PDVSA, la empresa petrolera de mayor riesgo ambiental, social y de gobernanza a nivel mundial.
Por RAMÓN CARDOZO
La modernización y desarrollo que Venezuela experimentó en la segunda mitad del siglo XX descansaron sobre dos cimientos claves: la democracia y su robusta y próspera industria petrolera. Lamentablemente, ambos pilares sucumbieron a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI con la llegada al poder de Hugo Chávez y su Revolución Bolivariana.
El declive progresivo y profundo de la que alguna vez se consideró una de las industrias petroleras más eficientes y tecnológicamente avanzadas del mundo, ha dejado consecuencias significativas para los venezolanos. Este colapso de la principal industria del país no solo ha provocado una marcada disminución en la principal fuente de divisas e ingresos públicos, sino que también ha dejado a su paso una considerable devastación ambiental que el régimen chavista ha buscado ocultar tras un velo de opacidad.
PDVSA, la empresa petrolera de mayor riesgo ESG a nivel mundial
El ESG Rating (por sus siglas en inglés, Environmental, Social, and Governance Rating) es una métrica que se emplea internacionalmente para evaluar los riesgos que afectan el valor de las empresas en función del impacto de sus operaciones en el medio ambiente, su compromiso con la responsabilidad social y la calidad de su gobernanza corporativa.
Sustainalytics, una de las principales agencias de calificación ESG, le asignó a PDVSA en su Rating ESG 2023 una puntuación de 88.9 /100, incluyéndola en la categoría de «riesgo severo”. En su última actualización del 31 de octubre de 2023, el ESG Rating de Sustainalytics ubicó a PDVSA en el último puesto entre las 15.905 empresas evaluadas alrededor del mundo, las cuales incluyen 314 grandes industrias de petróleo y gas.
La ONG Transparencia Venezuela, en su informe titulado «PDVSA, a espaldas de los criterios ESG» (noviembre de 2023), respalda la evaluación que hace Sustainalytics sobre PDVSA, afirmando que «desde que el poder ejecutivo tomó control de la gobernabilidad de PDVSA en 2003, se fue descuidando su modelo de negocio y su responsabilidad social y ambiental”.
Según esta ONG, «en los últimos 20 años se ha venido desestimando la responsabilidad corporativa de la empresa y se ha comprobado que la aplicación de políticas discrecionales que responden a un pequeño grupo de altas autoridades del gobierno ha resultado ser nociva para el mantenimiento y planes futuros de la empresa”.
El desafío de precisar la magnitud real del daño ambiental
Estimar con precisión el alcance real del impacto ambiental de la industria petrolera en Venezuela se ha convertido en una ardua tarea. A lo largo de las últimas dos décadas, el Estado venezolano ha implementado una política sistemática de ocultar o dejar de divulgar gran parte de las estadísticas e indicadores esenciales relacionados con los aspectos ambientales, económicos y sociales del país. Esta situación, denunciada de manera reiterada por la sociedad civil organizada, ha llevado a que en el país exista una notable escasez de estadísticas y datos públicos fácilmente accesibles, claros, integrales, coherentes y organizados de manera sistemática.
PDVSA ha contribuido de manera significativa a la política de ocultamiento informativo que existe en el país, al abstenerse de publicar desde el 2017 sus informes financieros y de gestión ambiental y social. Por otra parte, según la investigación de Transparencia Venezuela, los informes disponibles de la estatal petrolera para los años anteriores (2009-2016), revelan deficiencias sustanciales en la información sobre la gestión ambiental de la industria. Esta falta de transparencia ha socavado la debida rendición de cuentas en materia ambiental de PDVSA y de las 44 empresas mixtas que colaboran con ella.
El silencio de PDVSA ha sido respaldado por los entes gubernamentales a los cuales corresponde proteger el medio ambiente venezolano. Así lo sostiene la Sociedad Venezolana de Ecología (2020): «En
la mayoría de los casos, se desconoce el grado de contaminación que generan los derrames petroleros, tanto al ecosistema como a la población venezolana, así como la magnitud de estos, debido al silencio de PDVSA y la opacidad con que el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) y el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) han actuado”.
Ausencia de datos precisos
La revisión efectuada por Transparencia Venezuela de los informes disponibles de gestión ambiental y social de PDVSA (2009-2016) revela que la empresa estatal no suministra información cuantitativa sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por la industria.
Esta omisión es notoria, ya que estimaciones de fuentes alternas sugieren que Venezuela contribuye aproximadamente con el 0,72 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) originadas por las operaciones de combustibles fósiles, ubicándose como el cuarto país con mayores emisiones en América Latina, por debajo de México, Brasil y Argentina.
De manera análoga, PDVSA omite en sus informes datos cuantitativos acerca de otros contaminantes atmosféricos generados por la industria petrolera, como el dióxido de azufre, los óxidos nitrosos, el mercurio, las partículas de hollín y los metales pesados. Desde hace varios años, la existencia de este tipo de contaminación ha sido particularmente evidente en el Complejo Petroquímico del estado Anzoátegui, donde la industria acumula a cielo abierto enormes volúmenes de coque residual derivados de la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este coque de petróleo, altamente tóxico debido a su elevado contenido de azufre y de metales pesados, como el vanadio y el níquel, ha generado un significativo impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de los habitantes de la zona.
Silencio de PDVSA respecto al daño ambiental
La opacidad informativa de PDVSA ha aumentado con el tiempo, especialmente en relación con los derrames petroleros en Venezuela. Este problema se agrava debido a la ubicación de las instalaciones petroleras en las costas venezolanas y su proximidad a áreas naturales protegidas, muchas de las cuales están a menos de 10 km de distancia. Como señalan los especialistas, esta situación amplifica considerablemente el impacto ambiental de los derrames petroleros, que en las dos últimas décadas ocurren de manera cada vez más frecuente e incontrolada en el país.
El experto petrolero Einstein Millán, exgerente de PDVSA, señaló en una entrevista para el Observatorio de Ecología Política en 2020 que «la situación de siniestralidad en PDVSA es delicada, recurrente y ha venido agravándose de forma creciente a partir de 2007-08, pasando de menos de 10,000 barriles derramados por año a más de 150.000 y de menos de 200 accidentes por año a más de 4,000 en promedio hasta 2017”. Esto implica un aumento de más del 1.400 por cien en la cantidad de barriles derramados y de más del 1.900 por cien en la frecuencia de los derrames ocurridos entre 2007 y 2017.
Lucha por visibilizar la gravedad de los derrames petroleros
A partir de 2016, ante la negativa de PDVSA de continuar publicando sus informes de gestión, organizaciones ambientalistas venezolanas asumieron la tarea de hacerle seguimiento por cuenta propia al número de derrames y accidentes petroleros que eran reportados por particulares en el país. Entre los años 2016 y 2022, la ONG Clima 21 logró contabilizar 279 derrames petroleros. Por su parte, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela contabilizó 243 derrames entre 2021 y 2023.
Es importante destacar que las cifras reportadas por los informes de las ONG no reflejan la magnitud real de la problemática ambiental ocasionada por los continuos derrames y apenas recoge aquellos casos que han sido visibles por reportes en diferentes medios digitales y redes sociales. Estas cifras son considerablemente inferiores al total de derrames ocurridos en la industria, como se evidencia en 2016, año en el cual particulares y medios solo reportaron 12 derrames petroleros visibles, mientras que el informe oficial de ese año, el último publicado por PDVSA, registró más de 8.000 casos.
La opacidad de la industria petrolera venezolana no se ha limitado a ocultar las cifras de frecuencia y grado de contaminación generados por los derrames petroleros. Los entes gubernamentales, además, han prohibido a periodistas, ambientalistas e investigadores independientes el acceso para inspeccionar las áreas cercanas a los derrames. Estas restricciones gubernamentales han sido parcialmente superadas a través de medios alternativos, como el proyecto de «Ciencia ciudadana”, impulsado por la Sociedad Venezolana de Ecología. Mediante este proyecto, se elaboró un mapa de las zonas afectadas por hidrocarburos en el estado Falcón, utilizando fotografías georreferenciadas enviadas por ciudadanos particulares.
Imágenes satelitales
Otro medio alternativo para superar el silencio gubernamental sobre los derrames petroleros en el país han sido las imágenes satelitales. El 26 de diciembre pasado, en la refinería El Palito del estado Carabobo, ocurrió un grave derrame petrolero, cuya cobertura periodística fue impedida por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Según la denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), efectuada el 27 de diciembre de 2023 a través de su cuenta X (antes twitter) @sntpvenezuela, «los funcionarios obligaron a las periodistas y fotógrafos a borrar el material, incluso de las papeleras de sus teléfonos, para poder retirarse de la playa en la que se registró un derrame desde la madrugada del 26 de diciembre”.
PDVSA, por su parte, desestimó la gravedad del derrame e informó que la situación estaba siendo atendida y en poco tiempo estaría superada. Gracias al uso de imágenes satelitales, sin embargo, el ingeniero Eduardo Klein, experto del Laboratorio de Sensores Remotos de la Universidad Simón Bolívar, pudo verificar la gravedad del accidente y determinar que la mancha y la contaminación asociada al derrame de hidrocarburo ocurrido cubría aproximadamente 70 km2 del mar frente a las costas venezolanas, afectando las islas coralinas del Parque Nacional San Esteban.
Días después, el 31 de diciembre, el ingeniero Klein, a través de su cuenta X (antes twitter) @diodon321, con imagen de radar Sentinel1, mostró cómo el hidrocarburo seguía percolando hacia el mar, extendiéndose a más de 50 km hacia el este, hasta Ocumare y Cuyagua, contradiciendo así a PDVSA, que afirmaba haber controlado el derrame y saneado la playa.
Las condiciones sociales y económicas ruinosas en las que se encuentra sumida Venezuela después de 25 años de la Revolución Bolivariana sugieren que el país seguirá dependiendo del petróleo a corto y mediano plazo. Por esta razón, es urgente descorrer el velo de opacidad que le ha permitido a los responsables de la estatal petrolera ocasionarle al país un inmenso daño ambiental que aún está por cuantificarse en toda su dimensión.
Publicado originalmente en DW (c)
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