Diversos analistas advierten que la cúpula cívico-militar que se apoderó del Estado vene-zolano aprovecha sus bienes solo en su beneficio y sanciona a todo aquel que la critique o le diga cómo debe actuar para que el pueblo no sufra las consecuencias de sus errores o planes macabros.
La cúpula cívico-militar repite las mismas estrategias que aplicó Fidel Castro y su familia en Cuba y no vacila en culpar al imperio norteamericano por todos los males que su modelo económico y administrativo causa a millones de venezolanos, condenados a pasar hambre y morir de mengua porque en Cuba el hambre sirvió de anzuelo para la perpetuidad de ese proyecto político.
Durante los 40 años que los partidos AD y Copei se alternaron en el Gobierno nacional, jamás los venezolanos habían sufrido una escasez de alimentos como la actual.
El pasado sábado en el canal Promar TV de Barquisimeto, el profesor de economía Aníbal Peña Javitt, jubilado de la Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado (UCLA), explicó que el actual gobierno dice que gran parte de los impuestos recabados son devueltos al pueblo en inversión social, pero resulta que esos recursos no van a educación, salud y seguridad, por lo tanto no son inversión social. Cuando esos recursos son utilizados para financiar bolsas de comida, viviendas y bonos especiales para los seguidores del grupo gobernante, eso es inversión política. Eso es propio de los llamados gobiernos populistas que terminan empobreciendo al país y manejan un discurso sin resultados tangibles, con el objetivo de mantenerse en el poder.
Ese discurso sin resultados tangibles se repite para sancionar a los comerciantes si venden con precios que responden a los costos de un país con hiperinflación y escasez. Al final el peor castigado por esas sanciones es el pueblo. Un principio económico dice que el producto más caro es aquel que no se consigue.
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La cúpula cívico-militar se burla de los lamentos del pueblo por sus acciones destinadas a que ese pueblo dependa totalmente de la poca comida que reciba a través del Carnet de la Patria que viene a ser equivalente a la tarjeta de racionamiento utilizada en Cuba.
El gobierno sancionador ahora es sancionado, el castigador ahora es castigado, comienza a lamentarse por las decisiones de EEUU, Canadá, la Unión Europea y por lo que plantea el Grupo de Lima, como si sus lamentos valieran más que los lamentos de los habitantes del país que están destrozando.
La cúpula cívico-militar grita que las sanciones de esos gobiernos son contra el pueblo y contra la soberanía de Venezuela. Pero las sanciones son con nombre y apellido y con razonable justificación. Lo que realmente viola la soberanía venezolana es la intervención de cubanos en despachos del Estado venezolano, como han denunciado incluso chavistas arrepentidos.
Las sanciones aprobadas por la Unión Europea implican la congelación de activos y la prohibición de entrar a territorio europeo y afectan claramente al primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo Enrique González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio José Benavides.
Esos funcionarios también están sancionados por los gobiernos de EEUU y Canadá.
Las presidenciales
Alertan desde varias partes que los supuestos resultados de un estudio de opinión dados a conocer el domingo pasado por José Vicente Rangel en su programa por el canal Televen fue parte de los preparativos del Gobierno nacional para adelantar las elecciones presidenciales.
Los resultados también buscan descalificar a cualquier candidato de oposición con posibilidades y para ello utiliza la opción del empresario Lorenzo Mendoza como la más apoyada por los venezolanos.
Llama la atención que la información fue destacada y distribuida por la agencia oficial de noticias del gobierno asegurando que 72% de venezolanos está de acuerdo en que esas elecciones se realicen en el primer trimestre de este año. La ANC ordenó que sean en abril, en vez de febrero o marzo.
Igualmente llama la atención que a comienzos de semana el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el constituyente Diosdado Cabello, enfatizó: «… podemos asegurarles es que la Revolución Bolivariana va a ir a esas elecciones presidenciales con un sólo candidato. No va a haber división en el Psuv. No va a haber división en la Revolución Bolivariana. No va haber forma de que ellos nos dividan a nosotros», pero no mencionó la posibilidad de la reelección de Nicolás Maduro, lo que hizo en la noche del miércoles después del pronunciamiento del sector laboral del chavismo. Aparentemente se impuso en el Psuv la reelección de Maduro.
En contra de esa posibilidad, Rafael Ramírez insistió el domingo en su ya acostumbrado artículo de opinión que cuando falleció el Comandante Chávez, él resultó incómodo para el nuevo Presidente, para su entorno íntimo. «Yo era de Chávez y era de su equipo más duro y cercano, con una clara definición y conducta revolucionaria. Se impuso la tesis de que Nicolás tenía que diferenciarse de Chávez, que nadie le hiciese sombra, así lo hizo y ha sido un estruendoso fracaso».
Ramírez amplió: «Si gobernar un país como el nuestro y más aún después de una figura tan importante como la de Chávez, resulta difícil por sí mismo, haber hecho de lado al Comandante, ha resultado de una torpeza que sólo se explica, si es que se puede, desde los abismos de una personalidad insegura, inestable, manipulable y de la acción sistemática e influencia muy poderosa de sectores de poder, esos que siempre estuvieron allí, agazapados, que consiguieron la oportunidad de emerger, ocupar espacios y truncar la experiencia revolucionaria hacia un nuevo acuerdo, un pacto de supervivencia de un mal gobierno reformista, que por supuesto, tiene sus días contados, y que se ha convertido en una plataforma para el ejercicio del poder, que les garantice algún espacio político en el futuro y donde puedan evadir sus responsabilidad por todo el mal que han causado.
«El colapso de la economía ya se causó y lo sufre el pueblo. El hecho de que el gobierno sacrifique todo para pagar la deuda, no quiere decir que la economía no haya colapsado ya. El gobierno se mide por los parámetros capitalistas, mientras pagues a los creedores no has colapsado, independientemente de lo que sufre el pueblo por la situación económica, que ni siquiera en los más terribles experimentos neoliberales, se ha producido: una inflación de 2600%, una devaluación de facto de magnitudes inimaginables, con un cambio oficial a 10 bolívares por dólar y un paralelo de 210 mil bolívares por dólar, unos precios que escalan en horas, un aparato productivo paralizado, una caída del PIB por tres años consecutivos a niveles de catástrofe, la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas, fundamentales del pueblo, la salud, la alimentación, la seguridad, los servicios. Los indicadores de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas muestran un retroceso con respecto a los del gobierno del Presidente Chávez», remató Ramírez.