La corrupción de las autoridades de la ciudad de Miami es el tema de este artículo.
Por FABIOLA SANTIAGO
El alcalde de Miami Francis Suárez, protagonista de la reveladora investigación del Miami Herald sobre corrupción, La ciudad de la extorsión, no ve ninguna razón para dimitir.
Después de todo, ser agente de relaciones públicas de un violador de los derechos humanos como el gobierno de Arabia Saudita parece no ser un problema. Mientras no sea Cuba lo que Suárez vende al público estadounidense y de lo que se beneficie, estamos bien. Nada malo que ver.
Pero Suárez está usando su cargo público y su poderoso perfil para beneficiarse y eso debería enfurecer a los electores, tanto si ayuda a los sauditas a comprar su entrada en instituciones estadounidenses, objeto de una investigación del Congreso, como si allana el camino a un urbanizador local que le pagó $170.000 en concepto de “consultoría”, lo que es objeto de una investigación del FBI.
Y, tal vez, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de 1938, que obliga a que quienes representan intereses extranjeros lo revelen públicamente, también alcance al alcalde.
Del mismo modo, el administrador municipal Art Noriega tampoco cree que deba perder su empleo en el Ayuntamiento después de que una investigación de WLRN revelara que a la empresa de su esposa se le han adjudicado contratos sin licitación por valor de cientos de miles de dólares durante su mandato de casi cuatro años como administrador de la ciudad.
Todos sabemos que la cultura de Miami exige que compartamos las ganancias inesperadas de nuestros empleos con la familia, ¿verdad?
¿Quién mejor que su esposa para amueblar la oficina de su marido con todo ese dinero de los contribuyentes? Pero la reacción es como si no hubiera nada relevante aquí, ni para los investigadores éticos ni para el persistente periodista que siguió la pista de los $440.000 entregados a Pradere Manufacturing con sede en Hialeah.
Cloaca de corrupción
Ambos dirigentes municipales —Suárez seleccionó a Noriega, presidente ejecutivo de la Autoridad de Estacionamientos de Miami durante 20 años, y los comisionados votaron por él unánimemente— están metidos hasta el cuello en deshonrosas infracciones éticas y chanchullos posiblemente enjuiciables.
Son como dos gotas de agua en la cloaca que es el gobierno de la ciudad de Miami, administración famosa antes de estos últimos escándalos por el acto de venganza política del comisionado Joe Carollo contra dos empresarios de La Pequeña Habana, el cual condujo a una sentencia condenatoria de $63 millones.
Pero la corrupción no es un delito sin víctimas.
Cuesta a los contribuyentes, y también deja a la ciudad con un vacío de liderazgo. No importa ante cuántos mostradores de cafecitos pose ahora el alcalde con la esperanza de alcanzar la gloria en las redes sociales, en gran medida ha sido un alcalde ausente.
La incapacidad de Suárez para dar explicaciones, actuando como si no pasara nada, solo empeora la situación. El hecho de que ni él ni Noriega reconozcan ni respondan a las preguntas sobre sus irregularidades —lo que demuestra que creen que no le deben nada al público— lo dice todo.
La ciudad en una encrucijada
La ciudad está en una encrucijada y los miamenses solo pueden hacer una cosa: tomarse en serio la búsqueda de una forma de seguir adelante, con o sin la acción de las fuerzas del orden y el lento veredicto de la Comisión de Ética del Condado sobre las infracciones.
Ambos hombres parecen haber incurrido, como mínimo, en un comportamiento manifiestamente contrario a la ética y, en el peor de los casos, cometieron actos que merecen el escrutinio de las fuerzas del orden y que conllevan cargos penales.
La comisión municipal debe censurar a Noriega, o incluso despedirlo, por conceder a su esposa contratos que deberían haber sido licitados públicamente por todos los fabricantes de mobiliario de oficina. Las normas que rigen la actuación de los administradores municipales no son ningún misterio. Las leyes éticas locales y estatales prohíben a los altos funcionarios de la administración entregar fondos de los contribuyentes a familiares.
Hay que concluir que Noriega debía de estar muy a gusto con la seguridad de su puesto para haber tomado la decisión unilateral de pagar a su esposa con fondos municipales. También subestimó el talento investigador de los periodistas de Miami y la voluntad de las fuentes del Ayuntamiento de hacer lo correcto cuando ven una irregularidad: hablar con los medios.
En cuanto a Suárez, dada su nueva riqueza como alcalde millonario, no debería tener problemas para pasar página y dejar que se postule a la alcaldía alguien que realmente quiera servir.
Publicado originalmente en El Nuevo Herald (C)
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