Hasta 2025, descendientes de españoles que se exiliaron podrán solicitar la nacionalidad sin perder su actual ciudadanía.
En una medida que refuerza el compromiso de España con su pasado y con aquellos afectados por los tumultuosos períodos de la guerra civil y el franquismo, el Gobierno ha decidido extender hasta finales de 2025 el plazo para que los descendientes de españoles exiliados puedan solicitar la nacionalidad española. Esta decisión, anunciada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viene a dar un nuevo aliento a miles de personas que, diseminadas principalmente por Latinoamérica, buscan reforzar sus lazos con el país de sus ancestros sin perder su nacionalidad actual.
La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, inicialmente establecía un plazo de dos años para estas adquisiciones de nacionalidad, con la posibilidad de una prórroga de un año adicional por parte del Consejo de Ministros. Ahora confirmada, esta prórroga abre la ventana hasta el 21 de octubre de 2025 para formalizar las solicitudes.
Este proceso está dirigido a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originalmente españoles que perdieron su nacionalidad al exiliarse por razones políticas, ideológicas, de creencia, o de orientación e identidad sexual durante la guerra civil española o bajo el régimen de Franco. También incluye a los hijos nacidos de madres que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.
«Sé que es una noticia esperada por muchos descendientes de españoles», señaló Torres, reflejando la importancia de esta medida para reivindicar la memoria histórica y hacer justicia a las víctimas de uno de los períodos más oscuros de España. La diáspora española, que se esparció por el mundo huyendo del conflicto y la represión, encontró en países como Cuba, Argentina, México y Venezuela no solo refugio, sino también una nueva vida.
Durante el periodo establecido por la norma previa de 2007, se concedió la nacionalidad española a 213.787 personas, evidenciando el profundo impacto y la necesidad de estas medidas de reparación. Torres también anunció su intención de visitar los países que acogieron a los exiliados para ofrecer toda la información necesaria sobre los trámites, subrayando el esfuerzo del gobierno por facilitar este proceso.
La prórroga es un paso más hacia el reconocimiento y la reparación de las injusticias del pasado, permitiendo que las nuevas generaciones de descendientes de exiliados fortalezcan su vínculo con España. Con casi 36.117 solicitudes recibidas solo en el Consulado de España en La Habana hasta enero de este año, la medida resuena especialmente en Latinoamérica, donde el legado del exilio español sigue vivo en sus comunidades.