Frente a una sentencia histórica, el expresidente lucha por evitar la incautación de sus activos mientras apela.
En un revés sin precedentes para un expresidente estadounidense, Donald Trump se encuentra ante la amenaza inminente de la incautación de activos significativos tras la sentencia por fraude civil dictada en su contra. Con un monto que supera los $454 millones, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se prepara para una posible confiscación de propiedades, cuentas bancarias, y otros activos si Trump no logra asegurar la fianza requerida para cubrir el fallo mientras procede su apelación.
El equipo legal de Trump ha solicitado a un tribunal estatal de apelaciones que le permita depositar una fianza menor, argumentando el «daño irreparable» que una venta forzosa de propiedades representaría para el expresidente. Esta maniobra legal refleja la desesperada situación en la que se encuentra Trump, cuyas propiedades emblemáticas y activos están ahora en juego.
La situación se complica aún más con la revelación de que, según Trump, cuenta con casi $500 millones en efectivo, destinados inicialmente para su campaña presidencial. Esta afirmación ha sido matizada por su abogado, quien señaló que se refiere al dinero acumulado a lo largo de años de gestión exitosa de negocios.
Los expertos legales coinciden en que las cuentas bancarias de Trump serían el primer blanco de cualquier acción de incautación, dada la relativa facilidad para embargarlas en comparación con propiedades físicas. El proceso para tomar control de edificaciones y empresas, aunque más lento, ya ha comenzado con movimientos legales que apuntan a propiedades clave en Nueva York y posiblemente más allá.
La estrategia de la fiscalía podría incluir la incautación de propiedades icónicas como Mar-a-Lago en Florida, aunque las batallas legales en otros estados se antojan más complejas.
Mientras tanto, la opción de la bancarrota pende sobre Trump como un último recurso para detener el proceso de incautación, aunque con consecuencias que podrían ser tan devastadoras como la misma sentencia.
La fiscal general Letitia James, armada con una sentencia firme y el respaldo de la ley, avanza en lo que podría ser uno de los casos más emblemáticos de su carrera, enfrentándose a un adversario que, pese a su historial de litigios, parece encontrarse en una posición particularmente vulnerable.