Por CÉSAR PÉREZ VIVAS
La consulta popular celebrada del 7 al 12 de diciembre de 2020 es objeto de diversos análisis e interpretaciones. Desde los sectores que la descalifican totalmente, afirmando que no generó ningún resultado, hasta quienes la interpretan de tal forma que sus opiniones son la verdad expresada en el evento.
Desde el momento en que sumamos nuestro entusiasta respaldo a la propuesta de valiosos sectores de la sociedad civil, pusimos énfasis en la naturaleza política de la iniciativa. Es decir, en la respuesta civil y democrática al fraude constitucional y legal de la elección parlamentaria, en el rechazo y solicitud a Maduro del cese de la usurpación, y en el respaldo a las gestiones adelantadas y por adelantar ante la comunidad internacional para lograr el rescate de la democracia y la atención a la tragedia humanitaria.
La consulta cumplió con creces ese cometido. Fue, sin lugar a dudas, una protesta masiva y pacífica de la ciudadanía frente a la usurpación de Maduro y el secuestro del Estado democrático.
Fue igualmente un repudio al fraude del parlamento que ha tenido total repercusión en la comunidad internacional, hasta el punto de que ningún país democrático del mundo lo ha reconocido. En estos días la Unión Europea sancionó a buena parte de los agentes que el régimen utilizó para implementar dicho fraude. De modo que ahí está súper claro un efecto muy importante de la consulta. La dictadura acusó el golpe. Expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea y ordenó inhabilitar a varios diputados. Entre tanto se mantienen las gestiones para lograr mayor respaldo a nuestra lucha en todos los países y organismos internacionales.
En el abanico de cuestionamientos existentes se puede apreciar gente de buena fe, que angustiados por la tragedia, piensan que nada de lo que se haga sirve, hasta que no se concrete la salida por la fuerza de Maduro y su camarilla. Otros la cuestionan simplemente porque el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Legítima la asumieron y respaldaron, aceptando el planteamiento de los sectores ciudadanos proponentes.
Se trata de actores más interesados en demoler el liderazgo opositor, para que pueda instaurase el que ellos estiman correcto, que en sacar a Maduro del poder. Y no faltan los que todo les parece mal, hijos de la antipolítica, para quienes toda iniciativa tendrá siempre un rechazo.
El tema ahora se centra en cómo interpretamos el resultado de la pregunta número uno. Cómo hacemos efectiva la instrucción aprobada de ordenar la salida de Maduro del poder.
A mi modo de ver hay dos formas: una por las malas, con la fuerza, dado que él tomó el poder con el uso de la fuerza de la que se vale para adelantar el fraude a la Constitución. Otra, por el camino de la política.
La lucha política es la única alternativa que tenemos los ciudadanos venezolanos. Nuestros partidos democráticos, nuestros gremios, sindicatos, iglesias, ONGs y demás organizaciones de la sociedad civil son agrupaciones de ciudadanos desarmados, que defendemos principios y valores democráticos. No tenemos un aparato militar para desalojar la usurpación.
La lucha política, que incluye la protesta pacífica, la participación y la abstención electoral (según las circunstancias), las gestiones ante la justicia internacional, la denuncia sistemática y la movilización ciudadana, constituye nuestra herramienta fundamental para abrir el boquete por donde se logre el mandato popular de sacar a Maduro del poder, como quedó plasmado en la pregunta número uno.
El tema, entonces, es la estrategia que los demócratas debemos asumir para cumplir ese mandato. Estas estrategias deben basarse en la realidad política y social del país.
Un principio fundamental de la política es el realismo. No se pueden formular planes sobre bases no realistas porque se crean expectativas no posibles, abonando agua al molino de la frustración y la desesperanza.
Plantearnos la salida del poder de Maduro, desde la sociedad democrática, alegando la activación de los artículos 333 y 350 de la Constitución no resulta realista. Es seguir pastoreando las nubes.
El planteamiento de elecciones libres de presidente y asamblea es inobjetablemente democrático. La negativa del régimen a efectuarlas, desoyendo a la comunidad internacional, incrementará su aislamiento. También incrementará su ingobernabilidad.
No podemos, entonces, descartar otras opciones en el plano electoral y político. Conscientes plenamente de la naturaleza fraudulenta que dicho sistema tiene. Participar o no en un proceso es un tema estratégico. Hay elecciones en las que resultaba inútil participar por su naturaleza disolvente, como fueron las de la Asamblea Nacional. Hay otras donde, con unidad, se pude lograr mostrar la fuerza de la sociedad democrática.
Es el caso de la elección presidencial del 2018, así lo dejé sentado en mi artículo “La hora del desprendimiento”, publicada el día 15 de noviembre de 2017. (https://www.elnacional.com/opinion/columnista/hora-del-desprendimiento_211609/). Entonces propuse un candidato de consenso, escogido entre las más destacadas personalidades de nuestra sociedad. Afirmé entonces que era conveniente ir a dicha elección. Solicité a quienes habíamos sido gobernadores, diputados, jefes de partido o candidatos presidenciales, deponer aspiraciones y buscar un segundo Ramón J. Velázquez para mostrar la fuerza de la nación. No fue posible lograr ese cometido.
Hoy hay quienes afirman que no podemos ir a ningún proceso manejado por el Consejo Supremo Electoral de la dictadura. Aceptar esa tesis de entrada, sin examinar otras variables, actuales e históricas, es un error. Habrá procesos en los cuales la circunstancia no permita participar. Habrá otros, en los cuales, por diversas razones tácticas, sería útil asistir. Lo importante es examinar esto sobre la base de la realidad de cada elección o proceso, sin asumir posturas dogmáticas que poco ayudan al encuentro y la unidad.
Por supuesto que esta reflexión es para quienes, desde una postura honesta, hacemos política en el país, o desde el exilio. No incluyo aquí a los agentes de Maduro que se desean mimetizar como dirigentes opositores. Dialogar y examinar todas esas variables es nuestro deber de dirigentes comprometidos con liberar a nuestro pueblo de la tiranía.