(Gobierno Constitucional –IX–)
Por CARLOS CANACHE MATA
En los meses de octubre y noviembre de 1960 aparece en el escenario político nacional un proyecto o propuesta de derrocamiento del Gobierno Constitucional que preside Rómulo Betancourt, distinto al ya conocido del clásico golpe militar; posteriormente, ambos guiones sediciosos participaron en acciones conjuntas. El año anterior, 1959, la dictadura cubana de Fulgencio Batista había sido desalojada del poder por el triunfo de la guerrilla de Sierra Maestra, encabezada por Fidel Castro, la cual, por cierto, no se declaraba marxista (eso lo hizo después), por lo cual obtuvo el apoyo de los demócratas de todo el mundo, incluyendo la no disimulada simpatía de sectores norteamericanos liberales. La revolución cubana tiene gran repercusión en los países latinoamericanos. El historiador Ramón J. Velásquez lo reseña magistralmente: “El triunfo de Fidel Castro va a significar el comienzo de una tumultuosa etapa en la historia continental, tanto por la intervención que la URSS y la China continental van a tener en la política interna e internacional del nuevo régimen cubano, adscrito a poco de existir a las tesis marxistas-leninistas, como por la influencia que la tesis de Fidel Castro tendrá de inmediato en la vida política y social de los otros países latinoamericanos… Una nueva generación surge a las responsabilidades de la política en los diversos países simultáneamente con el triunfo de Fidel Castro sobre la tiranía de Batista y van a querer repetir la hazaña, lo mismo en Venezuela que en el Perú, en Bolivia y en Colombia y los partidos de izquierda se dividirán dando paso a nuevas organizaciones que en muchas ocasiones obligan al comunismo tradicional a tomar posiciones que dentro de su estrategia mundial, Moscú condena o mira con reserva” (1). En anterior Collage, hicimos referencia a la incidencia del fidelismo cubano en el seno del partido fundado por Rómulo Betancourt y su influencia en el proceso de la primera división de Acción Democrática. El escritor Manuel Caballero, en su libro “Rómulo Betancourt, leninismo, revolución y reforma”, lo comenta así: “Los estudiantes se encienden al calor de la Revolución cubana, y el sector radical de Acción Democrática monta tienda aparte en abril de 1960 y pocos meses después estará llamando a la insurrección contra el gobierno” (2).
El 14 de octubre de 1960, el semanario Izquierda, órgano del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido surgido de aquella primera división de Acción Democrática, publicó un editorial titulado “Hacia un cambio de gobierno”, del cual tomaré algunos párrafos: “Venezuela es un país sin dirección. El gobierno que rige los destinos de la nación está inmovilizado por una parálisis escalofriante que deja sentir sus catastróficos efectos sobre todo el conjunto de nuestra sociedad…La orfandad social del gobierno es cada día más evidente. Los mismos sectores oligárquicos que saludaron su advenimiento, le están dando la espalda. La burguesía quiere sirvientes. Pero los quiere diligentes, efectivos, trabajadores… Hemos destruido mediante nuestra acción sistemática los últimos vestigios de apoyo que pudiera tener el gobierno en algunos sectores… Nuestro trabajo ha servido para aprovechar el estado inorgánico de descontento y sistematizarlo en un gran movimiento de opinión adverso al régimen…Hemos cumplido la primera etapa…Pero ahora necesitamos una línea permanente que movilice para la acción de las grandes masas populares… Ahora es evidente que no hay solución dentro del marco de la situación actual. No hay posibilidad de viraje con un gobierno cuya naturaleza de clase lo imposibilita para acometer esta empresa… No puede haber otra salida que el cambio de gobierno, la sustitución del régimen actual por otro que responda a los intereses del pueblo…Este es el objetivo concreto de lucha… Nosotros hemos hecho línea del movimiento el sentir total del pueblo: la consigna del cambio de gobierno. El pueblo tiene la última palabra” (3).
El Ministro de Relaciones Interiores, doctor Luis Augusto Dubuc, consideró que el contenido del editorial era francamente insurreccional y que el Gobierno no podía permanecer indiferente ante el mismo, porque “estaba obligado a garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas que el pueblo venezolano se había dado después de duros años de batallar contra distintas dictaduras, y de haber alcanzado un régimen democrático en unas elecciones que eran orgullo no sólo de Venezuela, sino de todo el continente”. Señaló, además, que se había ordenado la detención de algunos de los redactores del semanario.
Octubre y noviembre de 1960 fueron, como dice Ramón J. Velásquez, “meses candentes” con “mitines estudiantiles, fogatas frente a los liceos, asaltos y quemas de autobuses, choque a piedras con los policías”, acciones que se intensifican con las detenciones provocadas por el editorial antes mencionado. Velásquez relata: “El Ministerio de Educación ordena la clausura temporal de labores docentes en los liceos de Caracas frente a la repetición de los actos de violencia que interrumpían la actividad normal de la capital. La medida de suspensión de labores en los planteles de educación secundaria es el motivo alegado por la Federación de Centros Universitarios para ir a la huelga. Acuerda la asamblea universitaria enviar brigadas estudiantiles a los barrios, a los cerros y a las fábricas ‘a explicar la gravedad de la situación nacional y la necesidad de estar alerta’. El Consejo Universitario decide el 26 de octubre, suspender las clases, mientras que el Ministro Dubuc acusa al Partido Comunista y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria de los sucesos y el Presidente Betancourt declara que estos partidos han lanzado a los adolescentes como carne de cañón, a la calle. Se producen manifestaciones en Coro, Maracaibo y Maturín. Serios incidentes en Valle de La Pascua y Barquisimeto. En el curso de tres semanas han estallado dieciocho bombas en San Cristóbal. Hay disturbios en los barrios del oeste de Caracas, en Lomas de Urdaneta, en Pro Patria, tiroteos en El Cementerio, muertos y heridos en el ’23 de enero’. Ocho hombres armados asaltan los talleres donde se imprimen ‘Tribuna Popular’, ‘Dominguito’, ‘URD´, los periódicos de la oposición, destruyen las instalaciones eléctricas, destrozan máquinas y desaparecen” (4). Lo contado conforma, a ojos vista, un evidente y preocupante cuadro insurreccional.
Ante esa situación, el 1° de noviembre de 1960 se realiza en la Plaza de El Silencio de Caracas una gigantesca manifestación de masas obrero-campesinas, en respaldo del Gobierno Constitucional, con la participación de delegaciones del interior del país. Después de los líderes de los trabajadores, intervino el Presidente Betancourt, quien resaltó en su discurso que era “la primera vez en que dialogo verbo a verbo con el pueblo de Venezuela después del atentado del 24 de junio”. Ratificó que “Venezuela no está dispuesta a tolerar la implantación en el país de una dictadura de tipo totalitario y fascistoide, ni de una dictadura de tipo totalitario y comunistoide”. En relación a los sucesos que habían conmovido al país, expresó: “Y precisamente, si algo hay de repudiable en quienes, en días recientes, mantuvieron a la ciudad de Caracas y a algunas otras del país en zozobra permanente, lo constituye el hecho de utilizar como instrumento de sus actividades políticas insurreccionales a adolescentes de los liceos, y a los muchachos que en las barriadas periféricas de Caracas deambulan sin oficio ni beneficio. Frente a esos brotes insurreccionales, de cuya perfecta elaboración esquemática tenemos las pruebas en documentos incautados por la policía, adoptó el Gobierno una actitud que fue calificada de blanda. Durante tres o cuatro días centenares de adolescentes estuvieron incendiando vehículos, atentando contra las personas y contra las propiedades. El Gobierno no procedía a disolverlos por temor de que un muchacho o una muchacha de catorce años fuera alcanzado por una bala; pero llegó el momento en que se estableció un sólido, compacto y absurdo frente único entre esos hombres de la ultraizquierda, los residuos de la dictadura y el hamponato. Y una mañana, la populosa barriada del 23 de enero, donde viven más de cien mil personas, contempló el espectáculo de establecimientos comerciales saqueados y destruidos, de hogares asaltados, del Banco Obrero desmantelado, y en ese momento asumí ante mi país y ante la Historia la responsabilidad de ordenarles a las Fuerzas Armadas que restablecieran la tranquilidad pública”.
Luego pasó a defender su gestión gubernamental. “Las campañas de todo orden adelantadas contra el régimen constitucional, en armonioso frente único los epígonos con añoranzas de la dictadura liquidada el 23 de enero y los seudoizquierdistas, se orientan a decir que éste es un Gobierno de brazos cruzados, inmovilista, despreocupado ante los problemas colectivos”. Como se había repartido una hoja suelta anónima en la que se decía que “el Gobierno no se acuerda de los campesinos sino para echarlos a pelear contra los estudiantes; pero les niega los créditos y la tierra”, el Presidente afirmó: “Bien saben ustedes cómo en dos años de Gobierno Constitucional se han distribuido entre los campesinos sin tierra más de 800.000 hectáreas (líneas más adelante señaló que “de aquí al mes de diciembre serán distribuidas quinientas mil hectáreas más entre los campesinos sin tierra”, nota de CCM) y se han dado préstamos por casi 100 millones de bolívares, y está financiada la compra por el Banco Agrícola, a precios fijos y remunerativos, de las extraordinarias cosechas de maíz, arroz, caraotas y verduras que se producirán en Venezuela. Saben ustedes cómo el Banco Obrero y la División de Vivienda Rural del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, han construido, en lo que va de régimen constitucional, 5.500 casas; y están en construcción 6.000; y personas de la clase media y trabajadora han recibido préstamos del Banco Obrero por más de 100 millones de bolívares, para construir, refaccionar o ampliar sus casas de habitación”. Como se criticaba un aumento de la burocracia, el Presidente alegó que lo que no se dice es que “entre ese aumento de la burocracia se cuenta el de trece mil maestros de escuelas y ha sido posible así elevar hasta un millón doscientos mil (medio millón más que en 1957) los niños que acuden a desasnarse en las escuelas de la República” y que “se ha aumentado en 12.500 los empleados y trabajadores de los hospitales del Estado, porque si algún propósito definido y enérgico tenemos es el de defender la salud del principal capital de la nación: su capital humano”.
Ante la acusación de que el Gobierno es entreguista frente al capital extranjero, el Presidente Betancourt hizo una argumentación contundente: “Somos antiimperialistas, pero entendemos el antiimperialismo como una actitud de defensa de los intereses de Venezuela y de nuestra América. Y no el antiimperialismo que en el juego mundial de las potencias ataca a Estados Unidos para ponerse al servicio de la política expansionista soviética. Y por antiimperialistas no se ha concedido ni se concederá un milímetro de subsuelo venezolano a concesionarios extranjeros. Y por antiimperialistas vamos a poner a funcionar la Corporación Venezolana del Petróleo; y por antiimperialistas vamos a Bagdad y a Beirut a promover un acuerdo entre los países productores de petróleo, a fin de defender el justo precio a que debe ser pagado este producto privilegiado de la naturaleza”. Se refirió a otras realizaciones de su Gobierno.
Volvió a los sucesos insurreccionales del mes de octubre. El Presidente Betancourt, manifestó; “Creo que ustedes saben, sin decírselo yo mismo, cómo han sido ásperos, duros para mí estos días recientes. Cuando sentía el foetazo de los balazos en la alta noche se me encogía el corazón, porque si algo he querido siempre y deseé siempre es que bajo mi Gobierno nadie padeciera por acción del Gobierno… Quiero aquí decirles a los familiares de quienes fueron las víctimas en esta jornada: gentes del pueblo, gentes humildes, ya que ninguno de los líderes fue víctima porque ellos mandaban a los otros como carne de cañón mientras se quedaban escondidos; quiero decirles a los familiares de las víctimas civiles y militares de estos sucesos, que el Gobierno velará por su suerte” (5).
Entra el mes de noviembre, y los disturbios no cesan. En el centro de Caracas, en los barrios, en los alrededores de los liceos, en la Universidad, la agitación y las protestas subversivas aumentan. El día 16 se retira URD del Gobierno de coalición, problema adicional en el clima de tensión que se vivía. “La quema de vehículos casi paraliza la circulación”, anota Ramón J. Velásquez, quien también señala: “El balance de los sucesos de octubre y noviembre fue de 19 muertos (15 civiles, 2 soldados, 1 vigilante de tránsito, 1 policía); 300 heridos; 4 jefaturas civiles asaltadas; 6 casillas de policía incendiadas; 18 radiopatrullas quemadas y 14 autobuses de pasajeros quemados” (6).
El 28 de noviembre, el Presidente Betancourt en Consejo de Ministros, decide la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional para ayudar al logro de la vuelta a un clima de paz y tranquilidad, y se dirige al país en una exposición, de cuya versión taquigráfica tomamos algunos párrafos: “Debo informarles que en la mañana de hoy el Consejo de Ministros acordó suspender las garantías constitucionales por tiempo indeterminado y en todo el territorio nacional. Esta medida extrema la ha adoptado el Gobierno que presido porque tiene la convicción, avalada por documentos serios, de que en Venezuela se está proyectando una insurrección de los sectores extremistas de los cuales han sido episodios una serie de acontecimientos violentos que se han realizado a lo largo del país… Se ha producido en Caracas un brote que es un paso más dentro del plan perfectamente articulado por los sectores extremistas, a los cuales voy a ponerles nombre y apellido: el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ese plan tiene como objetivo el derrocamiento del Gobierno constitucional para que en Venezuela se establezca un régimen similar al que existe en Cuba… Puede tener la seguridad la ciudadanía de que en un Gobierno por mí presidido y con un Consejo de Ministros integrado por miembros de partidos políticos de honrosa trayectoria y por ciudadanos políticamente independientes de bien probada vocación democrática, esta suspensión de garantías no será utilizada para realizar desmanes… Debo decirle al país que al suspenderse las garantías, he ordenado que, como un respaldo a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas de Cooperación, salgan a las calles contingentes del ejército y de la infantería de marina en el Departamento Vargas…Tengan fe en que su Gobierno procederá con energía, pero en ningún caso se desmandará porque nosotros queremos evitar hasta lo imposible que se derrame sangre de venezolanos…Por eso se mantendrán suspendidas las garantías constitucionales hasta que haya un clima cabal de paz y tranquilidad en la nación” (7).
En el próximo Collage, nos referiremos a las medidas económicas dictadas a finales de ese año 1960.
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Notas
1-Ramón J. Velásquez. “Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo”. Venezuela Moderna. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas 1976. Pág. 186-187.
2-Manuel Caballero. “Rómulo Betancourt, leninismo, revolución y reforma”. Fondo de Cultura Económica. México. Primera edición, 1997. Pág. 31.
3-Historia Gráfica de Venezuela. José Rivas Rivas. Tomo VIII. El Gobierno de Rómulo Betancourt. 1959-1960. Centro Editor, C. A. Caracas. 1982. Pág. 195.
4-Ramón J. Velásquez. Obra citada. Pág. 212 y 213.
5-Todas las citas de ese discurso del Presidente, pronunciado en la Plaza de El Silencio el 1° de noviembre de 1960: en Rómulo Betancourt. “La Revolución Democrática en Venezuela”. 1959-1964. Caracas/1968. Tomo I. Pág. 426-433.
6-Ramón J. Velásquez. Obra citada. Pág. 214 y 215.
7-Rómulo Betancourt. Obra citada. Pág. 437-440.
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El comentario de hoy:
Cuando pase la noche y salga el sol. La dictadura no cesa de arropar con sus sombras cualquier espacio donde pueda respirar la libertad, además de haber destruido el piso, las paredes y el techo de la economía nacional.
La última hazaña de los usurpadores del poder acuartelados en Miraflores, en su propósito de administrar el silencio y ahogar la información que puedan recibir los venezolanos, ha sido la más reciente violación de las libertades de expresión y de prensa, al agredir el canal internacional de noticias VPITV y los portales web de Panorama, Radio Fe y Alegría, diario Tal Cual, El Pitazo, Efecto Cocuyo y Caraota Digital, allanándolos y decomisándoles equipos. Los héroes del ataque cibernético, como instrumentos de ejecución, fueron Conatel, la entidad reguladora de telecomunicaciones, y el Seniat, la entidad de recaudación de impuestos. Por falta de papel y otros insumos, quedan pocos periódicos impresos que no se han visto obligados a mutar al formato digital, a lo que se suma que sólo el 7,7% de la población del país tiene acceso a internet. Solo Cuba, en la región, supera el prontuario liberticida de los causahabientes del fallecido “comandante eterno”.
Traspasando las fronteras, han llegado las críticas y protestas, de relevante importancia, desde el exterior. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, alzó la voz: “Observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio. Ataques contra defensores de DDHH y agresiones y detenciones de periodistas”. Y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente, Jorge Canahuati, expresó: “Aunque estemos acostumbrados a la barbarie del régimen contra la libertad de prensa, no podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes”.
Dije, líneas arriba, que el edificio de la economía venezolana se ha desplomado –destruidos piso, paredes y techo–, lo que trataré con más detenimiento en otra ocasión. Para cerrar esta breve reflexión, me limitaré a citar un párrafo de la fresca Exhortación Pastoral del Episcopado Venezolano, de recientísima fecha, 11 de este mes de enero, que reza así: “Además, es notorio cómo se ha deteriorado la calidad de vida, educación y salud, y servicios básicos; padecemos una inflación indetenible y una devaluación que ha empobrecido a toda la población. Todo esto ha llevado al aumento de la migración forzada, que en vez de ser protegida, es objeto de vejación por los agentes policiales y militares a lo largo del camino. Esta migración es la prueba más evidente del gran fracaso de las políticas públicas (económicas y sociales) ejecutadas por el Gobierno”.
Solo diré que este horror, que este tenebroso paisaje que enceguece nuestros ojos, va a desaparecer cuando pase esta increíble noche, que ha durado 22 años, y salga el sol.