El gobierno de Maduro denuncia acciones de Guyana en zonas marítimas sin delimitar, exacerbando un conflicto territorial antiguo.
La reciente decisión del gobierno guyanés de otorgar una licencia de producción de petróleo a ExxonMobil en áreas marítimas aún sin delimitar, ha generado una respuesta vehemente del gobierno de Venezuela, que considera estos actos como una violación flagrante del derecho internacional y una amenaza a su soberanía.
En un comunicado difundido a través de X, el Gobierno de Nicolás Maduro expresó un rechazo «enérgico y categórico» a lo que denomina una «secuencia de actos ilegítimos perpetrados por Guyana». Según Caracas, estas acciones contravienen no solo la legalidad internacional sino también los acuerdos bilaterales establecidos previamente entre ambos países, específicamente en una reunión el pasado 14 de diciembre en Argyle.
«Resulta preciso indicar que el Gobierno de Guyana no posee derechos soberanos sobre estas áreas marinas y, en consecuencia, cualquier acción dentro de estos límites contraviene las regulaciones y los acuerdos fijados por el derecho internacional», afirmó el Gobierno venezolano en su declaración. Además, subrayó que las concesiones otorgadas por Guyana en estas zonas por delimitar son «inaceptables» y «violatorias del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela».
Esta controversia se inscribe en un contexto más amplio de disputa territorial que incluye el área del Esequibo, una región rica en recursos que ha sido motivo de desacuerdo entre ambos países desde hace más de un siglo. La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando Venezuela realizó un referendo consultivo el 3 de diciembre del año pasado, en el que aprobó medidas para la anexión de esta área.
El viernes pasado, Guyana anunció la concesión de una licencia de producción a ExxonMobil para el desarrollo del proyecto Whiptail, ubicado en el bloque Stabroek. Este proyecto, que se espera produzca 250.000 barriles de petróleo diarios, elevaría la producción diaria de Guyana a 1,3 millones de barriles para finales de 2027, consolidando así su posición como un jugador significativo en la industria petrolera regional.
El comunicado venezolano también advirtió que «tales acciones no generan ningún tipo de derechos a los terceros que participen en dicho proceso», lo que podría interpretarse como una advertencia a empresas y gobiernos que consideren involucrarse en la explotación de recursos en las áreas disputadas.
Finalmente, Venezuela declaró que los asuntos marítimos entre ambos países deben ser resueltos de manera bilateral y no unilateralmente, como sugieren las acciones de Guyana. El Gobierno de Nicolás Maduro afirmó que no permitirá que estas maniobras comprometan los derechos soberanos venezolanos y que continuará defendiendo su posición en el ámbito internacional.