Nuevo informe presentado por Orlando Viera-Blanco ante la CPI evidencia la utilización del Poder Judicial para amedrentar a opositores y violar acuerdos políticos.
El abogado venezolano Orlando Viera-Blanco, informó que consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) pruebas que evidencian una persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro hacia los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, algunos dirigentes que fueron parte del gobierno interino, y la directiva ad-hoc de Citgo.
A través de un video publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Viera-Blanco detalló que han alertado a la CPI mediante un nuevo informe, sobre cómo el Estado venezolano continúa utilizando al poder Judicial para intimidar a los opositores, siendo el caso más reciente el de la Comisión Nacional de Primaria. En este sentido, mencionó que el fiscal general, Tarek William Saab, ha realizado «graves señalamientos» contra funcionarios del gobierno interino, Pdvsa Ad-Hoc, Citgo y el Cuerpo Diplomático, activando investigaciones criminales basadas en «falsos supuestos, ardid y hechos que no revisten carácter penal».
Viera-Blanco destacó una persecución particular contra la Comisión Nacional de Primaria, a quienes se les acusa falsamente de varios delitos como usurpación de funciones, suplantación de identidad, fraude y asociación para delinquir. En su denuncia, identificó la cadena de mando, las víctimas y el uso del proceso criminal, además de medidas cautelares y cooperación internacional, como parte de un Control Superior Jerárquico por parte del régimen de Caracas, con el objetivo de «criminalizar la justicia, perseguir, hostigar, acosar y humillar a disidentes políticos inocentes».
El abogado indicó que entre el 7 y 8 de noviembre, la CPI celebrará una audiencia de la Sala de Apelaciones para decidir sobre la continuación o no de la investigación en el caso Venezuela 1, en la que podrán participar las víctimas y se valorarán estos incidentes de crímenes de lesa humanidad.
Además, Viera-Blanco resaltó la violación del Acuerdo de Barbados, citando la «voluntad sistemática» del régimen de Maduro de activar una «puerta giratoria» mediante artificios procesales y criminosos que convierten los derechos políticos y ciudadanos constitucionales en crimen y persecución.