A pocas semanas del plazo para presentar su defensa, Venezuela, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, sostiene su rechazo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la disputa por el Esequibo.
En un desafío abierto a las normativas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho eco nuevamente de la firme posición del país al rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Este pronunciamiento llega en un momento crítico, a poco más de un mes para que Venezuela presente una contramemoria en defensa de su reclamo sobre este territorio, rico en recursos naturales.
«Venezuela no acepta ni aceptará colonialismo judicial. Como nación, jamás hemos reconocido que la Corte Internacional de Justicia dirima la controversia limítrofe sobre el Esequibo. Es una posición histórica que mantendremos siempre», declaró Maduro a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X.
La CIJ, por su parte, se había declarado competente para pronunciarse sobre la disputa, marcando el próximo 8 de abril como el plazo límite para que Venezuela articule y presente su contramemoria. Este escenario plantea un desafío significativo para la diplomacia y el derecho internacional, dada la negativa de Venezuela a aceptar la autoridad del tribunal.
Maduro, anticipando posibles resultados adversos, ha llamado a Guyana a «sentarse a dialogar, a negociar y a llegar a un acuerdo», independientemente de la decisión que emita la CIJ. Esta insistencia en el diálogo sugiere una búsqueda de soluciones diplomáticas paralelas al litigio en curso, manteniendo «la misma posición» histórica de Venezuela ante cualquier eventualidad.
La controversia sobre el Esequibo no es solo una disputa territorial; es un enfrentamiento cargado de nacionalismo, derechos sobre recursos naturales y la soberanía de dos naciones sudamericanas. A medida que se acerca la fecha límite para la presentación de la contramemoria venezolana, los ojos del mundo estarán puestos en la CIJ, esperando ver cómo se desenvuelve este capítulo de larga data en la historia de disputas territoriales en América Latina.