Artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Esos son los artículos que invocó la oposición venezolana en lo que consideran es la recta final para recuperar la democracia. La vocería de ese momento histórico le tocó a Julio Borges, en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, y fue el acto más unitario que se recuerde. Seis filas de dirigentes abarrotaron el espacio alrededor del podio con el logo de la Unidad desde el cual se dirigió Borges al país. En lo que se puede catalogar como la primera fila, como se observa en la gráfica que acompaña a este informe, estaban, en este orden, de izquierda a derecha, los jefes de los principales partidos: Freddy Guevara (Voluntad Popular), Andrés Velásquez (La Causa R), Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), Henry Ramos Allup (Acción Democrática), María Corina Machado (Vente), Liborio Guarulla (Movimiento Progresista), Henri Falcón (Avanzada Progresista), José Luis Cartaya (coordinador general de la MUD), Richard Blanco (Alianza Bravo Pueblo), entre otros dirigentes. Coincidencia o no, será un detalle que pasará a la historia. El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aunque no estuvo en el acto, lo transmitió en vivo por todas sus redes sociales y participó directamente, junto a otros, en la elaboración del manifiesto leído por Borges.
La MUD asume, entonces, el compromiso de nombrar nuevos Poderes Públicos «para conquistar un nuevo Gobierno», iniciar el «plan de desconocimiento activo del fraude Constituyente», mantener la calle «para continuar el debilitamiento de la dictadura» y organizarse «desde ya para realizar la protesta nacional permanente indefinida».
Se aplica la norma
El constitucionalista José Ignacio Hernández aclaró el miércoles a enpaiszeta.com que el artículo 350 de la Constitución no se «activa», término con el cual se ha venido refiriendo la población al mecanismo, sino que se «aplica» la norma. «La declaración no debe ser vista como una rectificación de estrategia o un cambio de planes, sino como la reafirmación de dos premisas básicas en las cuales hemos estado desde marzo, la primera que en Venezuela hay un golpe de Estado y la segunda es que es necesario desconocer todo acto derivado de este golpe de Estado».
«El 333 tampoco se activa, se aplica y ya se ha venido aplicando. El 333 alude a un proceso, a un conjunto de actos, estrategias que tienen que ejecutarse en el tiempo, cuyo resultado final es el restablecimiento de la constitución», agrega Hernández, quien además resalta la importancia de la actuación de otros funcionarios ajenos a la Asamblea Nacional, como la Fiscal General.
Así las cosas, nos encontramos en lo que se pretende como la transición definitiva a la restitución de la democracia, a la cual el propio Nicolás Maduro le fijó fecha tope con la convocatoria a elecciones para elegir constituyentistas el próximo 30 de julio. Esa radicalización definitiva del régimen, junto a la brutal represión en las calles, ha obrado el milagro de unir en un mismo objetivo trascendental a la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática y a la representada en el chavismo originario. Los primeros cuentan con el Poder Legislativo (Asamblea Nacional) y los segundos con la pieza fundamental del Poder Ciudadano (el Ministerio Público, también conocido como Fiscalía General). Son dos poderes que deberán hacerle frente al Poder Ejecutivo, ambos controlados por Maduro y Diosdado Cabello. El Poder Judicial (representado en el TSJ), el Poder Electoral (representado en el CNE) y los otros dos miembros del Poder Ciudadano (representado en la Defensoría del Pueblo y en la Contraloría General), son actores menores en esta batalla al estar controlados por el Ejecutivo.
La Fiscal General, Luisa Ortega, enfrenta desde esta semana un antejuicio de mérito por «insania mental», solicitado por una de las principales fichas de Cabello, el diputado Pedro Carreño. El TSJ, que lleva 540 días recabando pruebas sobre el presunto fraude en las eleciones parlamentarias en Amazonas, lo cual tiene a ese estado en un limbo parlamentario que le sirve al régimen para mantener a la AN en desacato, cumplió de manera expedita con la orden ejecutiva de comenzar el proceso para destituir a la Fiscal. Ante eso, y la activación del artículo 350, Ortega considera que «el Estado puede entenderse como disuelto».
Gran Acuerdo Nacional
«Él (Hugo Chávez) era el muro de contención de muchas de esas ideas locas que se nos ocurren a nosotros. Él imponía su liderazgo, su prudencia y su conciencia y nos evitaba actuar en muchas ocasiones con estas ideas locas nuestras. Ustedes (la oposición) tenían que haber rezado mucho para que Chávez siguiera vivo, porque era el muro de contención de muchas ideas locas que a veces se nos ocurren a nosotros». Esas palabras son de Cabello, el 23 de marzo del 2013. Hoy, sabemos cuáles eran esas ideas locas y por qué Chávez no las dejaba fructificar. Quedará para un debate en democracia por qué, entonces, Chávez le entregó el poder a ese duo conformado por Maduro y Cabello, máximos exponentes de ese movimienzo que hemos bautizado como el de «las ideas locas».
Son esas ideas locas, con el máximo exponente de cambiar la Constitución que era la niña de los ojos del propio Chávez, las que pueden terminar enterrando el gobierno que heredaron del ex presidente. Si el 350 se trata de desconocer al régimen, el 85% del país representado en la MUD y el chavismo originario, no reconoce a Maduro como su presidente. Este caos final debe propiciar la firma de un Gran Acuerdo Nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad civil. La buena noticia es que eso ya fue asomado formalmente por la AN esta semana, lo cual indica que hay conversaciones al respecto.
Foto El Pitazo