*** «Primero entre los primeros de la agenda es el tema de las tarjetas judicializadas. Es la devolución a las genuinas autoridades de los partidos», dijo una fuente a El Cooperante.
Por Danny Leguízamo – El Cooperante
La estrategia del garrote de Estados Unidos ya cambió ligeramente a zanahoria. Ha llegado la hora de una nueva «sentada» en México, pues se aproximan las elecciones presidenciales en 2024, cuya fecha puede ser adelantada por Nicolás Maduro como ya lo hizo en 2018 y agarró a la oposición con los pantalones abajo. El acuerdo de primarias de ese entonces suscrito por 27 organizaciones para elegir candidato fue roto inducido por factores económicos y lo demás es historia.
Pero México no es historia. Sigue vivo. Para que haya elecciones medianamente libres en Venezuela (y decimos «medianamente» porque en los sistemas al estilo Maduro no conceden absolutamente todas las condiciones), hace falta negociación. La oposición puede mostrar la zanahoria. La zanahoria es el alivio de sanciones. Y el gobierno tendría que mostrar su propia zanahoria: condiciones electorales.
En la oposición ya hay un tema a discutir que no está sujeto a cambios de ninguna índole. Se trata de las tarjetas de los partidos judicializados por el Tribunal Supremo, que se exhiben en las elecciones restando votos en lugar de sumar.
«Primero entre los primeros de la agenda es el tema de las tarjetas judicializadas. Es la devolución a las genuinas autoridades de los partidos», dijo a este portal una fuente ligada a las conversaciones que prefirió mantener su nombre bajo anonimato.
Y añade como argumento que al gobierno no le importará «sacrificar las piezas que fueron nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia en una negociación superior».
Esa «negociación superior» de la que habla la fuente incluye, desde luego, que al gobierno le alivien las sanciones, pues ávido como está de flujo de caja, la prioridad para el chavismo es la gestión. Superadas ya las etapas de 2014, 2017 y el fracaso del interinato en su propuesta del cese de la usurpación (salida a corto plazo), Maduro necesita gestión. Para tener gestión necesita recursos. Y para tener recursos necesita incrementar la producción petrolera y dejar de vender a descuento y triangulado el crudo con el que cuenta. Ya se le escapó de las manos al Banco Central de Venezuela el anclaje del tipo de cambio oficial y no le quedó otro remedio que corregirlo al alza, pese a los esfuerzos de intervenciones del ente emisor liberando hasta 120 millones de dólares en una semana a la banca para tratar de contener lo que no se podía contener.
Allí está el tema clave. Si una de las partes cede, la otra está obligatoriamente en la necesidad de ceder. Para lo único que pueden servir las sanciones es para negociar condiciones electorales y no para derribar a Maduro, como muchos creyeron erróneamente que se podría lograr. No revisaron, al parecer, los fallidos casos de sanciones de Cuba y Corea del Norte. Y el otro sector de la oposición que «se opone a todo» y que pedía milagrosas coaliciones externas para «salvar a Venezuela», ha quedado en franca y pública decadencia por la inviabilidad de sus propuestas, todas de morbosa fantasía, y sobre las cuales ni siquiera han hecho un mea culpa. De hecho, siguen aduciendo que «en dictadura no hay elecciones». Son la oposición de la oposición. No la oposición al gobierno. Y estos sí son bastante útiles para Nicolás Maduro, que busca que la oposición se fracture cual rompecabezas imposible de rearmar.
Pero hay más datos que apuntan favorablemente a lo que ha dicho nuestra fuente. Sea en México o en cualquier otro lugar, los representantes de la oposición que se sientan a conversar con el gobierno y los mediadores son Freddy Guevara (Voluntad Popular, partido judicializado), Luis Aquiles Moreno (Acción Democrática, partido judicializado), Tomás Guanipa (Primero Justicia), y Roberto Henríquez (Copei, partido judicializado).
Es decir, en las negociaciones se sientan los actores legítimos de un lado y del otro. No tienen cabida las «autoridades» que impuso el Tribunal Supremo de Justicia en una terrible operación para desvalijar sedes, símbolos y tarjetas de los partidos más grandes de la oposición.
Y ahí es cuando la fuente consultada vuelve a argumentar:
«Los partidos judicializados y sus autoridades impuestas no le han dado réditos al gobierno. No han sido útiles. Y si no son útiles, son fichas de intercambio en una negociación».
De aquí en adelante, lo que ocurra en México dependerá de la capacidad de negociación de las partes y de los intermediarios. Que el punto de los partidos sea «primero entre los primeros» no es garantía absoluta de que el gobierno vaya a ceder. Pero sin lugar a dudas, en política no existe el out 27. Ni el gobierno está caído ni la oposición está muerta.
A la oposición, en todo caso, le toca resolver sus diferencias internas y entenderse en unas primarias abiertas, posiblemente con segunda vuelta. De nada servirá que afuera se negocie si adentro persisten factores que pudiendo mostrar gestos de apertura y unirse al conglomerado de la Unidad, prefieren irse por cuenta propia, posiblemente sin entender que aquella vía lo único que hace es rebanarle votos a una oposición que ya padece en sus cuadros la diáspora, cuyos votos también deberían ser un punto a discutir en la mesa de negociación.
Quienes sigan al frente de partidos intervenidos, no serán reconocidos como actores válidos en las mesas que se desarrollan afuera, y que al fin y al cabo, son las que cuentan con observación internacional.
¿Devolverá el gobierno las tarjetas judicializadas? ¿Hay alguna luz al final del túnel? El tiempo y los hechos lo dirán, pero aquellos que «se oponen a todo» y que quedaron al desnudo cuando la coalición milagrosa nunca llegó, que entonces lleven a cabo su propuesta ellos solos, si es que la tienen. Las guerras imaginarias sólo existen en redes sociales. La política existe en la práctica, que al fin y al cabo es lo que cuenta para el balance final.