Fotografía: Vanity Fair

El efecto de las sanciones

Las sanciones al régimen venezolano y a decenas de altos funcionarios están poniendo en dificultad a la Venezuela chavista. Tanto que  Maduro anunció de que debía refinanciar/reestructurar la deuda para poder pagarla mientras en la región el tema del embargo petrolero parece tomar cuerpo.

Por ALFREDO MICHELENA

Las sanciones internacionales im-puestas a la Venezuela chavista y a sus funcionarios no son una rareza en el mundo. Las hay de varios tipos, pero existe una enorme controversia sobre si ellas son eficaces para el cambio que se proponen alcanzar.

Sanciones

Las sanciones, son “medidas coercitivas que se aplican contra Estados, entidades no estatales o individuos” con el objetivo, según la Unión Europea, de  “proteger los valores, los intereses fundamentales y la seguridad de la UE, preservar la paz, consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos (DD.HH.) y los principios del Derecho internacional, prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional”. La idea de estas sanciones es coaccionar, constreñir o denunciar al  gobierno, entidad no estatal o un grupo de individuos en cuestión.

Las sanciones a funcionarios

Las primeras sanciones a venezolanos las impuso la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Comenzaron en 2008 con los generales Hugo Carvajal y Rangel Silva y el cap. Rodríguez Chacín, luego en 2011 se incluyó al gen Alcalá Cordones, Freddy Bernal , Amilcar Figueroa y Ramón Madriz Moreno, todos ellos vinculados a las FARC y al tráfico de drogas según la OFAC.  En 2015 bajo la presión del Congreso norteamericano Obama aplica la ley (S. 2142) de “Defensa de DD.HH y Sociedad Civil en Venezuela”, de 2014, y sanciona a siete nuevos funcionarios, ahora involucrados en violación de DD.HH.  Con la llegada del presidente Trump, el número de sancionados aumenta, comenzando por el vicepresidente Tareck El Aissami, por “jugar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos”. Luego que el TSJ quitara las competencias de la Asamblea Nacional, Trump incluyó entre los sancionados a ocho miembros de ese tribunal. Previa a la elección de la ilegítima Asamblea Nacional Comunal, EE.UU. sancionó a 13 funcionarios más, entre ellos a Néstor Reverol, Simón Zerpa Delgado, Tibisay Lucena, Elías Jaua e Iris Varela. Posterior a ella agregó a Maduro y a ocho funcionarios más. Hasta ahora se estima que habría más de 100 funcionarios que han sido sancionados directamente (unos 50) o se les ha quitado la visa – esta última acción no se hace pública.

A los señalados se les ha confiscado sus bienes en EE.UU. y ha sido público que al menos se ha afectado a  Tareck El Aissami y al jurista Hermann Escarrá.

Por su parte, Canadá sancionó primero a 40 funcionarios venezolanos, por la Ley de Medidas Económicas Especiales,  y luego repite con 19 bajo una nueva ley que castiga la corrupción y la violación a los DD.HH.

Sanciones económicas

Las anunciadas medidas económicas “fuertes y rápidas”  llegan el 25 de agosto por la Orden Ejecutiva 13808 que firma Donald Trump.  Ella prohíbe a ciudadanos y bancos de estadounidenses comprar nuevos bonos emitidos por el gobierno venezolano o  PDVSA y  aquellos no aprobados por la AN, y limita el comercio de bonos existentes propiedad del sector público de Venezuela. La Orden no entorpece el normal comercio entre ambos países, ni toca el desenvolvimiento de CITGO o la importación de petróleo. Tampoco incluye “financiamientos a corto plazo para la mayoría del comercio  ni la exportación e importación de petróleo”; es decir, no hay interrupción del comercio de alimentos y medicinas o de repuestos o materias primas, ni embargo petrolero.

Efectos de las medidas

La literatura especializada aún debate si estas medidas realmente permiten que los gobiernos afectados cambien. Un estudio de Gary Clyde Hufbauer, mostraba que de unas 200 sanciones que estudió solo 13 fueron efectivas. Y argumenta que las medidas deben ser lo suficientemente duras como para producir un cambio. Sin embargo hay situaciones en donde han funcionado al menos parcialmente. En el caso de Irán, por ejemplo, se logró que firmara un acuerdo y parara su programa militar nuclear, pero ahora la administración Trump lo considera un fracaso.

¿En Venezuela funcionarán?

El anuncio de Nicolás Maduro de que no podrá pagar la deuda por causa de las sanciones ha puesto el tema sobre la mesa. Maduro en su alocución habló indistintamente de refinanciar y reestructurar, conceptos diferentes.  Refinanciar, es  llegar a un acuerdo previo con los acreedores- tenedores de bonos- y reestructurar es lo que sucede una vez que se da el “nopago,” lo que en el caso de Venezuela pondría en pico de zamuro los bienes de la República/ PDVSA en el exterior.

El régimen en problemas

¿Puede Maduro  refinanciar?  Refinanciar supone emitir nueva deuda, es decir cambiar una por otra, a más largo plazo, con menos valor y/o con diferentes intereses. Y esto es justamente lo que prohíbe la Orden Ejecutiva de Trump.  El mismo Maduro dijo que estas medidas le impidieron poner en el mercado entre US$3.500 y 5.000 millones en deuda. El régimen tiene la alternativa de  negociar con “el imperio” o buscar un financiamiento fuera del sistema bancario norteamericano, lo cual es muy difícil, pero no imposible. El problema serían las condiciones y condicionalidades. Es decir, no solo  cuánto sería el descuento del valor, los intereses y las condiciones de pago, sino si los tenedores estarían dispuestos a poseer una deuda en moneda distinta al dólar y sin la aprobación de la AN.

¿Negociar?

Maduro le pide al vicepresidente El Aissami,  negociar “el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos “y crea una comisión que ha convocado una reunión con los tenedores de bonos, para el 13 de noviembre. De esa comisión de siete miembros tres están sancionados por EE.UU.  y con ellos las compañías y ciudadanos norteamericanos no podrán negociar acuerdos. Y estos tenedores de bonos son en su mayoría estadounidenses, como Goldman Sachs Emerging Markets, T Rowe y  Fidelity New Markets Income Fund. Maduro quizás quiere que ellos presionen a Trump para que permita el refinanciamiento, pero la otra cara de esta espada es que Trump imponga condiciones a Maduro. En todo caso para 2018 Venezuela deberá pagar los US$22.500 millones, y en 2019 US$25.200 millones. Si no lo hace los bienes de Venezuela en el exterior, CITGO incluido, podrían ser embargados.

Embargo petrolero

Si el objetivo de las sanciones de Trump era debilitar económica y financieramente al régimen, a primera vista esto pudiera cumplirse. Que esto lleve a un cambio está por verse. Para producir un cambio ellas deberían ser muy fuertes (Hufbauer). Por eso algunos académicos, como el venezolano Ricardo Hausmann, consideran que si no tocan el petróleo no serán nada eficaces. Un embargo petrolero ha sido la reciente propuesta del presidente argentino Mauricio Macri, quien dice que esto gozaría del apoyo de la región pues “cortaría los recursos de Maduro y los mantendría aislados del resto de la comunidad”.