El director general de TikTok, Shou Zi Chew, se enfrentó a un comité del Congreso de Estados Unidos en una audiencia pública donde fue interrogado sobre la seguridad de los datos y de los usuarios y tuvo que explicar por qué la popular aplicación de videos no debería ser prohibida. La empresa, de propiedad china y con 150 millones de usuarios en Estados Unidos, se encuentra bajo una presión cada vez mayor por parte de las autoridades del país debido a la batalla geopolítica más amplia entre Beijing y Washington por el comercio y la tecnología. En la audiencia, la presidenta de la comisión legislativa, Cathy McMorris Rodgers, atacó la confiabilidad de la plataforma social debido a sus estrechos vínculos con Beijing, mientras que Chew reiteró el plan de la compañía de proteger los datos de los usuarios estadounidenses almacenando toda esa información en servidores de la empresa Oracle. Además, Chew negó las acusaciones de que la aplicación era un riesgo para la seguridad nacional y aseguró que ByteDance no es un agente de China ni de ningún otro país.
La propiedad china de TikTok ha llevado a muchos a preocuparse de que los datos de los usuarios podrían terminar en manos de Beijing o que podrían usarse para promover narrativas a favor del gobierno chino. En 2019, The Guardian informó que TikTok estaba instruyendo a sus moderadores para que censuraran videos que mencionaran la Plaza de Tiananmen y otras imágenes desfavorables para el gobierno chino. En diciembre, ByteDance admitió el despido de cuatro empleados el verano pasado que filtraron datos a dos periodistas.
La compañía ha estado presionando a los legisladores para que preserven la plataforma, enviando a decenas de influencers de TikTok al Capitolio y publicando anuncios en todo Washington que promocionan promesas de proteger los datos y la privacidad de los usuarios. A pesar de estos esfuerzos, la preocupación por la seguridad nacional de Estados Unidos sigue siendo un tema importante. La prohibición de una aplicación en Estados Unidos no tendría precedentes y no está claro cómo el gobierno la haría cumplir.
Foto destacada cortesía Chip Somodevilla/GI