La represión no solo ha costado unas cien víctimas fatales sino miles de heridos y afectados, y cientos de presos políticos, que sobreviven en condiciones infrahumanas y son sujetos de torturas en las cárceles del país, incluyendo en el Helicoide, sede de la policía política SEBIN.
La violación de los derechos humanos (DD.HH.) durante los casi dos decenios del chavismo ha ido en incremento. Pero sin duda desde 2014 y en especial durante este año, esto ha tomado dimensiones gigantescas en forma de represión masiva y sistemática aplicada a la resistencia pacífica de la sociedad civil.
La policía política
Luego del desmantelamiento de la emblemática y cruel Seguridad Nacional de Pérez Jiménez se crea la temida Dirección General de Policía o DIGEPOL. 10 años después, al ser derrotada la guerrilla, con Caldera se crea la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención o DISIP, que con ese nombre funciona 40 años hasta que en 2009 se disuelve y se crea el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional o SEBIN. Todas estas instituciones estuvieron adscritas al Ministerio de Relaciones Interiores, pero en 2013 el SEBIN se adscribe a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, aunque es el presidente quien nombra a su director. Según el periodista especializado Javier Mayorca, “El Sebin se maneja sin controles internos, en medio de un peligroso voluntarismo”. Por cierto que el Gen. Rodríguez Torres estuvo al frente de la DISIP-SEBIN desde el 2002 hasta 2013, pasando por su reestructuración en 2009. En 2013 Maduro lo nombra Ministro del Interior y llega al SEBIN el general Gustavo González, quien se mantiene hasta el momento. Ambos han sido sancionados por los EE.UU. por violaciones a los DD.HH.
SEBIN y la represión
Mientras la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional (PN) son los que arremeten contra los manifestantes pacíficos y toman mucho centimetraje de las noticias, el SEBIN actúa más selectivamente en allanamientos, redadas, seguimientos y apresamientos. Además actúa en combinación GN y PN en procesos de represión masivas que incluyen las famosas Operación Liberación del Pueblo (OLP), pero también las realizadas en 2014 y ahora en 2017 contra manifestantes, muchos de los cuales terminan presos en sus instalaciones .
Al momento de encerrar a Leopoldo López en su casa, habían 416 presos políticos. Ellos están distribuidos en 6 cárceles y centros de detención, incluyendo el famoso Dorado. Según la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), durante los 100 primeros días de protestas se han producido 3.666 arrestos de personas en manifestaciones y 1.147 siguen tras las rejas. De ellas hay 467 casos que han pasado a tribunales militares. Según la Fiscalía General habrían habido 1.413 heridos: 1.138 civiles y 275 funcionarios de seguridad. Aunque Henrique Capriles, estima que hay como 15.000 de alguna forma afectados. La Fiscalía adelanta 450 investigaciones por violación de derechos humanos.
En 2015 se determinó que de los 86 presos políticos que había en ese momento, 40 estaban en el SEBIN ubicado en el Helicoide, Caracas. Según la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) en la actualidad allí hay 340 reclusos y de ellos unos 272 serían presos políticos.
Infrahumanas
La mencionada ONG en su informe “Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela” señala problemas de hacinamiento y falta de servicios como agua, que debe ser provista por los familiares. En el espacio creado para albergar 80 personas hay 340. El reporte nos dice que el hacinamiento es tan grave que los presos se ven obligados a turnarse para dormir. Muchas celdas carecen de acceso a baños y agua limpia, obligando a los reclusos a coexistir con sus propios excrementos y proporcionando un caldo de cultivo para enfermedades.
Allí se practican, según el informe, diversas formas de tortura, que incluyen descargas eléctricas, golpes con bates y ahogamiento químico en amoníaco o insecticida. Así como tortura sicológica al ser obligados a gritar consignas a favor del régimen a riesgo de ser apaleados o sufrir una detención prolongada. Tambien existe el encierro en la famosa “Tumba”.
Autonomía del SEBIN
El SEBIN se ha negado en varios casos a liberar presos que tiene boleta de excarcelación emitida por el correspondiente tribunal. El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunciaba que existen 19 presos políticos con órdenes de excarcelación, pero la policía política se ha negado a dejarlos en libertad. Entre ellos 14 policías del municipio Chacao con boletas de excarcelación desde marzo de este año. Y el dirigente de Voluntad Popular Yon Goicoechea, que cuenta con ella desde diciembre de 2016. Además están los casos de Javier Elías Briceño, Víctor Hugas, Rafael Liendoy José Vicente García. Según fuentes bien informadas en esto hay un proceso de corrupción, pues algunos funcionarios exigen pagos en dólares para proceder a la liberación. En todo caso muchos especialistas prefieren designar a estas personas no como presos sino como secuestrados. Por cierto que este ha sido el caso de algunos jueces que aunque la fiscalía retira la acusación, ellos se niegan a hacerlo e incluso añaden delitos.
En todo caso la situación de los policías se complica, pues la fiscal investida inconstitucionalmente por el TSJ, fue designada, también por el TSJ, para presentar el caso ante el mismo TSJ.
La Haya
La consigna de “te espero en la Haya”, es decir en tribunales internacionales y en especial en la Corte Penal Internacional (CPI), es asunto cotidiano. Las crecientes violaciones de DD.HH., como torturas y tratos crueles e inhumanos que se reportan no son algunos casos esporádicos. Pero en general esto se ha convertido en un mito. En realidad, nueve denuncias se han introducido contra Chávez y Maduro en la CPI sin haber obtenido ninguna respuesta.
Hay que tener claro que la CPI, creada el Estatuto de Roma (ER), no es para juzgar casos de violaciones de DD.HH. en general. En realidad el ER habla de cuatro tipos de crímenes, Genocidio, de Guerra, de Agresión y de Lesa Humanidad. Con respecto a este último hace un listado muy largo, donde se incluye la tortura y la desaparición forzada de personas “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. No solo se tiene que demostrar que hay tortura, se tiene que demostrar que esa violación es masiva, sistemática y conocida, es decir permitida, por el gobierno. Y justamente en ese sentido es que el asunto se complica, por lo difícil de demostrar esas características. El trabajo más avanzado en este sentido es el realizado por la Dra. Tamara Sujú, quien ha levantado un expediente con 600 casos que muestran un patrón de torturas común a varios organismos de seguridad y se aplica sin distinción de edad, de sexo ni condición social a fin de obtener información, intimidar y castigar a quienes protestan.
Los delitos de Lesa Humanidad y las violaciones de los DD.HH. no prescriben y muchos de estos torturadores, sus jefes y la cadena de mando, tendrán que enfrentar la justicia. Pero que se abra un expediente en la Corte Penal Internacional puede ser una tarea de muy largo plazo.