***El proceso de consultas sobre el Esequibo puede llevar a un consenso nacional, pero lo que se decida en él no tiene efectos vinculantes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Por GERSON REVANALES
Con motivo del fallo de la Corte Internacional de Justicia el pasado 18 de diciembre de 2020, la Vicepresidencia de la República tuvo varias reacciones: solicitar una prórroga al alto tribunal, la cual le fue concedida hasta finales de febrero para que pudiera reflexionar si asistiría o no a la convocatoria y dar inicio a una serie de consultas internas con un doble propósito: uno santo y otro no tan santo.
La ronda de consultas, en principio, resultaría algo normal y hasta obligatorio y necesario, por lo cual se vería como algo razonable, si aún el proceso estuviera en una fase de negociación y se estuviera en puertas de un eventual acuerdo entre las partes, como sucedió con la hipótesis de Caraballeda para una delimitación en la región del Golfo, la cual planteaba que “se establecía la delimitación; se declaraba al Golfo de Venezuela de soberanía exclusiva y compartida entre los dos países y se acordaba la explotación conjunta de los yacimientos petroleros existentes en el área litigiosa”. Esta propuesta generó fuertes protestas por parte de los partidos políticos y grupos económicos, sociales, religiosos y científicos. La hipótesis, finalmente, fue rechazada cuando fue presentada en el teatro de la Escuela Militar. La Pregunta es ¿para qué esta consulta a destiempo si la convocatoria de la Corte es meramente administrativa (Art 31 Reglamento CIJ)?: Informar a las partes oficialmente del procedimiento a seguir; conocer si participarán en el juicio y se designe a los Agentes.
La segunda pregunta es ¿con qué fin se hacen estas consultas palaciegas y selectivas? El acuerdo interno a que se llegue no tiene carácter vinculante para la Corte. El proceso seguirá su curso con o sin la participación de Venezuela. El régimen conoce de antemano la opinión de instituciones como las Academias, las cuales se han pronunciado en varias oportunidades. La Asamblea Nacional han emitido siete pronunciamientos o declaraciones. Ahí está el Libro Blanco de “La Comisión mixta de la AN para la defensa del Esequibo y la fachada atlántica”, con el trabajo realizado en los últimos tres años. Igualmente la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV y de las ONGs en defensa del Esequibo se han manifestado públicamente. El venir a preguntar a los convocados si hay que defender el Esequibo es de Perogrullo. Todos en su mayoría disienten del extraño fallo de la Corte pero lo acatan.
Todo lo anterior conduce a pensar en dos hipótesis: Una procedimental. La convocatoria les tomó por sorpresa, razón por la cual han pedido una prórroga. Eso que llaman el Gabinete de Estrategia, la Unidad Guyana, o el asesor internacional contratado tenía que haberles advertido de esta convocatoria, cuyo objetivo oficial es notificar a las partes del fallo; conocer si atenderán el proceso judicial y de ser el caso designar al Agente del Estado, quien será el representante legal de cada una de las partes.
La otra hipótesis es más de fondo. Busca compartir la responsabilidad histórica ante un fallo que nos sea adverso. El actual poder político ha sido responsable durante los últimos veintiún años de la política exterior, de las relaciones internacionales y por lo tanto de la reclamación del Esequibo. En particular, el Sr. Nicolás Maduro (quien ha sido el Ministro de Relaciones Exteriores que ha permanecido más tiempo en el cargo 17 agosto 2006-16 enero 2013) y lleva casi ocho años como presidente (19 abril2013- hasta ahora), es responsable de dirigir las relaciones exteriores (Art 236/4 CRBV).
El país, desde el fallo de 1899, siempre lo rechazó, aunque para esa época no se habían determinado las razones para calificar un fallo de nulo e írrito.
En este momento, las circunstancias y la negligencia de quien ejerce el poder político nos condujeron a la CIJ. Cuando el exsecretario General de la ONU, Ban Ki Moon, anunció que reenviaría el caso a la CIJ tuvo que impedir que dicha propuesta tomara el curso que tomó y que el actual secretario general Guterres definitivamente lo enviara a la CIJ. Para algo se es una gran potencia como se autodenomina el régimen.
La dinámica de las relaciones internacionales y de la política exterior obliga a repensar en un cambio de estrategia. Abandonar la tesis del no reconocimiento y considerar la posibilidad de ir a la Corte a la defensa del Esequibo como única opción. De lo contrario sería un suicidio en primavera al no tener otra alternativa, ya que es muy difícil, o mejor dicho, no hay razones para creer que Guyana convenga en una solución en base al 33 de la Carta de ONU. Guyana, si no aceptó una solución práctica y satisfactoria durante los 45 años dentro de la ruta establecida dentro del Acuerdo de Ginebra, menos lo hará ahora que está empoderada con el apoyo de los EE.UU., Gran Bretaña, El CARICOM, Cuba y las transnacionales, haciendo de Venezuela nuevamente la débil política, jurídica y diplomática en la reclamación del Esequibo.