Ante la ilegalidad de la Asamblea Constituyente inventada para sustituir a la Asamblea Nacional, la incertidumbre económica será peor, una muestra de ello es que el dólar paralelo pasó de 4 mil bolívares a 8 mil bolívares, sólo con el anuncio de hacer una “constituyente”. Si se instala y no es reconocida por la comunidad internacional, el dólar podría saltar a 20 mil bolívares en cuestión de días, empeorando la crisis.
Más allá de toda la controversia política que se ha creado en torno a la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) planteada por el oficialismo como una forma de salida de la actual crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela, el asunto económico es el que priva como fundamento para la creación de tal instancia. Allí se suicida el propósito de parte de la administración Maduro, a través del mecanismo lograr romper las barreras que tiene en cuanto al acceso al crédito y los negocios internacionales, que hasta ahora no puede hacer de manera directa, luego que el endeudamiento de Venezuela sigue siendo un factor de mucho peso y se ha vuelto adverso al Ejecutivo, impidiéndole seguir con la política de despilfarro de recursos y de manutención de la isla de Cuba, desde la cual se ejerce tutelaje sobre Miraflores.
En cuanto a todo lo que hasta ahora proponen los candidatos a la ANC, en las campañas de televisión que obligan a cada medio a publicar, existen planteamientos que incluso son abstractos y que la población no termina de comprender: cómo es que el gobierno, con más “revolución”, es decir con más política de la misma y más radicalizada, lograría enderezar la crisis económica que azota a los ciudadanos, las empresas y las cuentas públicas. Se perciben incoherencias, ya que un grupo de candidatos a constituyentistas, plantean que las empresas mixtas de Pdvsa con las extranjeras, debían ser nacionalizadas y luego factores del gobierno debieron salir al paso con anuncios formales de que ese tipo de planteamientos no son los que van para la ANC.
El objetivo principal de la nueva instancia, en caso de que el oficialismo logre instalarla, es disolver el poder legítimo que tiene la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2015 por una importante mayoría que dejó de apoyar la visión política cubano-chavista. Con la ANC, se busca una nueva instancia que asuma de inmediato los poderes legislativos de la AN, con el mero fin de que la “nueva” se atribuya la “legitimidad” que lograría con nuevas elecciones, incluso sin importar que se proyecta una abstención histórica entre 80% y 90%. Obtener tal “legitimidad”, en los cálculos del sector oficialista que promueve la ANC, es que al tener esos suprapoderes y eliminar a la AN, asumirían automáticamente el poder que la AN tiene de aprobar o no todos los negocios, créditos internacionales, etc. El Ejecutivo busca desesperadamente créditos y dinero, pero la legitimidad de origen de la AN sólo permite, según la Constitución, mantener desde el extranjero respaldo internacional en ese sentido, lo que obliga a bancos internacionales, inversores extranjeros, países y entes multilaterales, mantenerse alejados lo más posible de financiar la administración Maduro fuera del orden legal, es decir, sin contar con el aval de la República, representada en el poder legítimo que tiene el actual Parlamento venezolano.
El oficialismo mantiene equipos moviéndose en el extranjero, en la búsqueda de opciones, sin embargo, agotadas las posibilidades de seguir rematando activos de la República, como lo último que hicieron con bonos de deuda a Goldman Sachs, con descuento de hasta 69%, se acude de nuevo a la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el fin de encontrar un préstamo de mil millones de dólares. Otra movida es con un “lobby” ante los banqueros e inversores globales, para buscar negociaciones de cualquier tipo, para ello han contratado a BancTrust&Co, para establecer contactos directos con grandes fondos de inversión, el ofrecimiento es desesperado desde todo punto de vista, ya que los intereses para nuevas notas de crédito de Pdvsa, serían de al menos 60%, una proporción para Venezuela que en los actuales momentos se hace difícil cancelar. El ofrecimiento es sin garantías y la razón es que al no haber respaldo del Parlamento, los grandes inversionistas se arriesgan a que no exista retorno o pago, en el caso de un cambio de gobierno que decida no reconocer los préstamos realizados técnicamente a Nicolás Maduro y no a la República.
Lo señalado sobre el objetivo de la constituyente, con todo lo que hasta ahora señalan los discursos de los principales dirigentes del PSUV, esconde la gravedad de la situación económica, más aun que a partir de agosto se entra en un nuevo ciclo de pago de los bonos 2017 que vencen para noviembre.
La incertidumbre
El Ejecutivo se encuentra encerrado en una situación altamente precaria, con una ola de protestas callejeras de parte de la población, que no sólo tienen contenido político en función del reclamo de la restitución de las funciones de la AN o el reconocimiento del resto de poderes que controla el madurismo, sino que arroja unos 100 muertos por la represión en 101 días de una rebelión de mediana intensidad, miles de heridos y decenas de miles de detenidos, procesados y presos con medidas cautelares. A ello se le suman protestas de tipo social, las que son consecuencia directa de la depresión económica, como es la escasez de comida, la falta de distribución de alimentos con el sistema CLAP, la escasez de gas doméstico que azota a todo el interior y ha llegado a Caracas. Todo esto mantiene una situación de zozobra que ha producido un quiebre en el partido de gobierno, visto como hay diputados del PSUV que se pronunciaron contra la “constituyente”, así como la Fiscal General, Luisa Ortega y voces diversas de dirigentes de ex funcionarios como el general Miguel Rodríguez Torres.
Cabe agregar a todo lo anterior, las situaciones de violencia que se derivan del enfrentamiento entre manifestantes y cuerpos de represión del Estado, que también emplea civiles armados denominados eufemísticamente como “colectivos”, produciéndose situaciones de incendios, saqueos y ataques a residencias de civiles.
Este cuadro ha producido más incertidumbre, una caída en el valor de los bonos de la deuda a por lo menos 33 puntos en algunos, luego que meses atrás, antes de las revueltas, se cotizaban en promedio 75 puntos. Al mismo tiempo, se ha producido una fuerte escalada en el valor del dólar paralelo, desde los 4.000 bolívares, antes de comenzar la ola de protestas motivadas por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular los poderes de la AN, hasta 8.000 bolívares, luego del anuncio del 1° de Mayo de Nicolás Maduro de hacer una “constituyente” y lo que el mismo Ejecutivo ha aprovechado para devaluar el bolívar del sistema Simadi de 727 bolívares a 2.970 bolívares en el Dicom.
El catastrófico cuadro “constituyente”
El oficialismo hace una apuesta enorme, que podría ser la última. Primero tendrá que lograr hacer las elecciones de la ANC, sin que haya situaciones de violencia que podrían entorpecer el proceso. Luego, de lograr instalarla, debido al discurso de quienes se han propuesto como candidatos, la incertidumbre económica será mucho más volátil, porque se habla de imponer normas aberrantes en cuanto al sector bancario, las empresas privadas, los medios de comunicación, los métodos de distribución de alimentos, la persecución política, lo que sin duda haría que el dólar en el mercado paralelo se disparara cerca de los 20 mil bolívares en pocos días.
Un precio a los previsibles 20.000 bolívares por 1 dólar (US$1) impactaría de inmediato la situación de compra de alimentos en las fronteras, llevando un kilo de harina de trigo o de maíz, sobre los 15 mil bolívares y 20 mil bolívares, una situación que muy pocos hogares actualmente en Venezuela podrían resistir, produciendo una reacción popular mucho más fuerte y radical que las protestas que actualmente atraviesa toda Venezuela, que es ya bastante decirlo.
A todo lo anterior, se sumarían sanciones internacionales, ya que desde diversos países y entes multilaterales, se ha anunciado no reconocer la legitimidad de la constituyente, por no haber cumplido con el referendo consultivo previo, declarando de inmediato cualquier gobierno que de esa instancia surja, como “estado forajido”.
@alexvallenilla