El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti informó a última hora a través de un comunicado que no asistiría a declarar ante el Consejo Nacional Electoral neogranadino en el caso sobre la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro.
Benedetti se amparó de esta manera en su derecho constitucional a guardar silencio.
“De forma respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, el compromiso y respeto con la administración de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio”, dijo Benedetti.
Según detalló el exembajador, esos mismos hechos por presunta financiación irregular están siendo investigados disciplinaria y penalmente “por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio”, concluyó Benedetti.
Ese silencio de Benedetti está protegido por el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia que dicta que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
Pero, aunque está en todo su derecho, el hecho de que decida no hablar lo deja muy mal parado ante la opinión pública.
Esto último teniendo en cuenta que Benedetti no solo era una de las personas más cercanas a Petro dentro de su campaña, sino que recientemente generó un escándalo tras insinuar que a la campaña presidencial habrían ingresado 15.000 millones de pesos que no fueron debidamente reportados en las cuentas oficiales.
Precisamente por eso, el CNE indaga si se violaron los topes electorales, si hubo financiación tras de cuerda o sí algunos de los pagos que le habrían hecho a testigos electorales quedaron registrados en las cuentas oficiales.
Por qué importa: A pesar de estar en su derecho a guardar silencio, Benedetti queda muy mal parado ante la opinión pública por ser una de las personas más cercanas a Petro dentro de su campaña.
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