La estrafalaria proposición de reunir una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la carta magna que fue orgullo de Hugo Chávez y aprobar otra a la medida de Nicolás Maduro ha acelerado los acontecimientos en todos los niveles y escenarios donde se desarrolla la tragedia venezolana. Uno de sus efectos ha sido demostrar la existencia en el movimiento febrerista (así llamado por su insurgencia el 4 de febrero de 1992) de una base socialista ortodoxa, distinta del madurismo en su ética, sus métodos y sus objetivos. La existencia de esta base originaria que podemos distinguir como febrerista era negada en ambos extremos: el madurismo y el anti-chavismo maniqueo, que no acepta matices. Pero en los últimos días se ha revelado que grupos como Aporrea son puntas de un iceberg donde estaba congelado el objetivo nacionalista que animó a los militares insurrectos el 4 de febrero de 1994, esos que fueron aplastados por la fauna variopinta -en la cual destacan Cilia y Nicolás- que rodeó a Chávez cuando éste salió de Yare en 1994.
La importancia del febrerismo ortodoxo puede medirse por quienes lo expresan: en lo civil, la Fiscal General de la República, doctora Luis Ortega Díaz, y en lo militar el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López. Precursor fue Jorge Giordani, severo socialista de antigua data, acreditado en lo académico y lo moral, figura icónica del chavismo que hace tres años (junio de 2014) renunció a los cargos de Ministro de Planificación y Vicepresidente para la Planificación Estratégica, en un documento donde dice que «el legado de Chávez no puede ser confiscado ni (puede) pretender el actual presidente (Maduro) ser su único destinatario y delegado». Giordani no se limitó a las objeciones éticas y doctrinarias. Con delicado eufemismo señaló en Maduro una «incomprensión del hecho económico» e indicó documentos en los cuales había alertado al desinformado Presidente sobre «la gravedad de la situación económica», la cual -le dijo- tendría consecuencias como «el desabastecimiento». Giordani señaló en ese texto la corrupción creciente y el desordenado endeudamiento en moneda extranjera asumido para entregar «recursos masivos a quienes los solicitaban, sin un programa fiscal». En ese documento, el super-ministro del chavismo denunció corrupción en los puntos clave del aparato financiero: el sector cambiario y PDVSA.
La represión de una arrojada y tenaz protesta estudiantil fue la chispa que desató la disidencia de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a quien por su formación y trayectoria se ha conocido como la más sólida personalidad femenina del chavismo. Los expedientes de muertos y heridos en los disturbios que los fiscales pasaron a los tribunales, señalan a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana como responsables de criminal violación de los Derechos Humanos, por utilizar en la represión de las manifestaciones armas y otros instrumentos agresivos que la norma internacional veda a la fuerza pública en el control de manifestantes desarmados. Esta inesperada claridad de los fiscales obligó a Ortega Díaz a dar la cara denunciando los desafueros de la Guardia Nacional especialmente. Los voceros más característicos del régimen, Diosdado Cabello e Iris Valera, anunciaron que la Fiscal General de la República, cuyo destino en todas las naciones donde esa institución existe depende exclusivamente de la Asamblea Nacional que la designa, sería destituida -se supone que por el Ejecutivo. Esto precipitó la abierta rebelión de Ortega Díaz y dio al tema una resonancia internacional en proporción a la importancia que en el mundo civilizado se da a una institución fundamental como es el Ministerio Público.
El caso del Ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, es más sutil y viene matizado. Antecedente revelador de su patrón de conducta se dio en un episodio ocurrido al día siguiente de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, cuando le rechazó a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello la solicitud de desconocer la voluntad popular que entregó a la Oposición el control absoluto de la Asamblea Nacional. He insistido en este hecho porque marcó el cambio de dirección del proceso político venezolano, tornándolo contra el sector oficialista. Ese choque con Padrino obligó a Maduro a asociarse con los generales a quienes Estados Unidos ha acusado formalmente de participación en el narco-tráfico y el narco-lavado, con Diosdado Cabello Rondón como su protector político. En esos mismos días Padrino vetó al general Néstor Reverol Torres como Comandante de la Guardia Nacional. Maduro tuvo que aceptar ese rechazo, pero nombró Ministro de Interiores y Justicia al rechazado, con atribuciones de máxima autoridad policial de la república, y a su par el general Antonio Benavides Torres le nombró Comandante de la Guardia Nacional, máximo instrumento represivo del Estado.
Padrino observó disciplina y subordinación al Presidente de la República hasta que hace dos semanas, en conversación con José Vicente Rangel, comentó de manera crítica los excesos de violencia en que ha incurrido la Guardia Nacional y, tras enfatizar en su lealtad al legado ideológico de Chávez y el proyecto de cambio económico y social del febrerismo, expresó la necesidad de buscar un entendimiento pacífico entre los venezolanos, algo bien distinto de lo que ha venido promoviendo Diosdado Cabello, brazo fuerte del madurismo a quien el señalamiento por narcotráfico a nivel internacional obliga a una resistencia desesperada.
Fuera del comentario hecho la semana pasada en este espacio de Zeta, la diferencia entre las palabras firmes pero conciliadoras del Ministro de la Defensa y la agresividad del Gobierno Central pasó desapercibida para una opinión explicablemente polarizada por los excesos de la represión. El pasado martes, a nueve días del programa de Padrino con José Vicente, los observadores más alertas saltaron de la silla cuando VTV, el canal del Gobierno, trasmitió -aunque de modo entrecortado- un acto en el cual el ministro Padrino, ante un nutrido auditorio formado por generales y capellanes del Ejército, destacando su autoridad como ministro sobre la Guardia Nacional advirtió que no quería «ver más atrocidades» cometidas por esa fuerza armada, a la cual acusó del mismo delito del cual la acusa la Fiscal General de la República: violación de los Derechos Humanos, a los cuales el general atribuyó un carácter sagrado. Cabe observar que en las horas anteriores las redes sociales habían divulgado secuencias de los uniformados despojando a ciudadanos de sus pertenencias personales (relojes, teléfonos, dinero, etc.) y embolsillándoselas. Al día siguiente, miércoles 7 de junio, en lo que algunos han interpretado como ambigua respuesta de Reverol a Padrino, no fueron efectivos de la Guardia Nacional quienes directamente martirizaron adolescentes, sino la Policía Nacional bajo el mando de Carlos Pérez Ampueda, general de brigada de la Guardia Nacional -cabe observar que por ese incómodo comando han pasado tres generales en menos de un año… si no son cuatro, pues el cambio del general Pérez Ampueda está planteado.
En secuencia que un astrólogo caldeo diría coordinada por los astros, el jueves 8 de junio los obispos venezolanos plantearon personalmente al Papa la urgente necesidad humanitaria de un inmediato cambio político en Venezuela. Mientras tanto, la represión es más feroz cada hora y el hambre del pueblo crece en proporción inversa a la cintura de los jerarcas del régimen. Esto del hambre es, por supuesto, lo apremiante. Amenaza agravarse, pues para la siembra de este año no hay semillas ni abonos y los dineros obtenidos en la liquidación de PDVSA se gastan en bombas lacrimógenas, versión criolla del clásico dilema comunista entre comprar mantequilla o comprar cañones. En su desesperación, Maduro ha hecho Ministro de Agricultura a Freddy Bernal, de reconocidas dotes como hombre de armas, de quien cabe sospechar que en una mata pudiera confundir la raíz con las hojas. Como cuando Pérez Jiménez, en sus días finales, hizo Ministro de Educación a un malhumorado general de apellido Prato.