La Corte Suprema de EE.UU. permite a Texas avanzar con la implementación de la ley SB4, intensificando el debate sobre el control de la inmigración.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde a Texas para comenzar la implementación de la ley SB4, una medida que ha generado un fuerte debate a nivel nacional sobre las políticas de inmigración y el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados. Esta decisión permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado al país de manera ilegal, una competencia tradicionalmente reservada al Gobierno federal.
En un fallo que ha evidenciado la polarización dentro del propio tribunal, los tres jueces liberales expresaron su desacuerdo, mientras que una opinión concurrente de la jueza Amy Coney Barrett, apoyada por el juez Brett Kavanaugh, sugirió prudencia en la intervención de la Corte sobre decisiones «administrativas» de los tribunales de apelaciones.
La controversial ley SB4, promovida por el gobernador republicano Greg Abbott, ha sido criticada por defensores y activistas de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten sobre el riesgo de perfilamiento racial y la potencial violación de los derechos humanos. Además, la ley plantea un desafío directo a la autoridad federal sobre asuntos de inmigración, agitando las aguas de un tema ya de por sí tenso en la política estadounidense.
La jueza liberal Sonia Sotomayor, en su disidencia, advirtió sobre las consecuencias de permitir a Texas implementar su propia legislación migratoria, argumentando que esto podría desestabilizar las relaciones exteriores, afectar a individuos que buscan refugio de la persecución, y entorpecer los esfuerzos federales de aplicación de la ley.
La ley SB4 representa un punto de inflexión en la larga historia de disputas entre los estados y el Gobierno federal sobre el control de la inmigración. Mientras Texas celebra esta decisión como una victoria en su lucha por la seguridad fronteriza, sus detractores ven en ella un retroceso en los derechos de los inmigrantes y una amenaza al delicado balance de poderes que ha definido la política migratoria de EE.UU. durante casi un siglo y medio.