Delsa Sólorzano, líder de Encuentro Ciudadano, cuestiona las bases legales de la detención de Rocío San Miguel, resaltando la importancia del debido proceso y la libertad de expresión.
En Venezuela, el debate sobre los límites de la justicia y el respeto a los derechos humanos vuelve a encenderse tras la detención de Rocío San Miguel, acusada por poseer mapas con instalaciones militares marcadas. Delsa Solórzano, presidente del partido Encuentro Ciudadano (EC) y reconocida defensora de derechos humanos, califica la situación de «absurda» y cuestiona la legalidad de las acciones tomadas por el Fiscal General del régimen.
«El delito de porte ilícito de mapas no existe», declaró Solórzano, quien también participó en una concentración en apoyo a San Miguel. La líder política y abogada argumenta que la disponibilidad de mapas, incluso en libros de texto escolares y plataformas digitales como Google, hace que la acusación carezca de fundamento. «En primaria, en los libros de geografía e historia, vienen muchos mapas; en Google hay mapas satelitales exactos, esto es absurdo», agregó.
Solórzano enfatiza la importancia de preservar el debido proceso y el derecho a la defensa, principios que considera están siendo vulnerados en el caso de San Miguel. «Aquí no se puede seguir naturalizando la violación de derechos humanos», señaló, criticando las pruebas presentadas por el fiscal como insuficientes y carentes de validez legal.
El caso de Rocío San Miguel no es aislado. Solórzano recuerda la situación de otros presos políticos en Venezuela, como Nelson Piñero, dirigente de Encuentro Ciudadano, detenido por expresar sus opiniones en redes sociales. «Él está preso por el simple hecho de escribir en Twitter (X), eso tampoco es delito, opinar no es un delito», dijo Solórzano, defendiendo la libertad de expresión y señalando la tendencia del régimen a criminalizar la disidencia.