El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, establece un ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro, advirtiendo sobre posibles consecuencias si no se cumplen los acuerdos pactados con la oposición y la administración de Biden.
Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha recordado el plazo hasta abril para que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con todos los compromisos adquiridos con la oposición venezolana y la administración de Joe Biden en 2023.
En una rueda de prensa, Sullivan anunció que Estados Unidos tomará acciones una vez transcurridos los seis meses de la licencia general para transacciones de petróleo, evaluando si el gobierno chavista ha cumplido con lo pactado.
«La estructura de comprensión entre Estados Unidos, el régimen de Maduro y la oposición no fue construida sobre algún tipo de fe duradera en la implementación del acuerdo. Fue construido sobre la verificación. Así que, veremos en su momento», señaló Sullivan, enfatizando la necesidad de verificación de los compromisos.
El funcionario advirtió que, de no cumplirse los compromisos, el gobierno estadounidense tomará un «rumbo diferente», aunque no proporcionó detalles sobre las medidas que podrían tomarse. Sin embargo, Sullivan destacó que, si se respetan los acuerdos, Estados Unidos continuará con el levantamiento de sanciones.
«En la estructura del trato, usamos el mismo tipo de verificación para ver si estaban o no en condiciones para hacer las cosas que dijeron que iban a hacer, no íbamos a prejuzgar si lo estaban o no», explicó Sullivan, subrayando la importancia de cumplir con los compromisos pactados.
Sullivan aseguró que todo está establecido desde el inicio del diálogo entre las naciones, y se espera que el proceso se desarrolle sin contratiempos.
Por otro lado, regresaron las sanciones para Venezuela con la derogación de la licencia que aliviaba las medidas a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).
A partir del 14 de febrero, todas las transacciones con esta empresa estatal serán penalizadas, en respuesta a la ratificación de la inhabilitación política a la candidata presidencial de la oposición María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).