El autor considera que el proceso convocado está muy distante de ser una elección imparcial, segura y transparente pero aún en esas circunstancias estima que la sociedad democrática debe concurrir y dar la lucha electoral.
Por César Pérez Vivas
Nicolás Maduro mostró su juego definitivamente. Se le agotó el tiempo para sus tácticas dilatorias, respecto al día que a él le luce más conveniente montar el acto de votación para la elección presidencial. Ha fijado el 28 de julio de este año 2024. Y ordenó hacerlo público el pasado 5 de marzo. Fijaron esa fecha para resucitar la figura de Hugo Chávez cuyo nacimiento ocurrió un día como ese. Después de haberlo casi desaparecido de la hiper propaganda oficial, buscan resucitar su figura. Una nueva confesión de la debilidad que los acompaña.
Su táctica de ocultar la fecha y el cronograma no le dio para más, y puso en evidencia su falta de talante democrático. Las fechas, los tiempos y los lapsos establecidos en el cronograma electoral evidencian, de forma clara, lo que les mueve en este nuevo proceso, con el cual buscan perpetuarse en el poder. Todo el teatro de la supuesta consulta adelantada por Jorge Rodríguez, en la sede de la Asamblea Nacional, era parte de ese ganar tiempo para finalmente anunciar su inconstitucional e ilegal cronograma.
Es inconstitucional porque al hacerlo de forma tardía, y con unos lapsos tan breves, sobre todo para garantizar el derecho a elegir a millones de ciudadanos, viola normas taxativas de nuestra carta magna. En efecto el último aparte del artículo 62 de la Constitución, al referirse a los derechos políticos, establece textualmente lo siguiente: “Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.”
Es evidente que la forma y el contenido del cronograma anunciado violenta el espíritu de este mandato constitucional. El CNE no está cumpliendo con la obligación de “facilitar las condiciones más favorables” para el ejercicio del derecho a la participación política, mediante el voto, a los ciudadanos venezolanos residentes en el territorio nacional y en el exterior
El haber ocultado por tanto tiempo la fecha, para hacerla coincidir con la fecha del nacimiento de Hugo Chávez, es además una muestra de opacidad, parcialidad e incertidumbre, lo cual viola los principios de igualdad, transparencia y eficiencia consagrados en el primer aparte del artículo 293 de la Constitución que textualmente establece:
“Los órganos del poder electoral garantizarán la igualdad, seguridad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y de la representación proporcional.”
De modo que con el contenido, con la forma y los lapsos anunciados no hubo ni imparcialidad, ni transparencia, ni igualdad, ni tampoco habrá eficiencia, porque de forma deliberada se busca negar el derecho a la participación política, es decir a votar, a millones de ciudadanos que por el cierre de hecho del Registro Electoral no han podido acceder al mismo.
Además la fecha del 28 de julio del 2024 viola el espíritu, razón y propósito del artículo 42 de la ley orgánica de procesos electorales que a la letra dice: Artículo 42: “La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordia con los periodos constitucionales y legalmente establecidos.”
Si la Constitución Nacional, en su artículo 231, establece el inicio del periodo presidencial el día “10 de enero del primer año de su periodo constitucional…” lo sensato es que su elección se efectúe pocos días antes. Si bien no hay una norma taxativa que fije una fecha exacta, es de sentido común, de lógica jurídica y política, que la elección no debe hacerse a un tiempo tan distante de la fecha en que termina el mandato vigente y comienza el nuevo periodo. Un lapso de más de cinco meses entre la fecha de la elección presidencial y la toma de posesión es altamente contraproducente a la salud institucional del país.
Pero ninguna de las consideraciones constitucionales y legales aquí citadas perturba a la cúpula que detenta el poder. Solo les mueve la vieja maña de usar el control de las instituciones para buscar ventajas abiertamente contrarias a los principios éticos y democráticos.
Acudiremos además a ese proceso, con los partidos políticos intervenidos y confiscados, en un clima de censura y control absoluto de los medios de comunicación social y con un proceso de violencia institucional contra quienes somos claramente opositores democráticos al actual régimen político del país.
De modo que el proceso convocado está muy distante de ser una elección imparcial, segura y transparente como lo ordena la Constitución. Aún en esas circunstancias considero que la sociedad democrática debe concurrir al proceso y dar la lucha electoral, a pesar de esas condiciones absolutamente injustas y desventajosas. La voluntad de cambio hoy existente en la sociedad venezolana se va a expresar claramente. La cúpula roja tendrá que decidir si termina por aceptar esa realidad reconociendo su derrota, o si opta transitar la ruta del fraude abierto y decide por la vía de la fuerza quedarse en el poder, con todas las consecuencias que dicho comportamiento puede generarle a la salud institucional del país.
Lo he dicho en otro momento en términos más simples, apelando al lenguaje coloquial, con el fin de ser más expresivo. Asistiremos a una “caimanera electoral”. Vamos a ganarle a Maduro en su cancha irregular, con sus árbitros, sus reglas y sus barras (sus grupos violentos de la furia bolivariana). Las tribunas las tenemos nosotros, los ciudadanos que queremos regresar a la democracia somos una mayoría determinante. No podemos, entonces, dejarles la cancha sola. Vamos a rescatar la libertad y el bienestar de la nación este próximo 28 de julio.
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