diversas negociaciones diplomáticas. En 1966, Venezuela y Guyana suscribieron el Acuerdo de Ginebra para buscar una solución a la controversia por la vía de la negociación bilateral.
Este acuerdo establecía una comisión mixta y un plazo para dirimir el conflicto. Prorrogado ese plazo por diversas circunstancias, los dos países acordaron, en 1983¸ bajo los auspicios del secretario general de las Naciones Unidas, acogerse a los medios de soluciones pacíficas de controversias establecidos en la Carta de Naciones Unidas. En 1987, Guyana y Venezuela decidieron aceptar el método de los «buenos oficios”, que comenzó a funcionar desde 1989 en la persona de un «buen oficiante” elegido y aceptado por las partes.
Luego de 30 años, al mantenerse el statu quo y no lograrse el resultado deseado de un arreglo práctico y satisfactorio entre las partes, el secretario general de Naciones Unidas optó por la solución judicial de la controversia, lo cual hizo que Guyana llevara el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Según los principios de buena fe y solución amigable de conflictos que fundamentan el Acuerdo de Ginebra, Venezuela reconoce el papel de la CIJ para mediar en la solución del conflicto, pero nunca a instancia unilateral, sino ante la presentación del caso por ambos partes.
Para reconocer la importancia de esta controversia limítrofe, cabe destacar que el territorio del Esequibo cuenta con recursos naturales de un valor incalculable y abarca, además, una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en el territorio en reclamación más extenso del mundo.
Un referéndum contrario a los intereses del país
En octubre de este año, el régimen de Nicolás Maduro promovió un referéndum consultivo donde, a través de cinco preguntas, planteó una hoja de ruta alterna a la CIJ para resolver la disputa territorial con Guyana.
Frente a esta iniciativa del régimen, la opinión mayoritaria de los más reconocidos especialistas venezolanos en la materia coincide con la expresada por el jurista Allan R. Brewer-Carías, quien calificó el referéndum consultivo de Maduro como «errado, inconstitucional, inútil, inconveniente, inoportuno, irresponsable y contrario a los intereses del país”. Entre las múltiples razones que Brewer-Carías presenta, destaca que «es errado e inoportuno que el Gobierno pretenda ahora escudarse tras el pueblo por su falta de diligencia e interés en haber permitido y aceptado por tanto tiempo que Guyana desarrollara libremente explotaciones de recursos naturales en toda la zona en reclamación”.
El jurista venezolano advierte también que «el referéndum consultivo propuesto es inconveniente para los intereses internacionales de Venezuela, ya que, con la formulación de las preguntas, especialmente la pregunta quinta, se acusa a Venezuela de disponerse a invadir un territorio en reclamación».
Las razones de política interna detrás del referéndum
Para la internacionalista y profesora universitaria Elsa Cardozo, el referéndum promovido por Nicolás Maduro respondió, en el fondo, a una estrategia nacionalista típica, diseñada para perturbar y cambiar el foco de atención, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, respecto de la complicada situación política que actualmente atraviesa el régimen.
En primer término, señala Cardozo, «Maduro intenta evadir la responsabilidad del chavismo respecto de la situación comprometida en la que se encuentran los intereses venezolanos en el proceso del diferendo con Guyana, que inexorablemente avanza en la Corte Internacional de Justicia. En abril del año entrante, el gobierno tendría que presentar una contra memoria. Aunque el proceso es largo, el tribunal se subirá a una decisión, eventualmente, con o sin la participación de Venezuela. Este abandono inexcusable del diferendo obedeció, entre otras razones, al interés geopolítico de Chávez de contar con el apoyo y el voto de los países del Caribe en las instancias multilaterales”.
Por otro lado, según la internacionalista, «a través de esta consulta, Maduro busca también desviar la atención de los venezolanos con respecto a la grave crisis humanitaria que aún subsiste en el país, lo cual se viene reflejando en los bajísimos niveles de apoyo popular a su persona, según las últimas encuestas”. Asimismo, Maduro busca perturbar los resultados exitosos de las primarias opositoras del 22 de octubre y el proceso de unificación de las fuerzas políticas opositoras en torno a María Corina Machado como candidata alterna al régimen en las venideras elecciones presidenciales del 2024.”
Finalmente, argumenta Cardozo, «a través de este referéndum, Maduro intenta distraer y bajar la presión que la comunidad internacional -incluyendo a la mayoría de los países del hemisferio, mantiene sobre el régimen para que cumpla con al Acuerdo suscrito en Barbados, especialmente en lo relativo a su compromiso de habilitar a todos los candidatos opositores y garantizar condiciones justas para las elecciones presidenciales de 2024.”
Resultados sorpresivos e inescrutables del referéndum
Durante la campaña previa al referéndum, el chavismo utilizó todo su aparato hegemónico de comunicación para manipular a la opinión pública venezolana en función de sus intereses políticos, ejerció presión sobre los empleados públicos y los beneficiarios de los programas sociales estatales para que participaran en la consulta, y amenazó con declarar traidores a la patria a aquellos que manifestaran su rechazo al referéndum. A pesar de ello, el día de la votación se vio una baja afluencia en los centros de votación, según los reportes de los portales de noticias independientes, corresponsales extranjeros y de ciudadanos a través de las redes sociales.
Los primeros resultados suministrados por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, a las 10 p. m. del día de la consulta fueron muy escuetos. Básicamente se limitó a informar sobre «la abrumadora victoria del Sí, con una participación que superó los 10.554.320 votos”. Ello llevó a pensar a distintos analistas y líderes de opinión que el número de votantes había sido aproximadamente de 2,1 millones de personas, pues la consulta tenía cinco preguntas. Sin embargo, al día siguiente, Amoroso rectificó y señaló que 10.431.907 venezolanos habían participado en el referéndum consultivo.
La falta información precisa y completa sobre los resultados definitivos del referéndum (abstenciones, actas escrutadas, desglose de votos, etc.), la incongruencia de las cifras suministradas, así como la cifra total de votantes, que contrasta mucho con la percepción generalizada de la ciudadanía sobre la participación, arrojan muchas dudas sobre los resultados del referéndum y ponen en entredicho, una vez más, la confiabilidad del sistema electoral venezolano.
Incertidumbres sobre implementación de hoja de ruta del referéndum
Aunque los resultados del referéndum establecen una hoja de ruta para abordar la cuestión de la delimitación con Guyana, también sumergen al país en un mar de incertidumbre sobre cómo el Ejecutivo seguirá esa hoja de ruta y las posibles consecuencias que podrían derivarse de ello.
De acuerdo con Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la oenegé Control Ciudadano, la forma en que fueron presentados al país los resultados del referéndum, junto con las declaraciones posteriores de Nicolás Maduro y su insistencia en que la consulta tiene carácter vinculante y que, por tanto, obligan al Estado, «hace presumir que el gobierno tiene la firme intención de avanzar prontamente con la implementación de estas decisiones. Sin embargo, el cómo lo va a hacer, está por definirse.”
El diseño de la consulta otorga al Ejecutivo Nacional carta blanca para la implementación de las medidas allí aprobadas. Al respecto, San Miguel señala que «las preguntas del referéndum no tienen un carácter refrendario, no quedan circunscritas a un «sí” y o a un «no”, sino que le otorgan al Ejecutivo Nacional un amplio margen de acción para implementar las medidas allí aprobadas. Por ejemplo, la pregunta número 4 autoriza u ordena (si se toma como vinculante) al Ejecutivo Nacional a «oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional”. Por ello, según San Miguel, «surge la pregunta de si el Ejecutivo optará por medidas diplomáticas o también incluirá acciones militares destinadas a impedir la presencia de empresas petroleras internacionales”.
La hoja de ruta del referéndum envuelve un amplio y variado conjunto de medidas jurídico-políticas que el Ejecutivo aduce estar obligado a implementar. Esas medidas incluyen, entre otras, crear una nueva división político-administrativa denominada «estado Guayana Esequiba” y designar autoridades civiles y militares encargadas de velar por la seguridad de ese territorio. Todo este conjunto de medidas imprimirá una gran tensión a esa región.
Habrá que estar atentos acerca de la gradualidad con la que el gobierno decida llevar adelante el conjunto de acciones derivadas de las preguntas 3, 4 y 5, que son de carácter ejecutivo. «El nivel de tensión que se genere en la zona”, concluye San Miguel, «dependerá, entre otros factores, de la progresividad en el accionar y del tipo de opciones que el gobierno decida emplear para avanzar en esta hoja de ruta que ha quedado marcada a partir del referéndum. Sin embargo, debido a los grandes intereses en juego y al contexto político actual, temo que la tensión seguramente propenderá a escalar”.
En efecto, a solo dos días de ser aprobado el referéndum, Nicolás Maduro presentó ante la Asamblea General chavista el Proyecto de Ley Orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Asimismo, anunció la creación de PDVSA Esequibo y la Corporación Venezolana de la Guayana Esequiba, así como la concesión de licencias operativas de petróleo, gas y minerales. Igualmente, solicitó a la Asamblea General crear una ley para prohibir la operación de empresas en el área por delimitar, y dio un plazo de tres meses para que esas empresas se retiren del mar venezolano.
Aumenta la tensión en la región
Para Juan Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, la hipótesis de un enfrentamiento militar entre Venezuela y Guyana no luce inminente. No obstante, llama la atención que las cabezas políticas y militares de ambos países han señalado estar preparados para todos los escenarios, incluso para el escenario militar. Este tipo de declaraciones han encendido las alarmas de la comunidad internacional, sobre todo, en los países latinoamericanos, y en especial, en Brasil, que decidió reforzar militarmente su frontera norte luego del referéndum.
Según la evaluación de Contreras, para analizar las posibilidades de una eventual confrontación militar, es necesario considerar si las Fuerzas Armadas Nacionales cuentan con los recursos logísticos, el personal oficial y el armamento necesarios para llevar a cabo operaciones de esta magnitud y mantenerlas indefinidamente en el tiempo. Esto cobra especial relevancia en una frontera tan extensa y agreste como la compartida por ambos países. En la actualidad, Venezuela enfrenta la peor crisis económica de su historia reciente, y la sola amenaza de guerra agravaría aún más la difícil situación de subsistencia de su población civil. En este contexto, surgen dudas razonables sobre cuántos recursos podría disponer el Estado venezolano para asignarlos a atender de forma continuada un posible escenario de esta naturaleza.
Aunque, desde el punto de vista de tamaño y capacidad de sus Fuerzas Armadas, Venezuela aventaja a Guyana, en una hipótesis de conflicto habría que considerar también el respaldo y las alianzas de cada país. Según Contreras, «ha surtido efecto la intensa actividad diplomática de Guyana, presentándose como un país pequeño víctima de la agresión de un país en más grande.” Guyana ha logrado sumar a su causa a todos los países del Caribe (CARICOM), al Reino Unido, India, Francia, Canadá y Estados Unidos. Incluso países como el Brasil, con el que Maduro mantiene estrechas relaciones, comparte con Guyana intereses geoestratégicos y ha venido profundizado sus relaciones militares con Guyana.
Venezuela, por el contrario, alejada por el chavismo de la órbita occidental, y vinculada a países como Rusia, China, Cuba e Irán, no tendría la total certeza de contar con el respaldo de todos sus aliados en caso de un conflicto con Guyana. Por ejemplo, China tiene considerables intereses económicos en Guyana relacionados con el petróleo y la minería. Cuba ha mantenido una posición histórica en favor de los intereses territoriales de Guyana, mientras que Rusia se encuentra muy comprometida por su guerra de invasión a Ucrania. Por lo pronto, concluye Contreras, «Maduro podría procurar que Rusia o China utilicen su poder de veto para bloquear cualquier resolución contraria a Venezuela que pudiera emanar del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos estos elementos deberán ser cuidadosamente sopesados por el régimen de Nicolás Maduro a la hora de continuar implementando la hoja de ruta del referéndum consultivo”.
Publicado originalmente en DW
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