La caída de un alto cargo en Cuba desvela la lucha interna contra la corrupción en la cúpula del poder.
La noticia sobre la investigación por supuestos delitos de corrupción contra Alejandro Gil, quien hasta hace unas semanas ocupaba el cargo de ministro de Economía y Planificación en Cuba, ha sacudido los cimientos de la política cubana. Según medios oficiales de la isla, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado que se han descubierto «graves errores» en la conducta de Gil, quien también ha renunciado a sus cargos como miembro del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y como diputado.
«Como parte de la invariable ética de la revolución cubana durante estos 65 años, la dirección de nuestro partido y del Gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad», se lee en un comunicado leído en la televisión estatal. Esta decisión de llevar a cabo una investigación contra Gil se tomó en un consenso entre la cúpula del PCC, la Fiscalía General y el Consejo de Estado, con el firme objetivo de lograr un «esclarecimiento total de esas conductas».
Este caso representa el escrutinio más significativo a un alto cargo del gobierno cubano y del PCC por corrupción en más de una década, marcando un punto de inflexión en la administración de Díaz-Canel que ha reiterado su «tolerancia cero» contra la corrupción. La investigación a Gil se produce en un contexto donde diversas operaciones policiales y judiciales se han llevado a cabo contra redes de corrupción, aunque hasta ahora, implicando a trabajadores estatales de nivel bajo y medio.
Gil, que ocupó el ministerio desde 2018 hasta su cesión el pasado 2 de febrero, ha sido una figura polémica debido a una serie de medidas que no lograron mitigar la profunda crisis económica que enfrenta la isla desde hace más de tres años. Su gestión ha estado marcada por intentos fallidos de reforma para solucionar las graves distorsiones económicas de Cuba.