Nuevas leyes en varios estados limitan propiedad extranjera.
Recientemente, varios estados de EE. UU., incluyendo Florida, han promulgado leyes que limitan la propiedad de bienes inmuebles por parte de extranjeros, una medida que ha llamado la atención debido a la popularidad del Estado del Sol como destino para visitantes internacionales.
Según un nuevo reporte de la American Land Title Association (ALTA), al menos 14 estados aprobaron leyes similares en 2023, con seis de ellos −Arkansas, Florida, Louisiana, Dakota del Norte, Tennessee y Utah− extendiendo las restricciones a todas las propiedades, no solo a tierras agrícolas.
En Florida, la nueva ley prohíbe a ciudadanos de ciertos países, incluyendo China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela, comprar bienes inmuebles cerca de instalaciones militares o infraestructura crítica. A nivel federal, el gobierno de EE. UU. no impide la adquisición de tierras agrícolas por parte de entidades extranjeras, sino que se limita a vigilar dicha actividad. Sin embargo, legisladores en Washington están considerando medidas bipartidistas para restringir ciertas compras de suelo estadounidense por extranjeros, particularmente de China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
Entre 2015 y 2021, la inversión extranjera en tierras de cultivo en EE. UU. aumentó aproximadamente dos millones de acres al año, con los extranjeros poseyendo más de 40 millones de acres de tierras agrícolas en 2021, lo que representa solo un 3.1% de toda la tierra agrícola privada del país. Los chinos, en particular, han intensificado su participación, poseyendo alrededor de 384,000 acres.
A nivel estatal, más de 140 proyectos de ley para restringir las compras extranjeras han sido propuestos. La mayoría de estas medidas se dirigen específicamente a los terrenos agrícolas privados, aunque algunas se extienden a todo tipo de propiedades. A pesar de la caída en el número de casas adquiridas por compradores internacionales, los extranjeros aún compraron unos $59,000 millones en propiedades residenciales entre abril de 2021 y marzo de 2022.
Las restricciones varían según el estado y abarcan gobiernos, entidades e individuos de países considerados adversarios de Estados Unidos. Algunas leyes se aplican a todos los no ciudadanos estadounidenses, mientras que otras se limitan a los no ciudadanos de países donde los estadounidenses no pueden adquirir bienes inmuebles.
La ley de Florida ha enfrentado oposición, incluyendo una demanda que alega su inconstitucionalidad. La ACLU sostiene que la medida viola la garantía de igual protección y debido proceso de la Constitución, así como la prohibición de discriminación por motivos de raza y origen nacional de la Ley de Vivienda Justa. Sin embargo, un juez federal indicó que, al basarse en la ciudadanía y no en la raza o el origen nacional, la ley probablemente no viola la Constitución.